SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. OPERACION SUBESTACIONES en Resistencia - Ni un Renunciado más, Llevamos más de 5 años de resistencia y vamos por la Victoria!
viernes, 30 de abril de 2010
Contrarreforma a la Ley Federal del Trabajo: ataque sin precedentes para la clase trabajadora
En México, la forma en la que los derechos de los trabajadores han sido pisoteados no tiene precedentes y representan uno de los aspectos más importantes de la lucha de clases. Muestra de ello son los tres millones de trabajadores que, de acuerdo a la UNAM, laboran actualmente sin remuneración alguna. Otro ejemplo es el del trabajo precario (es decir, aquellos empleos en los cuales no se tiene ningún derecho laboral más allá del salario, el cual no supera entre uno y dos salarios mínimos) que pasó, en el marco de la crisis económica, de los 2.6 a los 3.8 millones de trabajadores que en esta condición se registraron en México durante el último trimestre del 2009. De hecho, la esencia de la contrarreforma laboral impulsada por el PAN consiste en tratar de someter esta clase de régimen laboral al conjunto de la clase trabajadora.
Millones de trabajadores han sido víctimas de la política antisindical de la derecha mexicana. Los recurrentes ataques a los derechos de los trabajadores van desde violaciones a Contratos Colectivos del Trabajo hasta disolución de grandes gremios sindicales. La crisis económica mundial ha teniendo efectos devastadores para los trabajadores. La supuesta recuperación económica de la que tanto habla el gobierno no es visible por ningún lado y, al contrario, está dejando ver la podredumbre del capitalismo.
Si uno revisa con atención las cifras laborales presentadas por organismos oficiales, como la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS), se puede dar cuenta de que en realidad no hacen otra cosa más que maquillar los datos reales.
El pasado 7 de abril, Javier Lozano Alarcón, de la STPS, presentó un informe en el que se anunciaba la creación de 600 mil empleos durante el gobierno panista. Sin embargo, según las estadísticas de afiliados al IMSS, en diciembre de 2006, al inicio del actual gobierno, estaban inscritos 13 millones 678 mil 492 trabajadores al Seguro Social. Si, como aseguró Lozano Alarcón, en marzo de 2010 el universo fue de 14 millones 170 mil 780 personas, el incremento ha sido de 492 mil 298, es decir, 107 mil 712 menos que los mencionados por el funcionario.[1]
Lo único cierto dentro de todo esto es que el gobierno federal ha estado preparando, desde hace varios años, el terreno para llegar a un proceso de contrarreformas a la Ley Federal del Trabajo (LFT). Es así como, el pasado 18 de marzo, la bancada panista en la Cámara de Diputados, presentó su propuesta de reformas a la LFT vigente. En sus propias palabras, la reforma no hará más que ayudar a los sectores vulnerables, beneficiar a los trabajadores y mejorar la productividad. ¡Pura palabrería!
Aspectos de la reforma
El PAN justificó su propuesta de reforma poniendo como ejemplo que, “según el índice Doing Business del Banco Mundial, de 181 naciones, nuestro país se ubica en el lugar 103 en el índice de dificultad de contratación; en el 116 en el costo por despido y en el lugar 98 en el índice de flexibilidad en los horarios laborales” y, amenazan, “de no impulsar una reforma efectiva se traducirán [los costos] en mayores repercusiones económicas para ésta y las próximas generaciones”.
La esencia de la contrarreforma laboral es la siguiente:
*Establecer nuevas modalidades de contratación individual; esto es, mediante la utilización de las llamadas etapas de capacitación. Los empleadores tendrán derecho, según explica la iniciativa, de integrar a un nuevo trabajador con un periodo de prueba que no excederá los 6 meses y después decidir si se establece contrato con él o no. De entrada, esto permite al patrón deshacerse de un trabajador, pasado ese periodo, bajo el alegato de que no cumple con los requisitos. Esto eximiría a los patrones de pagar seguridad social o de cualquier otro derecho.
*Limitar la generación de salarios vencidos (caídos), lo cual dejaría en el desamparo a aquellos trabajadores que, tras un periodo de lucha, regresa a laborar. La obligación del patrón para pagar los salarios caídos a los trabajadores quedaría en segundo término y en manos de los patrones, los cuales tendrían el criterio para pagar o no.
*Eximir al patrón de la obligación de reinstalar al trabajador con una antigüedad menor a tres años al momento del despido. El énfasis en la capacitación y las nuevas modalidades de contratación individual explican en mucho este punto. Si a un trabajador no se le permite laborar más allá de 1 año es obvio que la antigüedad será inasequible y por tanto los empleadores se librarán de los trabajadores con antigüedad.
*Suprimir el escalafón ciego, referente al derecho del trabajador a ascender en su área de trabajo gracias a la antigüedad creada durante sus años de trabajo. Este elemento permitiría que, por ejemplo, un trabajador que ha laborado durante 20 años para una empresa pueda ser sustituido por alguno que sea afín a los intereses de los patrones. Con ello, además, se eliminaría totalmente el derecho de los trabajadores a heredar sus trabajos a sus hijos.
*Incorporar la multihabilidad del trabajador, es decir, el trabajador estará obligado a desarrollar trabajos que no sean de su área, independientemente de que esté o no estipulado en su contrato. El aspirante a un puesto tendrá que conocer el trabajo que desempeñará en su área pero, además, el trabajo que elaboran el resto de áreas de su empresa.
*Vincular la capacitación y adiestramiento con la productividad. Un aspirante a un puesto de trabajo tendrá que pasar por un periodo de capacitación y adiestramiento que no será remunerado, o podrá serlo pero en menor medida que el salario de un trabajador ya establecido, y durante ese tiempo tendrá que producir para que pueda ser tomado en cuenta.
*Establecer la afiliación obligatoria de los patrones al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. El FONACOT es un organismo público sectorizado en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuyo objetivo es otorgar crédito a los trabajadores para la adquisición de bienes y servicios. Los trabajadores estarán obligados a pertenecer al FONACOT, quieran o no, generando con ello intereses crediticios para las instituciones gubernamentales.
*Incluir el arbitraje obligatorio en los conflictos de huelga, obviamente para procurar los derechos de los empresarios.
*Sumar más requisitos para la tramitación de las demandas de titularidad de Contrato Colectivo del Trabajo. Los sindicatos estarán obligados a tener en sus filas a más de la tercera parte de la plantilla laboral para poder demandar la titularidad del CCT pero, además, tendrán que mantenerla bajo ciertos requisitos o perderán la titularidad.
*Establecer nuevos requisitos para el emplazamiento a huelga, declarar la inexistencia de la huelga si el sindicato no cumple con los requisitos, o negar el trámite a emplazamientos a huelga; todos referentes al hecho de que el Estado, mediante la STPS, podrá inmiscuirse en la vida sindical.
*Respetar los derechos de terceros para la restitución de la posesión de bienes de su propiedad. Por ejemplo, si un sindicato se encuentra en huelga y ésta excede más allá de 6 meses la empresa tendrá el derecho a reclamar sus bienes, dejando en el desamparo a los trabajadores. Esta ha sido una práctica recurrente en muchas huelgas que se han visto derrotadas debido a que los empresarios sacan su maquinaria y la ponen a funcionar en otro lugar. Este elemento no es otro más que la defensa irrestricta de la propiedad privada de los capitalistas.
*Obligar a los sindicatos a difundir información sobre su patrimonio sindical mediante un auditor externo, establecer como obligatorio el voto libre, directo y secreto en procesos de elecciones de la directiva sindical y eliminar el descuento obligatorio de las cuotas sindicales.
*Regular la subcontratación, tercerización y outsourcing mediante el cual los patrones se librarán de toda responsabilidad respecto al trabajador. Este rubro eliminaría, de facto, el derecho de un trabajador a sindicalizarse pues la empresa contratante no tendrá ningún compromiso más allá del pago de salarios. La subcontratación, por ejemplo, ha permitido que grandes empresas, como las multinacionales o algunas instituciones públicas, hagan uso de este elemento para librarse de los Contratos Colectivos del Trabajo y de los sindicatos mismos.
Todos estos elementos no son otra cosa más que un intento por regresar a épocas del porfiriato y mantener a los sindicatos sumergidos en terminología jurídica con el afán de cuidar, por sobre todas las cosas, los intereses de los patrones.
La juventud
Uno de los objetivos, nos explican, es “romper el círculo vicioso en torno a que las personas no tienen empleo porque no están capacitadas y no tienen capacitación porque no cuentan con empleo. De 2001 a 2009, 27,270 jóvenes (14 a 24 años), en promedio, perdieron su empleo o suspendieron la búsqueda de alguno, pasando a la inactividad. De acuerdo con las cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, en el 2009 había 764,827 jóvenes y 4, 847,860 mujeres en el sector informal”.[3]
En ese sentido, la reforma establece medidas para que los empleadores, con ayuda de la Secretaría de Educación Pública, tengan acceso a jóvenes que cumplan con un régimen de certificación laboral…conforme al cual sea posible acreditar conocimientos, habilidades o destrezas, que requiere un individuo para la ejecución de una actividad productiva, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridos.[4]
Bajo esta lógica, la juventud no es más que carne de explotación para la burguesía. Para ellos, los jóvenes no son otra cosa más que futuros trabajadores a los cuales explotar y, además, forman parte importante del ejército de reserva de la burguesía.
No existe ningún intento serio por asegurar a la juventud un puesto de trabajo digno al terminar los estudios. Incluso las mismas cifras del gobierno de Calderón echan de cabeza todas sus iniciativas. Tan sólo en 2009 cerca del 45% de los egresados de la UNAM no encontraron empleo en áreas relacionadas con su formación profesional.
Las mujeres
La iniciativa pretende mostrar las supuestas bondades de la contrarreforma mediante el hecho de establecer que las trabajadoras tendrán derecho a periodos de lactancia según lo establezcan ellas antes y después del embarazo; sin embargo ¡¡¡esto estará supeditado al hecho de que el patrón esté de acuerdo y dependiendo del trabajo que realicen!!!
Después de recitarnos en varias hojas que las mujeres no pueden ser discriminadas bajo ninguna circunstancia, los diputados panistas muestran su buena voluntad y explican: el teletrabajo constituye una mejor posibilidad ocupacional para ciertos sectores de la población, en especial el de las mujeres, que les permite compaginar su trabajo con sus responsabilidades familiares.[5]
Tan sólo, por mencionar algunas cifras y demostrar la hipocresía del régimen, en México, en el tercer trimestre de 2009, las mujeres registraron un 6.13 por ciento de desempleo frente a los 5.7 puntos del sector masculino.
