MÉXICO, D.F.(apro).- La mayoría de la población mexicana se opone a la inversión privada en la industria energética, así como a gravar el IVA en alimentos y medicinas, pero está a favor de que se cobren mayores impuestos a quienes tienen más altos ingresos, según una consulta realizada por Alianza Cívica y Consulta Ciudadana.
Los resultados de la Consulta Nacional Ciudadana sobre las Reformas Fiscal y Energética arrojan las siguientes cifras: 80% de los mexicanos expresaron su desacuerdo en que se modifique la Constitución para permitir la inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en México.
En cambio, 91% estuvieron de acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera –cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo– se sigan utilizando en inversión pública: construcción de escuelas, hospitales, desarrollo rural o investigación científica, entre otros rubros de beneficio social.
Respecto de la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, 87% de los participantes expresaron su total rechazo a esta medida porque perjudicaría sobre todo a las clases más desprotegidas.
En tanto, 85% de los ciudadanos dijeron estar de acuerdo, como ya lo establece la Constitución, en que quienes tienen más ingresos paguen mayor porcentaje de impuestos.
A través de un boletín de prensa, Alianza Cívica y Consulta Ciudadana dieron a conocer el día de hoy estos resultados de su consulta, realizada el 25 de agosto y el 1 de septiembre, y para la cual se instalaron 7 mil 359 mesas receptoras.
Ambas organizaciones aclararon que aún no se termina de computar al 100% la consulta nacional. Hasta el momento –precisaron– sólo se ha contabilizado a 600 mil consultados, que sin embargo ya representan una muestra significativa para conocer la opinión de la población sobre la reforma energética y fiscal.
En conferencia de prensa, en la que se dieron a conocer los resultados de la consulta, los organizadores admitieron que las mesas receptoras no se instalaron a tiempo en el Distrito Federal y los estados de Puebla, Baja California, Tamaulipas, México y Querétaro.
En el municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, no hubo mesas receptoras para que la ciudadanía emitiera su opinión, y en la delegación Cuajimalpa, de esta capital, las autoridades pretendieron impedir la instalación de una de ellas en un centro comercial, y lo mismo sucedió en la Macro Plaza de Monterrey, Nuevo León.
Además, el Maratón Internacional de la Ciudad de México provocó que a lo largo de su trayectoria fueran cerradas varias vialidades importantes del DF, lo que motivó la reubicación de algunas mesas receptoras. Ello también ocurrió en varias localidades de Puebla, Jalisco y Zacatecas.
En Huasca de Ocampo, Hidalgo, así como en Aguascalientes, personas que se identificaron como trabajadores de la Secretaría de Gobernación solicitaron a los responsables de las mesas que se identificaran.
En Monterrey, la Fuerza Civil trató de retirar las mesas ubicadas en el Obelisco, la Explanada de los Héroes y la Central Camionera. Para evitar confrontaciones, los responsables reubicaron una mesa en la Fuente de Neptuno.
En el puerto de Acapulco, Guerrero, un grupo de personas agredió a los responsables de la mesa receptora ubicada en la Base Naval de Icacos y robaron sus pertenencias, así como el material de consulta.
En el poblado de Santa Anita Huiloac, en Apizaco, Tlaxcala, la policía presentó a los encargados de la mesa ante el Ministerio Público por “confundirlos” con ambulantes.
