La política laboral mantenida por los gobiernos neoliberales en los últimos sexenios ha trocado la celebración del Día Internacional del Trabajo en una protesta social masiva, en la que han participado, al lado de la clase obrera, organizaciones sociales, campesinas y el sector democrático del magisterio. Sencillamente ya no existen razones que justifiquen festejo alguno, pues tras la aprobación de la reforma laboral, la Ley Federal del Trabajo (LFT) en nuestro país es letra muerta.
Al
lado de la Nueva Central de Trabajadores, surgida como la más legítima
expresión de lucha del sindicalismo independiente, marcharon diversas
organizaciones que comparten objetivos comunes de lucha, conscientes de
que en México la estabilidad en el empleo, el salario remunerador y la
seguridad social se encuentran seriamente amenazados por los gobiernos,
que de forma cómplice han aceptado la aplicación del modelo neoliberal
que está privilegiando, en todo el mundo, la protección al capitalismo salvaje a través de las multinacionales, empobreciendo a millones de personas.
Desde la llegada de los panistas al
poder, se inició un franco retroceso a los derechos laborales y al nivel
de vida de la clase trabajadora, hasta traducirse, en el gobierno de
Felipe Calderón Hinojosa, y ahora en la actual administración, en una
franca embestida, utilizando mecanismos legales aprobados por sus
secuaces del Congreso de la Unión, como la reforma laboral y la reforma
educativa.
La tragedia ocurrida el 19 de febrero de
2006 al interior de la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, donde
murieron 65 trabajadores, fue el parte aguas que marcó toda una serie de
agresiones hacia miles y miles de trabajadores en todo el país, pues
–como se recordará– la mina forma parte del Grupo México, cuyo
propietario, Germán Larrea, fue uno de los mecenas en la candidatura de
Vicente Fox en 2000, por lo que gozó de privilegios especiales.
Por esa razón, el crimen de industria fue
prácticamente encubierto por el entonces secretario del Trabajo y
Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, cuyos inspectores
nunca sancionaron la falta de seguridad en las instalaciones donde se
registró la tragedia; en contrasentido, el incidente se utilizó como
excusa para iniciar una abierta persecución hacia la persona del líder
minero Napoleón Gómez Urrutia, quien denunció la apatía del consorcio
para mejorar los obsoletos sistemas de seguridad. Los panistas quisieron
pagar la factura a Larrea buscando colocar una dirigencia sindical dócil y acorde con sus intereses.
A la llegada de Calderón, el abyecto
Javier Lozano Alarcón no sólo hizo todo cuanto estuvo a su alcance por
impedir toda investigación en contra del voraz empresario, desoyendo las
recomendaciones y exigencias de justicia de organizaciones mundiales a
favor de las familias de los trabajadores caídos, sino que además
obstaculizó el rescate de sus cuerpos y enfiló sus baterías
contra el líder Gómez Urrutia, quien debió solicitar asilo político en
Canadá para no ser extraditado por los inexistentes delitos de los que
se le ha acusado.
Lozano apoyó a Larrea en el sentido de
que el rescate de los cuerpos era imposible por la profundidad a la que
se encontraban en el momento de la tragedia, es decir, a 120 metros.
Para vergüenza del exfuncionario (hoy senador), el gobierno de Chile y
los empresarios mineros de aquel país, les dieron a él y a Calderón una
muestra de solidaridad y humanismo, cuando luego de una tragedia similar
ocurrida en la mina de San José, provincia de Copiapó, en agosto de
2010, y tras 69 días de arduos trabajos, se logró rescatar con vida a
los 33 mineros atrapados a una profundidad de 720 metros. Grupo México,
con la complicidad de los panistas, dio por terminada la búsqueda en
Pasta de Conchos sólo 5 días después del accidente, es decir, el 24 de
febrero de 2006, como una muestra inobjetable de que lo que menos les
importa a los gobiernos neoliberales es la vida de los trabajadores.