Un auténtico ultraje hacia los trabajadores
La iniciativa que pretende la modificación de 418 artículos de la LFT, insiste en dos elementos fundamentales: la competitividad y la productividad.
La LFT vigente fue establecida después de grandes procesos de lucha de la clase trabajadora por la conformación de los sindicatos y con ello de conquistas históricas en defensa de los derechos laborales.
Ninguno de los logros obtenidos por la clase trabajadora ha sido regalado. Incluso lo plasmado en el artículo 123 constitucional, referente a los derechos de los trabajadores, fue ganado por los trabajadores ante el temor de la burguesía por perder todos sus privilegios.
Fue la fuerza y la sangre de los trabajadores lo que obligó a la burguesía a redactar el Artículo 123. Esta fuerza y esta sangre se vieron muy concretas en las movilizaciones de 1916 con la huelga general y contra la pena de muerte impuesta para reprimir a los trabajadores que participaban en las manifestaciones.
El 28 de agosto de 1931 todas las leyes laborales de México quedaron restringidas a una Ley Federal, la LFT. Desde 1924, Álvaro Obregón había auspiciado un código laboral federal con el propósito de que el congreso pudiera legislar sobre los trabajadores, cuestión que se logró hasta 1929 con la modificación de la Constitución.
El ambiente mundial que se registraba en aquel momento era de convulsión. Después de que Estados Unidos entró en una crisis brutal y alcanzó la depresión más grande de su historia, la crisis se extendió país tras país, incluido México donde el desempleo y la miseria crecieron de manera brutal. El gobierno se veía obligado a tomar medidas para mantener a los trabajadores tranquilos y al mismo tiempo mantener una política de austeridad.
La primera parte del siglo XX en nuestro país se tradujo en la conformación de diversas centrales obreras cuyo objetivo fue, inicialmente, luchar por la defensa de los intereses de los trabajadores, sin embargo, ese hecho duró poco pues la estructura gobernante se encargó de copar a estas centrales obreras para mantener una política de control sobre los trabajadores.
Tanto la CTM como la CROM y la CROC fueron grandes filiales de los trabajadores que se mantuvieron siempre dentro de la estructuras del Estado, hasta la fecha.
El llamado corporativismo veló desde entonces porque los empresarios tuvieran en sus manos a los trabajadores. Los sindicatos corporativos, pro-patronales, blancos o charros, como se les suele llamar, aglutinaron durante décadas a una significativa parte del sector productivo de nuestro país, siendo el sector industrial el más importante.
A pesar de lo anterior, amplias capas de los trabajadores no se encuentran organizadas o no pertenecen a ninguna organización gremial. Haciendo un análisis de la maraña de cifras que publica la STPS, el porcentaje de trabajadores que se encuentra sindicalizado no alcanza más del 4% de la Población Económicamente Activa (PEA). Este porcentaje equivale a un aproximado de 5 millones de trabajadores, distribuidos en las organizaciones pertenecientes al Congreso del Trabajo y las organizaciones independientes.
De ello podemos concluir que sistemáticamente el sindicalismo en México está siendo destruido. Para el año 2007 la cifra de trabajadores que estuvieron involucrados en algún tipo de revisión contractual o salarial alcanzó los 2 millones 811,094 trabajadores, lo que contrasta con los 2 millones 924,640 de agremiados que se registraron en el año 2000.
No obstante dichas cantidades, es necesario hacer algunas acotaciones. La primera está relacionada con la PEA y sus limitaciones como parámetro para medir la sindicalización pues en dicho rubro, de acuerdo al CONAPO, son consideradas todas las personas de 12 años y más que realizan algún tipo de actividad económica, es decir, activos, o que formaban parte de la población desocupada abierta, entendidos estos por todos aquellos que buscan empleo pero sin lograr resultados favorables. Como podremos darnos cuenta la PEA es un enorme mosaico integrado por diferentes sectores de la población, incluidos los desempleados. El único elemento afín entre todos ellos es solamente el de estar en edad de trabajar.
De acuerdo a la proyección del CONAPO, la PEA actual es de 47.7 millones de personas, de las cuales, según la CEPAL, . 15 millones se encuentran en el subempleo. Esto por sí mismo ya hace necesario la eliminación de este enorme segmento de la PEA como un referente, junto al resto que la integran, para medir la sindicalización en México. Lo mismo se debe aplicar para los millones de adolescentes y jóvenes que no laboran porque estudian.
Sobre la cantidad de trabajadores que participaron o se vieron involucrados en alguna negociación contractual o salarial, también existen limitaciones para medir el grado de sindicalización pues esta clase de negociones, por disposición del apartado B de la LFT, simplemente están negadas para millones de trabajadores al servicio del Estado, que están sindicalizados pero que no pueden firmar contratos colectivos.
Hacemos esas acotaciones porque si bien en necesario reconocer que ha caído la tasa de sindicalización, también es importante tener cuidado y no reproducir inconscientemente la propaganda burguesa que se basa en mediciones como las de la STPS, cuyo parámetro es la PEA en abstracto para tratar de transmitir el mensaje de que el sindicalismo está en bancarrota total y que los trabajadores no quieren saber nada de los sindicatos. Si a la luz de recortar esos 15 millones de subempleados de la PEA hacemos un nuevo balance, podremos ver cómo ese 4% de sindicalización del que habla la STPS se eleva hasta aproximadamente 15 puntos porcentuales, tasa que desde luego sigue siendo muy baja y que habla de la tendencia hacia la baja de la sindicalización, pero que al mismo tiempo está lejos de ser la catástrofe que el gobierno pretende hacernos creer a los trabajadores.
Aunque no existe una cifra clara acerca del nivel de sindicalización en nuestro país lo que sí podemos decir es que miles de trabajadores han salido en desbandada de diversos sindicatos, muchos de ellos producto de los despidos masivos. Sólo por poner un ejemplo, el Congreso del Trabajo, que en 1997 tenía casi 2 millones de afiliados, tuvo una caída drástica en 2000, cuando reportó un millón 250 mil. Sin embargo, la cifra ha seguido en descenso y para 2007 su nivel de sindicalización se ubicó en 950 mil, casi la mitad que hace una década. [6]
Es importante hacer una acotación a este respecto. No es lo mismo las bases de un sindicato que la dirigencia de los sindicatos. Cuando hablamos de las grandes centrales obreras como la CROM, la CROC, CTM y demás, nos referimos a la política antisindical llevada adelante por los dirigentes de estas centrales. Los dirigentes vitalicios, que por años han estado al frente de estos gremios, han sido aliados fieles al priísmo que, durante muchos años, y aún en la actualidad, aplicaron la política de ataques a los trabajadores.
En este sentido, las modificaciones presentadas por el PAN no solamente atentan en contra del sindicalismo y los trabajadores que pertenecen a alguna organización sindical, sino que deja a su suerte a la mayoría de los trabajadores de nuestro país. El PAN es muy hábil al intentar echar la culpa de todo a los trabajadores sindicalizados.
Para ellos la aplicación de métodos para explotar aún más a los trabajadores es lo que hoy llaman "Nueva Cultura Laboral" o "Nueva Reforma Laboral".
Las primeras reacciones
A más de un mes de presentada la iniciativa las reacciones han sido diversas y variadas. La iniciativa es considerada por abogados laboristas y dirigentes sindicales como el “pliego petitorio” de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex)…” y “ya fue rechazada por legisladores priístas y perredistas obreros, así como por dirigentes sindicales de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y del Congreso del Trabajo (CT)”.[7]
La propuesta de Lozano es peor que la presentada por Abascal en su momento. Con la reforma panista la totalidad de los contratos colectivos “serán de protección, ya que ahí opera la regla de oro: el patrón escoge al sindicato”, asevera el abogado Alcalde Justiniano en entrevista para Proceso.
Para Napoleón Gómez Urrutia, líder de los mineros, la contrarreforma panista “no es laboral sino esclavista y aprobar algo así sería un grave retroceso histórico”. Desde su autoexilio en Canadá, el dirigente puntualiza: “Este gobierno tiene la vista puesta en el pasado, en el régimen de Porfirio Díaz; pretende un imposible retorno a tiempos de opresión laboral para siempre superados…”
Qué reforma necesitamos los trabajadores
Desde su ascenso al poder en 2000 la derecha panista, en complicidad con el PRI, ha impulsado sendas modificaciones a las leyes que rigen los derechos laborales. Todas en perjuicio de los trabajadores.
Es por ello que este 1º de mayo los trabajadores debemos salir con la cabeza en alto y bajo una sola consigna, la unidad de todas las luchas en defensa de los derechos de los trabajadores. Los trabajadores debemos levantar un programa de reivindicaciones acorde con nuestras necesidades. Ante ello, desde las páginas de Militante proponemos luchar por:
•Un aumento salarial de emergencia del 100% y un salario mínimo de 9 mil pesos.
•¡Ni un solo despido más! Jornada laboral de 30 horas sin reducción salarial.
•Derechos sindicales y laborales para los trabajadores eventuales.
•Obtención de la base a los 15 días de trabajo.
•No a la tercerización.
•Escala móvil automática de precios-salarios.
•Contra la corrupción, amiguismo y persecución sindical.
•Por la democracia sindical, puestos revocables y salario medio de un obrero calificado a dirigentes.
•Seguridad social y transporte gratuito a todos los desempleados.
•Por un subsidio de desempleo.
•Dos aguinaldos de 40 días por año.
•Vacaciones pagadas 30 días.
•Defensa intransigente de los contratos colectivos.
•Contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro y en defensa del SME.
•¡Respeto incondicional al derecho a huelga! Apoyo total a los mineros, a los trabajadores de Olympia y demás trabajadores en huelga.
•Por el derrocamiento de Calderón y su remplazo por una gobierno de los trabajadores.
•Expropiación de los monopolios, trasnacionales, bancos, latifundios y fincas infrautilizadas colocándolos bajo control obrero.
Un programa de esa naturaleza, en el que además se integren demandas como la de la nacionalización de los latifundios y la industrialización del campo, por ejemplo, crearía una base sólida para unificar al movimiento obrero y marchar contra sus opresores. Los sindicatos, el PRD y los demás partidos y organizaciones de izquierda deben adoptar una plataforma reivindicativa de esa naturaleza y empujar con fuerza la unidad de acción. ¡Ni una lucha aislada más! Bajo este programa de lucha, acompañado de la unidad entre todas las organizaciones de los desposeídos e impulsando una verdadera huelga nacional que tenga como objetivo paralizar la producción, las comunicaciones, el transporte, el sistema bancario, etcétera, podremos ver como se desmorona, ladrillo a ladrillo, la contrarreforma laboral que pretenden imponer Calderón y la burguesía.
