A las organizaciones sindicales, sociales y políticas,
A la opinión pública nacional e internacional,
Al pueblo mexicano:
No habían pasado 48 horas, después de que Felipe Calderón Hinojosa se había desvivido
en elogios a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y hacia sí mismo, por haber tomado
la decisión de decretar la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), cuando la terca y
necia realidad lo ha puesto nuevamente en su lugar, extensas zonas de la capital y el
Estado de México se encuentran sin energía eléctrica.
Es el caso de los pueblos de Parrés, San Pedro Mártir, San Andrés Totoltepéc, San Miguel
Ajusco y las colonias María Esther Zuno y Tlamille, además de una extensa área de la
calzada de Tlalpan en el sur de la ciudad. La segunda y tercera sección de Lomas Verdes y
Santa Mónica, así como la colonia Benito Juárez, en el Estado de México. Y finalmente, las
colonias: Reforma Iztaccihuatl, Iztacalco, Morelos, Condesa y la Roma de esta ciudad.
La grave alteración de las actividades económicas, sociales y culturales de los habitantes
de nuestra urbe, es más que evidente, amén de la creciente irritación de cada vez más
extensas capas de la población, provocadas por ese grupo de saboteadores de la Industria
Eléctrica Nacionalizada, de la economía de la zona metropolitana y de la estabilidad
ciudadana en la zona central del país, que integran Felipe Calderón Hinojosa, Javier Lozano
Alarcón y Alfredo Elías Ayub.
Los severos daños a la prestación del servicio público de energía eléctrica en la zona
central del país, realizados por Calderón y su grupo, muestran que están incurriendo en el
delito de sabotaje, pues han entorpecido peligrosamente este servicio. En consecuencia,
se les debe aplicar lo que textualmente establece el artículo 140 del Código Penal Federal, que a la letra señala:
“Artículo 140.- Se impondrá pena de dos a veinte años de prisión y multa de mil a cincuenta mil pesos, al que dañe, destruya o ilícitamente entorpezca vías de comunicación, servicios públicos, funciones de las dependencias del Estado, organismos públicos descentralizados, empresas de participación estatal o sus instalaciones; plantas siderúrgicas, eléctricas o de las industrias básicas; centros de producción o distribución de artículos de consumo necesarios de armas, municiones o implementos bélicos, con el fin de trastornar la vida económica del país o afectar su capacidad de defensa.”
Al señor Calderón solo le quedan dos caminos: el primero sería, el retorno inmediato a la Legalidad Constitucional, es decir, dar marcha atrás en su decreto de extinción de LyFC, para permitir el regreso a sus labores de los trabajadores agremiados al SME, y con ello, llevar a cabo los urgentes programas de mantenimiento preventivo y correctivo, mediante los cuales contribuiríamos al abatimiento del tiempo de interrupción al usuario, y la segunda, congruente con la política neoliberal sería emitir dos decretos más, con el objeto de extinguir a Tlaloc y Eolo, dioses de la lluvia y el viento respectivamente.
En todo caso, el titular del ejecutivo federal, tiene la palabra. Desde luego, debe apresurarse antes de que la paciencia popular y ciudadana estalle y lo haga renunciar por ineficiente, ineficaz, por llevar al país al caos económico y a la confrontación social.
Por ello, tenemos que organizar esa irritación social creciente para que juntos vayamos a la huelga política nacional que estallaremos este próximo 16 de marzo a las 12 horas, en todo el país.
Fraternalmente
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
México D.F. a 17 de febrero de 2010
Fernando Amezcua Castillo
