Samuel Durán Perales
Ante la trascendencia nacional del conflicto, es preciso destacar enfáticamente lo siguiente.
El decreto presidencial por medio del cual se extingue Luz y Fuerza del Centro es ineficaz por disposición expresa de la ley de orden e interés público, que regula el caso concreto, y, por tanto, no surte efectos ni consecuencias legales, ni es obedecible u obligatorio.
Lo anterior es así, dado que las dependencias que propusieron al Ejecutivo federal dicho acto administrativo omitieron observar el procedimiento legal idóneo.
Tal omisión significa que el organismo no se encuentra extinto ni en estado de liquidación, sino que prevalece la misma situación que guardaba con anterioridad al decreto mencionado.
Consecuentemente, los trabajadores afectados deben ser restituidos en sus empleos de inmediato y sin necesidad de instancia judicial.
Pensar y obrar en contrario, por parte de las autoridades y el llamado grupo de notables, pretendiendo negociar el tema precedente, implica violentar la legalidad y el orden jurídico.
Contra lo afirmado por la administración pública federal, el citado decreto no responde al principio de legalidad que deben revestir los actos administrativos y, en esa virtud, con independencia de las responsabilidades en que incurrieron los servidores públicos protagonistas, debe restaurarse institucionalmente la operación del centro de trabajo.
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