Calderón representa un gobierno débil y dividido que puede ser derrotado, para lograrlo pugnemos por una política sindical consecuente en la que no se tenga la más mínima consideración para la burguesía, su gobierno y sus partidos, el PAN y el PRI. Compañero trabajador únete a Militante y lucha por un programa socialista para el movimiento obrero.
fuente : http://www.militante.org/contrareforma-lft-ataque-a-clase-trabajadora
Entregan oro y plata de México a trasnacionales
25 Abril 2010
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarrollar más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos” entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF
La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.
En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido en virtud del mismo.”
24 mil concesiones en 10 años
Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia. Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro (tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.
Auditoría reprobada
Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería
La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.
Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa canadiense explote mineral en su territorio”.
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera, Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio, ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”.
seguir leyendo.....
http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-plata-de-mexico-a-trasnacionales
La contrarreforma laboral
Autor: Marcos Chávez
Sección: Opinión
25 Abril 2010
Ante individuos como Felipe Calderón y Javier Lozano, que brutalmente llevan hasta sus últimas consecuencias la instrumentación del proyecto neoliberal de nación, antisocial por definición, que sólo beneficia a los empresarios, sobre todo a la oligarquía, que desde el gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han declarado la guerra de clases a la mayoría y en ella emplean todos los aparatos del Estado, ¿realmente alguien puede creer que su propuesta de “reforma” laboral será bondadosa con los trabajadores?; ¿que contribuirá a mejorar simultáneamente la productividad con su bienestar y la dignificación del mercado laboral, por medio de la restauración de sus derechos consagrados –en letra y espíritu, por el artículo 123 constitucional, aunque acotados por la Ley Federal del Trabajo, unos y otros destruidos por los empresarios con la complicidad de los gobiernos priistas y panistas– a la creación de los empleos anualmente requeridos, estables, permanentes y con sus prestaciones sociales, el respeto de sus organizaciones, la recuperación de los salarios reales, y que las autoridades, en particular las laborales, encabezadas por Lozano, ahora sí cumplirán con su responsabilidad de velar por el respeto de las leyes, para garantizar la armoniosa hermandad entre los enemigos sistémicos cuya lucha es a muerte, el trabajo asalariado y el capital, sustituida bajo el neoliberalismo por la salvaje cooperación entre hienas y corderos?
Marcos Chávez M / Segunda y última parte
Desde luego hay personas convencidas de que la “flexibilidad” laboral empresarial-calderonista-lozanista, que aspira legalizar la ilegal conversión de los asalariados en esclavos, en simples bestias de trabajo, cumplirá cabalmente con esos objetivos. Entre sus fieles creyentes, pueden citarse a Armando Paredes, del Consejo Coordinador Empresarial; Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y los pavlovianos ideólogos de la extrema derecha como Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar, Jorge Castañeda o Jesús Silva-Herzog Márquez. En los dos primeros casos es natural que lo crean, porque su clase social será la única beneficiaria de su “reforma” que impulsan a través de sus gerentes como si fuera una razón de Estado. Los otros simplemente la apoyan por inercia clasista y porque desde hace tiempo sustituyeron sus efluvios cerebrales por sus corrosivos jugos biliares. Pero ninguno de ellos ofrece argumentos serios para demostrar que el “libre mercado” laboral desatará el impetuoso animal creativo de los capitalistas, así como el “círculo virtuoso” de la mayor competitividad, más inversiones y ganancias y, al mismo tiempo, más empleos e ingresos y mejores niveles de vida de los empleados. No señalan alguna experiencia internacional donde se hayan cumplido tan exquisitas promesas.
Lo único claro es que la “flexibilidad” laboral sólo ha nutrido más el insaciable apetito animal por los dividendos de los grandes empresarios. En Chile, el puño de hierro y criminal de Augusto Pinochet y la “flexibilidad” aumentaron la rentabilidad, la acumulación, la concentración y centralización del capital en manos de la oligarquía. Un déspota de esa calaña no necesitó del consenso de los trabajadores ni de la legitimidad social, ni requirió ponerle los demás adornos a su legislación laboral para tratar de convencerlos.
Según el economista chileno Rafael Agacino, el crecimiento durante la dictadura fue mediocre. La competitividad y las ganancias mejoraron porque los salarios reales pagados se desplomaron dramáticamente y la eliminación o la reducción de las prestaciones sociales abarataron los costos laborales de las empresas. La desprotección jurídica ensanchó el número de trabajadores temporales y adelgazó los permanentes. La subcontratación floreció como nunca. El desmantelamiento de los sindicatos y su control militar-empresarial de los que sobrevivieron redujeron la capacidad organizativa de los ocupados para defender sus derechos. El alto desempleo y subempleo reforzaron parcialmente y fugazmente la docilidad de los asalariados. La concentración de la riqueza, la precarización del mercado de trabajo y el aumento de la miseria fueron el corolario exitoso de la “flexibilidad” laboral chilena, al igual que en los demás países que aplicaron ese modelo.
Es innegable que el mercado laboral se encuentra en una situación deplorable, como afirman Calderón y su clon Lozano: durante el neoliberalismo (1983-2010), la economía sólo ha generado la mitad de los empleos formales requeridos (alrededor de 15 millones de 33 millones), los cuales, en su mayor parte, por la vía de los hechos, ya son víctimas de la “flexibilización. Los salarios pagados son los peores del mundo, lo que explica la debilidad del consumo local y el estancamiento del mercado interno, la creciente pobreza y miseria de los trabajadores. Los empresarios privilegian la creación de plazas temporales sobre las permanentes, la subcontratación y los honorarios, imponen jornadas arbitrarias y recortan salarios cuando consideran necesario. La mitad de los ocupados carece de contrato y de prestaciones sociales (aguinaldo, vacaciones pagadas). La seguridad y la capacitación laboral están por los suelos. Servicios como los médicos, guarderías o vivienda están parcialmente privatizados como parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público y equilibrar las finanzas estatales, sin importar el costo: su pésima calidad (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salud) ni las tropelías empresariales. Recuérdese los niños muertos en las guarderías. Por cada dos ocupados existe un desempleado, subempleado, informal, migrante y alguien que dejó de buscar un trabajo. El Seguro Popular es una estructura inútil, fraudulenta, políticamente manipuladora, derrochadora de recursos, ineficiente, de mala calidad y deplorable diseño, carente de medicamentos y equipos especializados, con clínicas y hospitales deteriorados y personal insuficiente (El Universal, 12 y13 de abril de 2010).
La mayoría de los contratos laborales es de protección, controlado por los sindicatos patronales y los corporativos subordinados al Estado (maestros, petroleros, electricistas, etcétera) que manejan a los organismo como su coto de caza y se imponen despóticamente a los trabajadores (uso de la cláusula de exclusión, cuotas, patrimonio, subsidio públicos), sin hacerle gestos a la represión y el asesinato, con la complacencia oficial, que los premia, los protege y torera su corrupción porque facilitan el control de los asalariados y la imposición de sus políticas antisociales. En cambio, a los indóciles se les aplica el músculo torcido de la ley, el desprestigio, la persecución, el aniquilamiento. Como secretario del Trabajo, Lozano, con la bendición de Calderón, se ha comportado como el Atila de los trabajadores.
La construcción de la vivienda perdió su sentido social: fue entregada a la voracidad de las constructoras privadas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el derecho de quitárselas cuando los trabajadores no puedan pagarlas y venderlas a precios de regalo a otros depredadores, como los hijos de Marta Sahagún. La privatización de los fondos de pensión no fue pensada para resolver el problema de las jubilaciones, sino para que el Estado se desembarazara de esa responsabilidad constitucional y la cediera a la codicia de las aseguradoras privadas, propiedad de los grupos financieros, que cobran comisiones usureras, mientras que los ahorros de los trabajadores sufren pérdidas, jocosamente llamadas “minusvalías” ante los “caprichos” de los especuladores. Al menos dos terceras partes de los viejos no reciben una pensión, salvo la pagada por el gobierno capitalino. El futuro de los que aportan a los fondos es oscuro, debido a sus bajos ahorros que acumularán, los decrecientes rendimientos en el largo plazo, los quebrantos registrados durante las crisis, la pérdida de sus empleos, los retiros de recursos ocasionados por el desempleo y la reducción de las aportaciones empresariales. Al menos la mitad de las cuentas quedará inactiva, por lo que esos trabajadores nunca recibirán una pensión. Y los que lo logren apenas recibirán un ingreso similar a un salario mínimo. Más años de trabajo para percibir un ingreso que los condenará a la miseria el resto de sus días. Las ganancias de los grupos financieros serán fabulosas.
Calderón, Lozano y los empresarios evaden explicar las causas de la degradación del mercado laboral y de los trabajadores porque ellos son corresponsables. El estancamiento económico y la baja creación de empleos formales se deben a las políticas de estabilización que privilegian la reducción de la inflación y castigan el crecimiento (la contención del consumo y la inversión con los altos réditos, el control salarial, el menor gasto público, la sobrevaluación cambiaria); a las reformas estructurales neoliberales (la apertura externa indiscriminada, la reprivatización del sistema financiero, agropecuario y sectores estratégicos); a la atracción del capital foráneo con la oferta de bajos salarios y escasas o nulas prestaciones; al retiro del Estado de la economía, su desmantelamiento, el abandono de sus compromisos sociales; a los empresarios, que con la complicidad del gobierno, violentan las leyes laborales y esquilman a los trabajadores.
Los gobiernos neoliberales son los principales transgresores de la institucionalidad, el condensado de las relaciones sociales. Con trato dado a los trabajadores como a los electricistas y a millones de usuarios y la entrega del servicio a las empresas privadas, Calderón y Lozano, aprendices de Pinochet, actúan peor que Joaquín Guzmán o Ismael Zambada. Estos últimos saben que su carrera delictiva eventualmente puede costarles la vida o terminar sus días en la cárcel. Pero aquéllos, como abogados y desde el Ejecutivo, pisotean impunemente el estado de derecho que se comprometieron a respetar.
La catástrofe laboral no es para los empresarios, porque ellos se han beneficiado de esa situación, sino para los asalariados. Se convirtieron en esclavos e indocumentados en su propio país, como sucede con los ilegales en Estados Unidos o como los centroamericanos en México.