El 5 de junio de 2009, de manera
indirecta, nuevamente la administración panista cometió otro crimen
hacia los trabajadores, cuando en una de las guarderías subrogadas por
el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hermosillo, Sonora, 49
pequeños niños murieron calcinados al interior de la Guardería ABC,
instalada en una vieja bodega que no contaba, como en Pasta de Conchos,
con las normas mínimas de seguridad para su operación. El incendio se
propagó con inaudita rapidez, pues –además de la falta de suficientes
salidas de emergencia– el material usado en las instalaciones era
altamente inflamable.
Muy pronto se supo que entre los dueños
de la Guardería ABC –que vieron a los indefensos hijos de los
trabajadores como un rentable negocio, más que como responsabilidad de
primer orden– se encontraban familiares de los políticos en turno, como
fue el caso de Marcia Matilde Gómez del Campo, prima de la entonces primera dama
Margarita Zavala. El entonces titular del IMSS, Juan Francisco Molinar
Horcasitas, que autorizó los permisos, fue el mismo que 1 año más tarde y
siendo secretario de Comunicaciones y Transportes, operó juntó con el
sátrapa Javier Lozano Alarcón la manipulada quiebra de Mexicana de
Aviación, que dejó en la calle a más de 10 mil trabajadores entre
pilotos, aeromozas y personal de tierra, y entregó a las compañías
extranjeras las rutas de la empresa pionera de la aviación en el país
junto con ganancias anuales superiores a los 9 mil millones de pesos.
Cuatro meses después de la tragedia de
Hermosillo, se consumó el que puede considerarse como uno de los golpes
más arteros al sindicalismo independiente, cuando la política
antilaboral echó mano de las Fuerzas Armadas y policiales del país para
despojar de su fuente de empleo a los 44 mil trabajadores del Sindicato
Mexicano de Electricistas (SME), el 11 de octubre de 2009. Apareció
nuevamente en escena Javier Lozano, el mismo que durante todo el sexenio
calderonista se adjudicó la paternidad de la reforma laboral,
que fuera aprobada en los albores del actual sexenio, también patentado
con el sello neoliberal, y que con la reforma educativa ha violentado
los derechos gremiales de los trabajadores del magisterio.
Desde hace ya varios años, tanto en las
instancias legales y políticas, la Suprema Corte de Justicia de la
Nación y el Congreso de la Unión han negado sistemáticamente la
justicia, tanto a los electricistas del SME como a los extrabajadores de
Mexicana de Aviación, pero también las propias autoridades laborales
han permitido la agresión en contra de los trabajadoras en las minas de
Cananea, Sonora; Sombrerete, Zacatecas; y de Taxco, Guerrero, todas
ellas propiedad de Germán Larrea, que con el cambio de gobierno sigue
arropado en la impunidad.
Por toda esta orquestada red de autorías y
latrocinios en contra de la clase trabajadora es que no hubo mucho que
festejar, pero sí que protestar y exigir el 1 de mayo, pues no puede
aceptarse que al deteriorado nivel de vida de millones de mexicanos se
le abonen calamidades tales como que en nuestro país haya costado más 1
kilo de limones que 1 litro de petróleo y 1 litro de gasolina juntos.
Tampoco puede concebirse que a la
Procuraduría General de la República le preocupe más que la Organización
Internacional de Policía Criminal coloque una “ficha roja” en la figura
del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, al que se sigue culpando ante
el gobierno de Canadá con la sola presentación de recortes de
periódico; y no priorice la detención de Gastón Azcárraga, culpable del
quebranto de Mexicana de Aviación y del nivel de vida de miles de
trabajadores despedidos.
Ante esta serie de violaciones a los
derechos humanos y laborales de la clase obrera, los días 22 y 23 de
febrero pasado, se constituyó la Nueva Central de Trabajadores, que este
1 de mayo participó en una gran movilización nacional, demostrando que
los mexicanos ya se están organizando para revertir la política
antilaboral del Estado y su modelo neoliberal, que insiste en despojar
al país de sus recursos energéticos para entregarlos a empresas
extranjeras. No debemos permitirlo.
*Secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas
Contralínea
