Sumisión e incondicionalidad ante vaivenes del poder
Martín Esparza Flores
Este 6 de junio, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) cumple 23 años de intrascendente y costosa existencia al haber entregado su autonomía a los gobiernos en turno, convirtiéndose en un apéndice del poder y obligando a ciudadanos y organizaciones sociales que enfrentan un sinnúmero de atropellos en nuestro país a acudir a organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, ante la que el Sindicato Mexicano de Electricistas presentó, el pasado 24 de mayo, su queja en contra de los abusos del gobierno de Felipe Calderón y de los once ministros de la Corte que pisotearon la Constitución y los derechos humanos y laborales de 44 mil trabajadores tras la extinción de Luz y Fuerza, en octubre del 2009.
Como quedó constancia en México, la CNDH y el ombudsman, Raúl Plascencia Villanueva, rechazaron con todo su inoperante y costoso aparato burocrático reconvenir a los ministros por aniquilar los derechos humanos laborales de los electricistas en resistencia, tras revocar de forma arbitraria el amparo concedido a su favor por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circuito en Materia Laboral, pasando por alto las reformas constitucionales que plasmaron tales derechos en junio del 2011, en el artículo primero de la Ley Fundamental.
A lo largo de los años se ha demostrado no únicamente la inoperancia sino la sumisión e incondicionalidad hacia el poder mostrada por los titulares del organismo creado el 6 de junio de 1990 por Carlos Salinas de Gortari, como parte de los requisitos exigidos para la firma del Tratado de Libre Comercio. De nada valió en los hechos que desde 1999 el Congreso le otorgara a la CNDH autonomía presupuestaria y de gestión. Hoy en día, sus escasas recomendaciones ninguna instancia de gobierno las acata y menos las respeta.
Una vergüenza internacional y un agravio al país fue enterarnos que la CIDH, que tiene honrosamente a un mexicano, Emilio Álvarez Icaza, como su secretario ejecutivo, funciona en Washington con un presupuesto anual 20 veces menor al del monstruoso aparato administrativo del organismo que preside Plascencia Villanueva, y que este año costará al país mil 375 millones 127 mil 220 pesos; es decir, que la CIDH que debe atender las violaciones a los derechos humanos de 37 países del continente apenas opera con unos 69 millones de pesos.
Entrando a las fronteras del sentido común no puede concebirse que la CNDH resulte ser el sistema de defensores —si es que se les puede dar tal calificativo— de derechos humanos más grande y costoso de América Latina y el que menos resultados concretos arroje. Paradójico que la mayor parte de los casos presentados ante la CIDH sean de México, lo que nos remite inevitablemente a preguntarnos qué ha hecho o está haciendo la CNDH por evitar el deterioro de los derechos adquiridos por los trabajadores y la sociedad en general, al punto de que los mexicanos debemos acudir a los organismos internacionales a solicitar que se obligue al gobierno federal a respetar lo establecido en la Convención Americana de los Derechos Humanos.
Es innegable que la función acomodaticia de la CNDH, ante los vaivenes del poder que la ha llevado a aniquilar la cultura de la legalidad en México, convertirá en emblemática la petición presentada por el SME ante la CIDH, cuyo caso puede sentar un precedente en dicho organismo al asumir la defensa de los derechos de los trabajadores, no sólo de México sino de todo el continente, en contra de la ofensiva de los patrones y sus gobiernos cómplices que mediante la imposición de la política neoliberal siguen negándoles justicia y pasando por alto las obligaciones establecidas con claridad en los convenios y tratados internacionales.