Sólo hay dos maneras de recuperar la dignidad laboral. Una es restableciendo las leyes existentes, obligando a los empresarios a cumplirla, además de despedir y enjuiciar a Lozano por sus atropellos. Otra es creando un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad, autonomía y democracia sindical según la voluntad de sus miembros, que determinarían el uso de sus cuotas y patrimonios, y no los dirigentes corporativos y patronales ni las autoridades; la contratación colectiva; el pago de salarios y prestaciones dignas; el respeto a las jornadas laborales; la generación de empleos formales estables; la firma de acuerdos equitativos entre trabajadores y empresarios para negociar la productividad, el reparto de los beneficios y los términos del proceso de trabajo; la capacitación; la creación de seguros contra el desempleo; la protección social y procesal; la eliminación de la cláusula de exclusión y los apartados de excepción; la aplicación de la ley, con tribunales que resuelvan rápida e imparcialmente los conflictos laborales, individuales y colectivos; la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje que favorecen a los patrones y son usadas por el gobierno como instrumentos de control político; la creación de la seguridad social universal; la reestatización de los fondos de pensión.
La contrarreforma calderonista no pretende nada de lo anterior, sólo pretende legalizar la “flexibilidad” productivista pro empresarial ya existente y acabar de destruir las conquistas laborales que aún benefician a los trabajadores. Quiere regresarnos a la edad de piedra del salvaje capitalismo.
A los trabajadores les espera una cruenta lucha y tendrán que defender sus intereses por todos los medios a su alcance.
fuente : http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/la-contrarreforma-laboral/
Sección: Opinión
25 Abril 2010
Ante individuos como Felipe Calderón y Javier Lozano, que brutalmente llevan hasta sus últimas consecuencias la instrumentación del proyecto neoliberal de nación, antisocial por definición, que sólo beneficia a los empresarios, sobre todo a la oligarquía, que desde el gobierno, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, han declarado la guerra de clases a la mayoría y en ella emplean todos los aparatos del Estado, ¿realmente alguien puede creer que su propuesta de “reforma” laboral será bondadosa con los trabajadores?; ¿que contribuirá a mejorar simultáneamente la productividad con su bienestar y la dignificación del mercado laboral, por medio de la restauración de sus derechos consagrados –en letra y espíritu, por el artículo 123 constitucional, aunque acotados por la Ley Federal del Trabajo, unos y otros destruidos por los empresarios con la complicidad de los gobiernos priistas y panistas– a la creación de los empleos anualmente requeridos, estables, permanentes y con sus prestaciones sociales, el respeto de sus organizaciones, la recuperación de los salarios reales, y que las autoridades, en particular las laborales, encabezadas por Lozano, ahora sí cumplirán con su responsabilidad de velar por el respeto de las leyes, para garantizar la armoniosa hermandad entre los enemigos sistémicos cuya lucha es a muerte, el trabajo asalariado y el capital, sustituida bajo el neoliberalismo por la salvaje cooperación entre hienas y corderos?
Marcos Chávez M / Segunda y última parte
Desde luego hay personas convencidas de que la “flexibilidad” laboral empresarial-calderonista-lozanista, que aspira legalizar la ilegal conversión de los asalariados en esclavos, en simples bestias de trabajo, cumplirá cabalmente con esos objetivos. Entre sus fieles creyentes, pueden citarse a Armando Paredes, del Consejo Coordinador Empresarial; Gerardo Gutiérrez, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, y los pavlovianos ideólogos de la extrema derecha como Federico Reyes Heroles, Héctor Aguilar, Jorge Castañeda o Jesús Silva-Herzog Márquez. En los dos primeros casos es natural que lo crean, porque su clase social será la única beneficiaria de su “reforma” que impulsan a través de sus gerentes como si fuera una razón de Estado. Los otros simplemente la apoyan por inercia clasista y porque desde hace tiempo sustituyeron sus efluvios cerebrales por sus corrosivos jugos biliares. Pero ninguno de ellos ofrece argumentos serios para demostrar que el “libre mercado” laboral desatará el impetuoso animal creativo de los capitalistas, así como el “círculo virtuoso” de la mayor competitividad, más inversiones y ganancias y, al mismo tiempo, más empleos e ingresos y mejores niveles de vida de los empleados. No señalan alguna experiencia internacional donde se hayan cumplido tan exquisitas promesas.
Lo único claro es que la “flexibilidad” laboral sólo ha nutrido más el insaciable apetito animal por los dividendos de los grandes empresarios. En Chile, el puño de hierro y criminal de Augusto Pinochet y la “flexibilidad” aumentaron la rentabilidad, la acumulación, la concentración y centralización del capital en manos de la oligarquía. Un déspota de esa calaña no necesitó del consenso de los trabajadores ni de la legitimidad social, ni requirió ponerle los demás adornos a su legislación laboral para tratar de convencerlos.
Según el economista chileno Rafael Agacino, el crecimiento durante la dictadura fue mediocre. La competitividad y las ganancias mejoraron porque los salarios reales pagados se desplomaron dramáticamente y la eliminación o la reducción de las prestaciones sociales abarataron los costos laborales de las empresas. La desprotección jurídica ensanchó el número de trabajadores temporales y adelgazó los permanentes. La subcontratación floreció como nunca. El desmantelamiento de los sindicatos y su control militar-empresarial de los que sobrevivieron redujeron la capacidad organizativa de los ocupados para defender sus derechos. El alto desempleo y subempleo reforzaron parcialmente y fugazmente la docilidad de los asalariados. La concentración de la riqueza, la precarización del mercado de trabajo y el aumento de la miseria fueron el corolario exitoso de la “flexibilidad” laboral chilena, al igual que en los demás países que aplicaron ese modelo.
Es innegable que el mercado laboral se encuentra en una situación deplorable, como afirman Calderón y su clon Lozano: durante el neoliberalismo (1983-2010), la economía sólo ha generado la mitad de los empleos formales requeridos (alrededor de 15 millones de 33 millones), los cuales, en su mayor parte, por la vía de los hechos, ya son víctimas de la “flexibilización. Los salarios pagados son los peores del mundo, lo que explica la debilidad del consumo local y el estancamiento del mercado interno, la creciente pobreza y miseria de los trabajadores. Los empresarios privilegian la creación de plazas temporales sobre las permanentes, la subcontratación y los honorarios, imponen jornadas arbitrarias y recortan salarios cuando consideran necesario. La mitad de los ocupados carece de contrato y de prestaciones sociales (aguinaldo, vacaciones pagadas). La seguridad y la capacitación laboral están por los suelos. Servicios como los médicos, guarderías o vivienda están parcialmente privatizados como parte de la estrategia oficial para reducir el gasto público y equilibrar las finanzas estatales, sin importar el costo: su pésima calidad (Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Secretaría de Salud) ni las tropelías empresariales. Recuérdese los niños muertos en las guarderías. Por cada dos ocupados existe un desempleado, subempleado, informal, migrante y alguien que dejó de buscar un trabajo. El Seguro Popular es una estructura inútil, fraudulenta, políticamente manipuladora, derrochadora de recursos, ineficiente, de mala calidad y deplorable diseño, carente de medicamentos y equipos especializados, con clínicas y hospitales deteriorados y personal insuficiente (El Universal, 12 y13 de abril de 2010).
La mayoría de los contratos laborales es de protección, controlado por los sindicatos patronales y los corporativos subordinados al Estado (maestros, petroleros, electricistas, etcétera) que manejan a los organismo como su coto de caza y se imponen despóticamente a los trabajadores (uso de la cláusula de exclusión, cuotas, patrimonio, subsidio públicos), sin hacerle gestos a la represión y el asesinato, con la complacencia oficial, que los premia, los protege y torera su corrupción porque facilitan el control de los asalariados y la imposición de sus políticas antisociales. En cambio, a los indóciles se les aplica el músculo torcido de la ley, el desprestigio, la persecución, el aniquilamiento. Como secretario del Trabajo, Lozano, con la bendición de Calderón, se ha comportado como el Atila de los trabajadores.
La construcción de la vivienda perdió su sentido social: fue entregada a la voracidad de las constructoras privadas y la Suprema Corte de Justicia de la Nación legalizó el derecho de quitárselas cuando los trabajadores no puedan pagarlas y venderlas a precios de regalo a otros depredadores, como los hijos de Marta Sahagún. La privatización de los fondos de pensión no fue pensada para resolver el problema de las jubilaciones, sino para que el Estado se desembarazara de esa responsabilidad constitucional y la cediera a la codicia de las aseguradoras privadas, propiedad de los grupos financieros, que cobran comisiones usureras, mientras que los ahorros de los trabajadores sufren pérdidas, jocosamente llamadas “minusvalías” ante los “caprichos” de los especuladores. Al menos dos terceras partes de los viejos no reciben una pensión, salvo la pagada por el gobierno capitalino. El futuro de los que aportan a los fondos es oscuro, debido a sus bajos ahorros que acumularán, los decrecientes rendimientos en el largo plazo, los quebrantos registrados durante las crisis, la pérdida de sus empleos, los retiros de recursos ocasionados por el desempleo y la reducción de las aportaciones empresariales. Al menos la mitad de las cuentas quedará inactiva, por lo que esos trabajadores nunca recibirán una pensión. Y los que lo logren apenas recibirán un ingreso similar a un salario mínimo. Más años de trabajo para percibir un ingreso que los condenará a la miseria el resto de sus días. Las ganancias de los grupos financieros serán fabulosas.
Calderón, Lozano y los empresarios evaden explicar las causas de la degradación del mercado laboral y de los trabajadores porque ellos son corresponsables. El estancamiento económico y la baja creación de empleos formales se deben a las políticas de estabilización que privilegian la reducción de la inflación y castigan el crecimiento (la contención del consumo y la inversión con los altos réditos, el control salarial, el menor gasto público, la sobrevaluación cambiaria); a las reformas estructurales neoliberales (la apertura externa indiscriminada, la reprivatización del sistema financiero, agropecuario y sectores estratégicos); a la atracción del capital foráneo con la oferta de bajos salarios y escasas o nulas prestaciones; al retiro del Estado de la economía, su desmantelamiento, el abandono de sus compromisos sociales; a los empresarios, que con la complicidad del gobierno, violentan las leyes laborales y esquilman a los trabajadores.
