Economía - Jueves, 10 de Octubre de 2013
El gobierno federal ha gastado 4 mil 300 millones de pesos en la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) por concepto de asesoría externa y consultas de índole jurídico, así como asuntos legales relacionados con demandas laborales, asuntos penales, servicios de contabilidad y fiscales, entre otros.
La cantidad que se ha gastado en la asesoría externa equivale, por ejemplo, al presupuesto de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para el ejercicio fiscal 2013, que asciende a alrededor de 4 mil 400 millones de pesos.
Datos del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) obtenidos por El Financiero, a través del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), muestran que hasta el 15 de enero de 2013, el gobierno contrató 20 abogados externos y los servicios del despacho Cavazos Flores S.C.
Para atender juicios laborales, el SAE indica que “se ha erogado la cantidad de $115,029,001.48 a los prestadores de servicios antes señalados para la atención de juicios laborales”.
Luis Miguel Pérez, investigador de la Escuela de Graduados en Administración Pública y Política Pública del Tecnológico de Monterrey, señala que el gasto por asesorías externas significa que la liquidación de LFC ha sido un proceso complejo en el que no se dimensionó el conflicto laboral que derivó, pues a cuatro años de la extinción de la paraestatal, persisten demandas por la reinstalación laboral.
El proceso aún no termina
En ese sentido, Manuel Fuentes, abogado laboral y consejero de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, comenta que el gasto podría ir en aumento toda vez que el proceso de liquidación no está cerrado, pues muchos ex trabajadores que recibieron su indemnización presentaron demandas porque no fueron finiquitados conforme a la antigüedad que tenían.
A la pregunta hecha en la solicitud de información número 0681200038512, sobre el gasto total que se ha erogado tras la liquidación de LFC, el SAE respondió que a fin de atender lo dispuesto por el decreto de extinción del 11 de octubre de 2009 para desincorporar el referido organismo, “se han erogado alrededor de 4 mil 300 millones de pesos”.
Es de mencionar que el monto que se eroga por asesoría externa es independiente al monto que el gobierno destinó a las liquidaciones de los ex trabajadores.
De acuerdo con información de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, en liquidaciones se erogaron alrededor de 15 mil millones de pesos, lo que representó 70 por ciento de los 20 mil millones de pesos que el gobierno del expresidente Felipe Calderón dispuso para las indemnizaciones.
Entre los abogados externos para el proceso de liquidación de la paraestatal, se encuentra Humberto Cavazos Chena, quien además de ser criticado por integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) “por su gusto por la caza de animales exóticos”, ha asesorado al SAE para impugnar los amparos del sindicato.
Eduardo Cuevas Casamitjana, Fernando Villaseñor Romo, Gerardo Deciga Parra y Humberto Jardón Pérez, son algunos de los abogados que fueron contratados por el SAE como asesores legales externos para desahogar consultas de índole jurídico, laboral, penal mercantil, fiscal y de amparo.
Los litigantes suscribieron contratos por honorarios por montos que van de los 3 mil pesos más IVA por hora/hombre y sin excederse de 52 mil pesos más IVA por consulta. En otros casos, los abogados fueron contratados con una forma de pago que es por porcentaje del avance procesal que reporten.
El Financiero