Los gobiernos neoliberales son los principales transgresores de la institucionalidad, el condensado de las relaciones sociales. Con trato dado a los trabajadores como a los electricistas y a millones de usuarios y la entrega del servicio a las empresas privadas, Calderón y Lozano, aprendices de Pinochet, actúan peor que Joaquín Guzmán o Ismael Zambada. Estos últimos saben que su carrera delictiva eventualmente puede costarles la vida o terminar sus días en la cárcel. Pero aquéllos, como abogados y desde el Ejecutivo, pisotean impunemente el estado de derecho que se comprometieron a respetar.
La catástrofe laboral no es para los empresarios, porque ellos se han beneficiado de esa situación, sino para los asalariados. Se convirtieron en esclavos e indocumentados en su propio país, como sucede con los ilegales en Estados Unidos o como los centroamericanos en México.
Sólo hay dos maneras de recuperar la dignidad laboral. Una es restableciendo las leyes existentes, obligando a los empresarios a cumplirla, además de despedir y enjuiciar a Lozano por sus atropellos. Otra es creando un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad, autonomía y democracia sindical según la voluntad de sus miembros, que determinarían el uso de sus cuotas y patrimonios, y no los dirigentes corporativos y patronales ni las autoridades; la contratación colectiva; el pago de salarios y prestaciones dignas; el respeto a las jornadas laborales; la generación de empleos formales estables; la firma de acuerdos equitativos entre trabajadores y empresarios para negociar la productividad, el reparto de los beneficios y los términos del proceso de trabajo; la capacitación; la creación de seguros contra el desempleo; la protección social y procesal; la eliminación de la cláusula de exclusión y los apartados de excepción; la aplicación de la ley, con tribunales que resuelvan rápida e imparcialmente los conflictos laborales, individuales y colectivos; la eliminación de las juntas de conciliación y arbitraje que favorecen a los patrones y son usadas por el gobierno como instrumentos de control político; la creación de la seguridad social universal; la reestatización de los fondos de pensión.
La contrarreforma calderonista no pretende nada de lo anterior, sólo pretende legalizar la “flexibilidad” productivista pro empresarial ya existente y acabar de destruir las conquistas laborales que aún benefician a los trabajadores. Quiere regresarnos a la edad de piedra del salvaje capitalismo.
A los trabajadores les espera una cruenta lucha y tendrán que defender sus intereses por todos los medios a su alcance.
fuente : http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/la-contrarreforma-laboral/
jueves, 29 de abril de 2010
En el Senado, ley que busca rematar los bienes de la nación, denuncia Monreal
* A escondidas pretenden aprobar la iniciativa que permite la privatización de la electricidad, dice
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
Periódico La Jornada
Jueves 29 de abril de 2010, p. 19
En el penúltimo día de sesiones, este jueves, el Senado votará la nueva Ley de Asociaciones Público-Privadas, por la que se abre el camino a la privatización total de la electricidad y se posibilita la intervención de trasnacionales en la prestación de servicios en todos los sectores, fundamentalmente el educativo, de salud, carretero, hidráulico, entre otros.
“Quieren aprovechar el cierre del periodo para sacar casi a escondidas esa ley, que no es otra cosa que una venta de garaje de los bienes de la nación”, advirtió el coordinador de los senadores del Partido del Trabajo (PT), Ricardo Monreal, quien hoy presentará un voto particular sobre esa reforma.
El dictamen de esa reforma presidencial, que ayer quedó en primera lectura, permite a las dependencias gubernamentales adjudicar contratos de manera directa y hasta por 40 años a la iniciativa privada y extranjera, para obras que serán financiadas con recursos presupuestales.
En el mismo, Monreal denuncia que nunca fue convocado a discutir el dictamen que se pretende aprobar.
Igualmente, el senador Alfonso Sánchez Anaya del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo que su bancada votará en contra de la iniciativa presidencial, ya que legaliza la “entrega de la áreas estratégicas y los bienes de la nación” a consorcios nacionales y multinacionales que podrán construir escuelas, hospitales y cárceles y administrarlos, comprometiendo las finanzas públicas por casi medio siglo.
Por ejemplo, mencionó que las asociaciones público-privadas para el desarrollo carretero que operarán en este 2010 significarán un costo elevado, de casi 38 millones por cada kilómetro, lo que representa un costo 65 por ciento superior a lo que se erogaría si esa infraestructura fuera levantada únicamente con recursos públicos.
El presidente de la Comisión de Comercio del Senado, Eloy Cantú, sostuvo que los cambios a la iniciativa original que el presidente Felipe Calderón hizo llegar a esa cámara en noviembre de 2008 permitirán que la iniciativa privada participe en la construcción de infraestructura nueva, no la ya existente, además de que en ningún caso se permitirán capitales de particulares donde “las leyes sustantivas lo prohíben”.
Por separado, los senadores Anaya y Monreal lo refutaron y advirtieron que el primer sector que se quiere “poner en bandeja” a las trasnacionales es el eléctrico, por el mismo camino seguido hasta el momento de aprovechar una ley secundaria.
En la exposición de motivos del dictamen, elaborado por el priísta Cantú, se detalla que se consideró necesario señalar expresamente que, “tratándose de hidrocarburos, no podrán emplearse en las actividades sustantivas de carácter productivo, ni en las de petroquímica distinta a la básica”.
Navarrete pide evitar inanición de huelguistas
Llama presidente del Senado al gobierno federal a “afinar su sensibilidad” y a abrir los canales de diálogo con los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro
Elena Michel
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Jueves 29 de abril de 2010
15:22
El líder del Sindicato Mexicano Electricista, Martín Esparza, se reunió esta mañana con el presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, y los presidentes de la Comisión para la Reforma del Estado, Graco Ramírez, y de Gobernación, Jesús Murillo Karam, para exponer la situación jurídica de los jubilados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.
Carlos Navarrete llamó al gobierno federal a "afinar su sensibilidad" y a abrir los canales de diálogo con el SME para evitar la muerte de los trabajadores que realizan una huelga de hambre en el Zócalo.
"Hago votos para que la SCJN resuelva rápidamente el amparo", dijo.
Elena Michel
El Universal
CIUDAD DE MÉXICO Jueves 29 de abril de 2010
15:22
El líder del Sindicato Mexicano Electricista, Martín Esparza, se reunió esta mañana con el presidente del Senado, Carlos Navarrete Ruiz, y los presidentes de la Comisión para la Reforma del Estado, Graco Ramírez, y de Gobernación, Jesús Murillo Karam, para exponer la situación jurídica de los jubilados de la extinta compañía Luz y Fuerza del Centro.
Carlos Navarrete llamó al gobierno federal a "afinar su sensibilidad" y a abrir los canales de diálogo con el SME para evitar la muerte de los trabajadores que realizan una huelga de hambre en el Zócalo.
"Hago votos para que la SCJN resuelva rápidamente el amparo", dijo.
miércoles, 28 de abril de 2010
Son ya 36 personas en huelga de hambre del SME
Martín Esparza denunció que directivos de la CFE han presentado a inversionistas privados "propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a LFC".
Patricia Muñoz
Publicado: 28/04/2010 18:31
México, DF. Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre, luego de que seis miembros del sindicato se sumaran este miércoles al ayuno en el Zócalo capitalino.
Sin embargo esta acción no los tiene inmovilizados, ya que los integrantes del SME llegaron hoy hasta la Torre Mayor a impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Están subastando el sector, las empresas públicas, el país, denunció el dirigente del gremio Martín Esparza en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina.
Adelantó que desde la Cámara de Diputados se propondrá un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el enorme saqueo que ha permitido de LFC.
Patricia Muñoz
Publicado: 28/04/2010 18:31
México, DF. Son ya 36 los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas en huelga de hambre, luego de que seis miembros del sindicato se sumaran este miércoles al ayuno en el Zócalo capitalino.
Sin embargo esta acción no los tiene inmovilizados, ya que los integrantes del SME llegaron hoy hasta la Torre Mayor a impedir una reunión en la que directivos de la Comisión Federal de Electricidad presentaban a inversionistas privados “propuestas de negocios en áreas que pertenecieron a Luz y Fuerza del Centro (LFC)”.
Están subastando el sector, las empresas públicas, el país, denunció el dirigente del gremio Martín Esparza en este acto que provocó la movilización inmediata de la policía capitalina.
Adelantó que desde la Cámara de Diputados se propondrá un punto de acuerdo para llamar a rendir cuentas al director del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes por el enorme saqueo que ha permitido de LFC.
Telefono rojo / Jose Ureña
• Elevados daños por ineficiencia de CFE
• Los empresarios amagan con demandas
• Y no cumplen ofertas a los trabajadores
La euforia del gobierno tras desaparecer Luz y Fuerza del Centro se ha trocado en angustia y riesgo.
Angustia porque desenredan los difíciles sistemas de abasto de electricidad en varias entidades del altiplano, fruto de una empresa mal administrada y un sindicato arbitrario.
Y riesgo porque ven venir mil problemas.
Por orden:
Tras la sustitución de LFC con la CFE, el servicio era casi normal.
Pocas interrupciones y paciencia de los consumidores porque les quitaron a quienes la publicidad oficial identificaba como lacras.
Con el tiempo los cortes de luz aumentan y cada vez con mayores estragos.
Las quejas han llegado por igual a CFE de Alfredo Elías Ayub, a la Secretaría de Energía de Georgina Kessel y hasta Los Pinos, donde despacha Felipe Calderón.
Los empresarios –sobre todo los industriales- están desesperados porque el problema entorpece al aparato productivo.
Y si no se aplican soluciones inmediatas, amagan, pueden iniciar las demandas.
Demandas por cientos de millones de dólares.
LOS INDUSTRIALES YA NO AGUANTAN
El subsecretario de Gobernación Roberto Gil tiene pormenores.
He aquí el drama expuestos por industriales y comerciantes del Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla:
Infinidad de fábricas han visto mermados sus procesos productivos por las suspensiones de fluido.
Al no alcanzar sus metas, quedan mal con sus clientes.
Cada vez con mayor frecuencia los pedidos salen tarde y se han dado casos de mantener varados en puertos decenas de barcos en espera de la carga, con el correspondiente costo para el exportador.
Desesperados, muchos compradores ya presentaron demandas contra fabricantes mexicanos… quienes pretenden trasladar las demandas por daños y perjuicios a entidades del gobierno federal.
Los abogados dirán cuáles, pero desde ahora puede anunciarse a la CFE como la más perjudicada.
Ante la amenaza, el gobierno de Felipe Calderón está alarmado y en el entorno del titular del Ejecutivo se repite una pregunta reproducida aquí ayer:
-¿Quién engañó al presidente de la república?
Y LOS TRABAJADORES SE DESESPERAN
Los trabajadores presentan un drama social diferente.
Por razones obvias, los secretarios Fernando Gómez Mont y Javier Lozano –o en su caso el
subsecretarioRoberto Gil- dialogan por separado con los grupos de Martín Esparza y Alejandro Muñoz.
Pero los dos están molestos.
Esparza porque no le resuelven nada a favor de los 18 mil trabajadores leales.
Y Muñoz porque tampoco le cumplen el acuerdo de contratar empresas de ex electricistas –oficialmente hay 25 sociedades y 28 franquicias- para podar árboles.
Hay problemas a pesar de la palabra de Gómez Mont y Lozano.
Esto urge, porque los inminentes vientos fuertes y las lluvias pueden elevar exponencialmente las interrupciones.
(Aparte, la CFE contrata a empresas particulares, muchas de políticos influyentes).
Ante tal situación, el equipo gubernamental mediador –básicamente Gómez Mont, Lozano y Gil- estudian cómo contratar individualmente a ex trabajadores de LFC en secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados para atenuar la presión social.
Más allá de no respetar la reducción del gasto corriente, hay otro riesgo: el gobierno teme por la
controversia en manos de la Corte.
¿O acaso los ministros encabezados por Guillermo Ortiz Mayagoitia van a seguir sus palos a los
trabajadores?
La política antiobrera puede revertírseles.
http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=67382&seccion=9
• Los empresarios amagan con demandas
• Y no cumplen ofertas a los trabajadores
La euforia del gobierno tras desaparecer Luz y Fuerza del Centro se ha trocado en angustia y riesgo.
Angustia porque desenredan los difíciles sistemas de abasto de electricidad en varias entidades del altiplano, fruto de una empresa mal administrada y un sindicato arbitrario.
Y riesgo porque ven venir mil problemas.
Por orden:
Tras la sustitución de LFC con la CFE, el servicio era casi normal.
Pocas interrupciones y paciencia de los consumidores porque les quitaron a quienes la publicidad oficial identificaba como lacras.
Con el tiempo los cortes de luz aumentan y cada vez con mayores estragos.
Las quejas han llegado por igual a CFE de Alfredo Elías Ayub, a la Secretaría de Energía de Georgina Kessel y hasta Los Pinos, donde despacha Felipe Calderón.
Los empresarios –sobre todo los industriales- están desesperados porque el problema entorpece al aparato productivo.
Y si no se aplican soluciones inmediatas, amagan, pueden iniciar las demandas.
Demandas por cientos de millones de dólares.
LOS INDUSTRIALES YA NO AGUANTAN
El subsecretario de Gobernación Roberto Gil tiene pormenores.
He aquí el drama expuestos por industriales y comerciantes del Distrito Federal, estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla:
Infinidad de fábricas han visto mermados sus procesos productivos por las suspensiones de fluido.
Al no alcanzar sus metas, quedan mal con sus clientes.
Cada vez con mayor frecuencia los pedidos salen tarde y se han dado casos de mantener varados en puertos decenas de barcos en espera de la carga, con el correspondiente costo para el exportador.
Desesperados, muchos compradores ya presentaron demandas contra fabricantes mexicanos… quienes pretenden trasladar las demandas por daños y perjuicios a entidades del gobierno federal.
Los abogados dirán cuáles, pero desde ahora puede anunciarse a la CFE como la más perjudicada.
Ante la amenaza, el gobierno de Felipe Calderón está alarmado y en el entorno del titular del Ejecutivo se repite una pregunta reproducida aquí ayer:
-¿Quién engañó al presidente de la república?
Y LOS TRABAJADORES SE DESESPERAN
Los trabajadores presentan un drama social diferente.
Por razones obvias, los secretarios Fernando Gómez Mont y Javier Lozano –o en su caso el
subsecretarioRoberto Gil- dialogan por separado con los grupos de Martín Esparza y Alejandro Muñoz.
Pero los dos están molestos.
Esparza porque no le resuelven nada a favor de los 18 mil trabajadores leales.
Y Muñoz porque tampoco le cumplen el acuerdo de contratar empresas de ex electricistas –oficialmente hay 25 sociedades y 28 franquicias- para podar árboles.
Hay problemas a pesar de la palabra de Gómez Mont y Lozano.
Esto urge, porque los inminentes vientos fuertes y las lluvias pueden elevar exponencialmente las interrupciones.
(Aparte, la CFE contrata a empresas particulares, muchas de políticos influyentes).
Ante tal situación, el equipo gubernamental mediador –básicamente Gómez Mont, Lozano y Gil- estudian cómo contratar individualmente a ex trabajadores de LFC en secretarías de Estado, paraestatales y órganos desconcentrados para atenuar la presión social.
Más allá de no respetar la reducción del gasto corriente, hay otro riesgo: el gobierno teme por la
controversia en manos de la Corte.
¿O acaso los ministros encabezados por Guillermo Ortiz Mayagoitia van a seguir sus palos a los
trabajadores?
La política antiobrera puede revertírseles.
http://quadratin.com.mx/www1/noticia.php?id=67382&seccion=9
SME ilumina a la SCJN hacia el campamento de huelga de hambre
">
Un camino para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion guiandolos y se haga justicia a los trabajadores del SME que se mantienen en huelga de hambre en el zocalo capitalino de la ciudad de mexico.
Un camino de esperanza, justicia y libertad para el sindicato mexicano de electricistas.
27 y 28-abril-2010
Ordena SCJN inmediata libertad de las indígenas otomíes
Por unanimidad, la Primera Sala del Alto Tribunal respaldó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero, quien concluyó que hubo desde fabricación de testimonios hasta uso de pruebas ilícitas en perjuicio de ambas mujeres.
Notimex
Publicado: 28/04/2010 13:47
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de las indígenas Alberta Alcantara y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a cuatro elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, debido a inconsistencias en el proceso penal.
Por unanimidad, la Primera Sala del Alto Tribunal respaldó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero de absolver a estas dos mujeres de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delito contra sevidores públicos, y una de ellas por delitos contra la salud.
Teresa y Alberta fueron arrestadas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial –quien ya fue liberada–, bajo cargos de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
El dictamen de Sánchez Cordero concluyó que hay elementos suficientes, desde fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas en perjuicio de ambas indígenas, para revocar la sentencia del juzgado cuarto de distrito de procesos penales en Querétaro, que las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR).
Notimex
Publicado: 28/04/2010 13:47
México, DF. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la inmediata libertad de las indígenas Alberta Alcantara y Teresa González Cornelio, acusadas de secuestrar a cuatro elementos de la extinta Agencia Federal de Investigación, debido a inconsistencias en el proceso penal.
Por unanimidad, la Primera Sala del Alto Tribunal respaldó el proyecto de la ministra Olga Sánchez Cordero de absolver a estas dos mujeres de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, delito contra sevidores públicos, y una de ellas por delitos contra la salud.
Teresa y Alberta fueron arrestadas en marzo de 2006, junto con Jacinta Francisco Marcial –quien ya fue liberada–, bajo cargos de privación ilegal de la libertad de seis agentes federales que participaron en un operativo contra la venta de productos pirata en Santiago Mexquititlán, Querétaro.
El dictamen de Sánchez Cordero concluyó que hay elementos suficientes, desde fabricación de testimonios hasta el uso de pruebas ilícitas en perjuicio de ambas indígenas, para revocar la sentencia del juzgado cuarto de distrito de procesos penales en Querétaro, que las condenó a 21 años de prisión luego de encontrarlas culpables de las acusaciones hechas por la Procuraduría General de la República (PGR).
martes, 27 de abril de 2010
COMISIÓN ELECTRICISTA POR SOLUCIÓN POLÍTICA
Pide al Gobierno Sensibilidad
*La Mayoría a Favor de un Arreglo Negociado Para Resolver el Conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Por María de Lourdes Martínez González
La Comisión Especial de Seguimiento al Conflicto Electricistas, que conforman diputados federales de todos los partidos políticos, determinó citar a comparecer nuevamente al comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que encabeza Martín Esparza Flores, y al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth. Pero esta vez será a puertas cerradas, para tratar de destrabar el conflicto y llegar a un arreglo político negociado.
seguir leyendo.....
http://www.frecuencialaboral.com/comisionelectricistareunion3.html
*La Mayoría a Favor de un Arreglo Negociado Para Resolver el Conflicto del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Por María de Lourdes Martínez González
La Comisión Especial de Seguimiento al Conflicto Electricistas, que conforman diputados federales de todos los partidos políticos, determinó citar a comparecer nuevamente al comité ejecutivo del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que encabeza Martín Esparza Flores, y al subsecretario de Gobernación, Roberto Gil Zuarth. Pero esta vez será a puertas cerradas, para tratar de destrabar el conflicto y llegar a un arreglo político negociado.
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http://www.frecuencialaboral.com/comisionelectricistareunion3.html
Refuerza el SME huelga de hambre en el Zócalo
Rosalía Vergara
MÉXICO, DF, 26 de abril (apro).- Este lunes, una decena de electricistas se sumó a la huelga de hambre que desde el domingo pasado sostienen otros once extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en rechazo a la extinción de LFC.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, denunció que el gobierno de Felipe Calderón nunca ha querido negociar con los trabajadores “una salida justa al conflicto” con el SME.
La postura oficial, añadió, fue lo que motivó al SME a adoptar “esta medida extrema”, y agregó que este gobierno “no ve ni escucha a ninguno de los trabajadores con conflictos laborales, pues le interesa más privilegiar los intereses de las transnacionales que pretenden privatizar los servicios de energía eléctrica en la zona centro del país”.
Incluso, comentó, funcionarios, exsecretarios y panistas “ya se dividieron el negocios”.
La estrategia del SME es sumar al ayuno a diez trabajadores cada día, en tanto la dirigencia que encabeza Esparza “visitará” a cada uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponerles la trayectoria del SME y de la extinta LFC, y asegurarles que la privatización estaría llevando al sector a épocas del porfiriato.
Por cierto en la huelga de hambre participa su hermano Pablo Esparza y el vocero Fernando Amezcua.
Los electricistas aprovecharán que el próximo sábado es 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, para presionar con su llamado a la “desobediencia civil” e instar a la SCJN a emitir un fallo a su favor y se reestablezcan los derechos de los sindicalizados.
Esparza dijo que estas acciones serán indefinidas y confían que a la protesta se sumarán organizaciones políticas y laborales.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78780
MÉXICO, DF, 26 de abril (apro).- Este lunes, una decena de electricistas se sumó a la huelga de hambre que desde el domingo pasado sostienen otros once extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro, en rechazo a la extinción de LFC.
El dirigente del Sindicato Mexicano de Electricistas, Martín Esparza, denunció que el gobierno de Felipe Calderón nunca ha querido negociar con los trabajadores “una salida justa al conflicto” con el SME.
La postura oficial, añadió, fue lo que motivó al SME a adoptar “esta medida extrema”, y agregó que este gobierno “no ve ni escucha a ninguno de los trabajadores con conflictos laborales, pues le interesa más privilegiar los intereses de las transnacionales que pretenden privatizar los servicios de energía eléctrica en la zona centro del país”.
Incluso, comentó, funcionarios, exsecretarios y panistas “ya se dividieron el negocios”.
La estrategia del SME es sumar al ayuno a diez trabajadores cada día, en tanto la dirigencia que encabeza Esparza “visitará” a cada uno de los once ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para exponerles la trayectoria del SME y de la extinta LFC, y asegurarles que la privatización estaría llevando al sector a épocas del porfiriato.
Por cierto en la huelga de hambre participa su hermano Pablo Esparza y el vocero Fernando Amezcua.
Los electricistas aprovecharán que el próximo sábado es 1 de mayo, Día Mundial del Trabajo, para presionar con su llamado a la “desobediencia civil” e instar a la SCJN a emitir un fallo a su favor y se reestablezcan los derechos de los sindicalizados.
Esparza dijo que estas acciones serán indefinidas y confían que a la protesta se sumarán organizaciones políticas y laborales.
http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78780
lunes, 26 de abril de 2010
Astillero: Huelga de hambre, SME resiste, solidaridad
Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias.
Julio Hernández López / La Jornada | 26-4-2010 a las 18:00
Más de medio año después, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en viva resistencia ante los abusos de poder en su contra, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta el linchamiento mediático, el chantaje económico en materia de liquidaciones y la mano dura ejercida por el secretario de Trabajo fascistoide, Javier Lozano, a nombre de su jefe Felipe Calderón, ambos convertidos en violadores profesionales de la Constitución y las leyes del trabajo en aras de, entre otros proyectos facciosos, dejar limpio” el camino a negocios oscuros con inversionistas locales y extranjeros en materia de fibra óptica.
Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias y ayer instaló en un extremo del Zócalo capitalino una primera parte del grupo de 50 trabajadores que han decidido llegar al extremo de realizar una huelga de hambre, agotada ya buena parte de los recursos legales y políticos de los que ese gremio pudo echar mano a lo largo de los seis meses y medio que han transcurrido desde que Calderón decidió tomar las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en un golpe policiaco realizado mientras mantenía por otro lado la oferta, traicionada, de dialogar y negociar con el SME al que en cuestión de horas creyó extinguir, junto con su fuente de trabajo, mediante un decreto que ahora está en un tramo de revisión por la zigzagueante Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de definir si una resolución individual emitida desde Los Pinos puede anular de manera fulminante e irreversible una relación contractual de trabajo y los demás derechos adquiridos por decenas de miles de personas que de golpe quedaron en la calle.
La resistencia de los electricistas es particularmente ejemplar porque es una de las escasas formas de oposición organizada que se mantienen hoy en nuestro país frente a los muy graves excesos cometidos desde un poder federal al que cada vez más mexicanos critican, pero al que muy pocos llegan a combatir política y masivamente. La nación vive entre llanto, sangre y temor, cada día enterándose de peores hechos criminales desatados por una torpe “guerra” contra el narcotráfico, pero poco se logra hacer en ese contexto que inhibe toda participación social mediante el expediente simple del riesgo de muerte que el narco y sus vertientes asociadas desde el poder pueden aplicar con absoluta impunidad contra quienes encabecen acciones populares de protesta. A la distancia, convertidos en parte de un México invisible o poco visible para el resto de sus paisanos, los trabajadores de Cananea, y los mineros en general, sobrellevan otras formas de injusticia administradas por el calderonismo que defiende al patrón Larrea frente a las demandas no sólo en el contexto de ese pueblo sonorense históricamente tan significativo, sino, largamente, en el caso de Pasta de Conchos, oficialmente condenado al olvido. Muchos ejemplos podrían darse de esos agravios cometidos por Los Pinos, pero frente a ellos sólo han resistido con resonancia nacional y movilizaciones amplias, con sus matices, el movimiento social que nació contra el fraude electoral de 2006 y el sindicalismo electricista del centro del país. Por ello, la huelga de hambre instalada ayer es una forma de lucha que debería recibir la mayor cobertura y solidaridad social, asumiendo que no son solamente los legítimos intereses de una organización sindical los que están en juego, sino la posibilidad de resistir actos autoritarios de poder y revertirlos a pesar de todo y contra todo. Todos los días, a las cinco de la tarde, en la carpa instalada en el Zócalo, frente a las oficinas principales del gobierno del Distrito Federal, se abrirá una tribuna para informar de los avances de esta protesta y recibir muestras de solidaridad. Para el primero de mayo venidero también se organizan acciones que den prueba de la vitalidad y consistencia del movimiento electricista.
Julio Hernández López / La Jornada | 26-4-2010 a las 18:00
Más de medio año después, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en viva resistencia ante los abusos de poder en su contra, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta el linchamiento mediático, el chantaje económico en materia de liquidaciones y la mano dura ejercida por el secretario de Trabajo fascistoide, Javier Lozano, a nombre de su jefe Felipe Calderón, ambos convertidos en violadores profesionales de la Constitución y las leyes del trabajo en aras de, entre otros proyectos facciosos, dejar limpio” el camino a negocios oscuros con inversionistas locales y extranjeros en materia de fibra óptica.
Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias y ayer instaló en un extremo del Zócalo capitalino una primera parte del grupo de 50 trabajadores que han decidido llegar al extremo de realizar una huelga de hambre, agotada ya buena parte de los recursos legales y políticos de los que ese gremio pudo echar mano a lo largo de los seis meses y medio que han transcurrido desde que Calderón decidió tomar las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en un golpe policiaco realizado mientras mantenía por otro lado la oferta, traicionada, de dialogar y negociar con el SME al que en cuestión de horas creyó extinguir, junto con su fuente de trabajo, mediante un decreto que ahora está en un tramo de revisión por la zigzagueante Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de definir si una resolución individual emitida desde Los Pinos puede anular de manera fulminante e irreversible una relación contractual de trabajo y los demás derechos adquiridos por decenas de miles de personas que de golpe quedaron en la calle.
La resistencia de los electricistas es particularmente ejemplar porque es una de las escasas formas de oposición organizada que se mantienen hoy en nuestro país frente a los muy graves excesos cometidos desde un poder federal al que cada vez más mexicanos critican, pero al que muy pocos llegan a combatir política y masivamente. La nación vive entre llanto, sangre y temor, cada día enterándose de peores hechos criminales desatados por una torpe “guerra” contra el narcotráfico, pero poco se logra hacer en ese contexto que inhibe toda participación social mediante el expediente simple del riesgo de muerte que el narco y sus vertientes asociadas desde el poder pueden aplicar con absoluta impunidad contra quienes encabecen acciones populares de protesta. A la distancia, convertidos en parte de un México invisible o poco visible para el resto de sus paisanos, los trabajadores de Cananea, y los mineros en general, sobrellevan otras formas de injusticia administradas por el calderonismo que defiende al patrón Larrea frente a las demandas no sólo en el contexto de ese pueblo sonorense históricamente tan significativo, sino, largamente, en el caso de Pasta de Conchos, oficialmente condenado al olvido. Muchos ejemplos podrían darse de esos agravios cometidos por Los Pinos, pero frente a ellos sólo han resistido con resonancia nacional y movilizaciones amplias, con sus matices, el movimiento social que nació contra el fraude electoral de 2006 y el sindicalismo electricista del centro del país. Por ello, la huelga de hambre instalada ayer es una forma de lucha que debería recibir la mayor cobertura y solidaridad social, asumiendo que no son solamente los legítimos intereses de una organización sindical los que están en juego, sino la posibilidad de resistir actos autoritarios de poder y revertirlos a pesar de todo y contra todo. Todos los días, a las cinco de la tarde, en la carpa instalada en el Zócalo, frente a las oficinas principales del gobierno del Distrito Federal, se abrirá una tribuna para informar de los avances de esta protesta y recibir muestras de solidaridad. Para el primero de mayo venidero también se organizan acciones que den prueba de la vitalidad y consistencia del movimiento electricista.
Nuevos Medidores y Sistema Prepago de CFE
Por César Coheto D.
Con el siniestro plan de allegarse recursos financieros por anticipado, primordialmente de los clientes de bajo consumo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera rematar este año con la instalación de un millón y medio de medidores de prepago eléctrico. San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Veracruz y Guanajuato son algunas de las entidades en las que se ha iniciado gradualmente la instalación de estos aparatos que permitirán, según la paraestatal, una mejora operativa.
Como ocurre con todos los prepagos esta puede ser una variante de robo al ‘usuario’, a quien no le asignan ni siquiera la categoría de ‘cliente’: en las tarjetas telefónicas, por ejemplo, se restan centavos o pesos que no se pueden usar y que resultan en hurtos millonarios de tantas fichas con saldos muertos. Con los nuevos medidores será algo parecido; se adquirirá una tarjeta magnética para recargas en puntos de venta que después al acercarla al medidor "absorberá" el saldo y lo abonará a la cuenta de ese domicilio, además se exigirá un desembolso inmediato de entre mil y mil doscientos pesos así como un monto adicional por el nuevo contrato, todo esto disfrazándolo de futurismo conveniente y modernista.
Para la empresa IUSA –asociada con General Electric, de capital estadounidense– y beneficiaria del contrato otorgado por CFE para abastecer los medidores, representa un negocio de al menos 4 mil millones de pesos.
A continuación unas cuantas precisiones para los lectores:
? CFE no tiene ningún poder legal para reemplazar su medidor actual, porque usted no tiene ningún contrato con CFE, Luz y Fuerza, no está liquidada (ya que está amparada), y debe seguir como organismo público, mientras un juez no dicte sentencia.
? Los que están “dando el servicio”, no son los de CFE; sino cientos de pequeños contratistas, que han traído personal de provincia sin capacitación, y que los tienen sobreexplotados con salarios mezquinos, y contratos eventuales por un mes.
? Esos medidores ya se experimentaron en diferentes partes del mundo (Inglaterra y Sudáfrica, por ejemplo); y los tuvieron que retirar porque fallaban muy seguido.
? CFE no está emitiendo el recibo de luz, lo está haciendo el SAE. Por eso le mandan a pagar a una cuenta concentradora a los centros comerciales y/o bancos, porque es ilegal el cobro.
Y, finalmente, estos medidores también tendrán un seguro de vida casi obligatorio para “El Monedero Electrónico”. Así como los seguros de vida que nunca el usuario solicita en las tarjetas bancarias; pero que si no lo inhabilita al momento, el banco y la aseguradora dan por hecho el consentimiento, y luego le ponen mil trabas para desalentarle a cancelarlo.
Algunas personas no alcanzan a comprender bien a bien, que a todos está afectando no solo el problema de la extinción de Luz y Fuerza y la privatización de la energía, sino en general la política neoliberal de este gobierno entreguista al servicio de las grandes compañías nacionales y extranjeras.
Con el siniestro plan de allegarse recursos financieros por anticipado, primordialmente de los clientes de bajo consumo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) espera rematar este año con la instalación de un millón y medio de medidores de prepago eléctrico. San Luis Potosí, Morelos, Michoacán, Veracruz y Guanajuato son algunas de las entidades en las que se ha iniciado gradualmente la instalación de estos aparatos que permitirán, según la paraestatal, una mejora operativa.
Como ocurre con todos los prepagos esta puede ser una variante de robo al ‘usuario’, a quien no le asignan ni siquiera la categoría de ‘cliente’: en las tarjetas telefónicas, por ejemplo, se restan centavos o pesos que no se pueden usar y que resultan en hurtos millonarios de tantas fichas con saldos muertos. Con los nuevos medidores será algo parecido; se adquirirá una tarjeta magnética para recargas en puntos de venta que después al acercarla al medidor "absorberá" el saldo y lo abonará a la cuenta de ese domicilio, además se exigirá un desembolso inmediato de entre mil y mil doscientos pesos así como un monto adicional por el nuevo contrato, todo esto disfrazándolo de futurismo conveniente y modernista.
Para la empresa IUSA –asociada con General Electric, de capital estadounidense– y beneficiaria del contrato otorgado por CFE para abastecer los medidores, representa un negocio de al menos 4 mil millones de pesos.
A continuación unas cuantas precisiones para los lectores:
? CFE no tiene ningún poder legal para reemplazar su medidor actual, porque usted no tiene ningún contrato con CFE, Luz y Fuerza, no está liquidada (ya que está amparada), y debe seguir como organismo público, mientras un juez no dicte sentencia.
? Los que están “dando el servicio”, no son los de CFE; sino cientos de pequeños contratistas, que han traído personal de provincia sin capacitación, y que los tienen sobreexplotados con salarios mezquinos, y contratos eventuales por un mes.
? Esos medidores ya se experimentaron en diferentes partes del mundo (Inglaterra y Sudáfrica, por ejemplo); y los tuvieron que retirar porque fallaban muy seguido.
? CFE no está emitiendo el recibo de luz, lo está haciendo el SAE. Por eso le mandan a pagar a una cuenta concentradora a los centros comerciales y/o bancos, porque es ilegal el cobro.
Y, finalmente, estos medidores también tendrán un seguro de vida casi obligatorio para “El Monedero Electrónico”. Así como los seguros de vida que nunca el usuario solicita en las tarjetas bancarias; pero que si no lo inhabilita al momento, el banco y la aseguradora dan por hecho el consentimiento, y luego le ponen mil trabas para desalentarle a cancelarlo.
Algunas personas no alcanzan a comprender bien a bien, que a todos está afectando no solo el problema de la extinción de Luz y Fuerza y la privatización de la energía, sino en general la política neoliberal de este gobierno entreguista al servicio de las grandes compañías nacionales y extranjeras.
Dupla Calderón-Lozano: Conspiración antilaboral
A. Rodríguez y R. Vergara
MÉXICO, D.F., 26 de abril (Proceso).- Enemigo del sindicalismo, el régimen panista de Felipe Calderón, con Javier Lozano como ariete, está rompiendo récords en la violación de derechos laborales y sindicales. Y ahora que impulsa la aprobación de su “reforma laboral”, enfrenta varias quejas y denuncias ante organismos internacionales. Entre tanto, en vísperas del Primero de Mayo, agrupaciones defensoras de los trabajadores acusan al gobierno calderonista de ejercer una “violencia laboral de Estado”.
Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una“violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priistas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que 90% de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priistas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
Panismo contra sindicalismo
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2%.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70% de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.
Cifras “alegres”
Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que, de enero de 2007 a julio de 2009, se presentaron 26 mil 954 emplazamientos a huelga (aunque sólo estallaron 59), 11 mil 79 más que en el periodo correspondiente del sexenio de Fox.
De enero a julio del 2009, la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de 2007 a diciembre del 2008, representan 217 mil 720 casos, 88.1% más que las registradas durante los primeros dos años y medio del gobierno foxista.
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos.
Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19%. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo.
En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como éste reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus extrabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.
Las quejas
La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
Por su parte, la Untypp y el Cereal habían presentado el 8 de abril, ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una queja contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de los derechos laborales, y su contenido se someterá a la deliberación del Jurado del Comité Organizador de dicho tribunal. El fallo que emita ese jurado será leído el 1 de mayo en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo que se realizarán en el Zócalo del Distrito Federal.
liga : http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78765
MÉXICO, D.F., 26 de abril (Proceso).- Enemigo del sindicalismo, el régimen panista de Felipe Calderón, con Javier Lozano como ariete, está rompiendo récords en la violación de derechos laborales y sindicales. Y ahora que impulsa la aprobación de su “reforma laboral”, enfrenta varias quejas y denuncias ante organismos internacionales. Entre tanto, en vísperas del Primero de Mayo, agrupaciones defensoras de los trabajadores acusan al gobierno calderonista de ejercer una “violencia laboral de Estado”.
Mientras que el gobierno de Felipe Calderón deberá responder ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y otras instancias por graves violaciones a la libertad sindical y a los derechos de los trabajadores, uno de los organismos quejosos, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), definió en México la actitud de Calderón y de su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, como una“violencia laboral de Estado”.
Esa visión la comparte la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Minera (FITIM), que en febrero de 2009 interpuso ante la OIT una queja contra la política laboral de México, principalmente por privilegiar y avalar los contratos de protección en beneficio de los empresarios, y por la existencia de sindicatos blancos.
En el mismo sentido, el 8 de abril de 2010, el propio Cereal, la Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas de Pemex (Untypp) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), entre otros gremios, acudieron al Tribunal Internacional de Libertad Sindical para dejar constancia sobre la violación de los derechos laborales en México, que ha ido en aumento durante los regímenes panistas.
Si bien durante los gobiernos priistas se privilegió al corporativismo sindical como una forma de controlar al movimiento obrero, durante los últimos 12 años –de los cuales casi una década corresponde al panismo en el poder– se ha intentado reformar la Ley Federal del Trabajo en 332 ocasiones, según Lozano Alarcón.
Y aunque la más reciente iniciativa todavía no se aprueba en la Cámara de Diputados, buena parte de la misma se ha venido aplicando en los hechos, pues han aumentado la subcontratación y la terciarización de contrataciones mediante el outsourcing, además de que 90% de los contratos colectivos que se firman en el país son “de protección”, es decir, benefician a las empresas y perjudican a los trabajadores.
En septiembre próximo, durante el segundo periodo ordinario de sesiones, los 72 diputados priistas miembros del sector obrero presentarán su propia iniciativa de reforma laboral porque la de los panistas “no sirve”, dijo el pasado martes 20 de abril el cuatro veces diputado federal y secretario de Finanzas de la CTM, Armando Neyra Chávez.
Por eso, ese mismo día el secretario general adjunto del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), el diputado federal del PRD Francisco Hernández Juárez, presentó al pleno la iniciativa que elaboró desde 2002 con la Unión Nacional de Trabajadores (UNT).
Esta propuesta es diametralmente distinta a la panista, ya que prevé suprimir el apartado B del artículo 123 constitucional para otorgar el derecho a huelga a los trabajadores al servicio del Estado; desaparece la Comisión de Salarios Mínimos y elimina la facultad de la STPS de entregar la toma de nota a los sindicatos.
Panismo contra sindicalismo
En su XIII Informe sobre Violaciones a los Derechos Laborales en 2009, titulado Violencia laboral de Estado, el Cereal señala que el año pasado se caracterizó por la injerencia y parcialidad de la autoridad laboral en cuestiones intrasindicales, contraviniendo el Convenio 86 de la OIT.
Esta actitud tuvo uno de sus momentos más lesivos y dramáticos con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), cuando la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) le negó la toma de nota al secretario general, Martín Esparza.
Por eso el Cereal y la Coordinación de Derechos Humanos y Empresas de Amnistía Internacional –a cargo de Dolores Soto– coincidieron en que durante los gobiernos panistas se ha incrementado la violencia laboral de Estado porque se está viviendo un retroceso en materia de derechos humanos laborales, de acuerdo con los pronunciamientos que hicieron en una conferencia de prensa realizada el pasado miércoles 21, cuando presentaron el informe.
“En definitiva, vivimos un retroceso en materia de derechos humanos laborales y, por ende, en el nivel de vida de los trabajadores del país”, señaló Soto.
En el encuentro con la prensa, Carlos Rodríguez, del Cereal, y el abogado laboralista Manuel Fuentes advirtieron que el proyecto de reforma presentado por Lozano pretende cancelar las conquistas logradas por los trabajadores desde la Revolución Mexicana.
Ese mismo día, en Washington, Lozano pedía que la Cámara de Diputados mexicana aprobara su iniciativa para que el país avance en los índices de competitividad del Foro Económico Mundial. Allí, durante su intervención en la Reunión de Ministros del Trabajo y Empleo de países miembros del G-20, Lozano afirmó que 2009 fue el año con el menor número de huelgas en la historia moderna de México, pues sólo estallaron 19.
Sin embargo, de acuerdo con el informe del Cereal, para el mes de agosto de ese mismo año se habían registrado 8 mil emplazamientos a huelga, una cifra no vista desde hacía 20 años. Y la principal exigencia era la firma de contratos colectivos de trabajo.
El funcionario panista expresó ante sus homólogos extranjeros que se crearon 300 mil empleos formales en México, beneficiando a 2 millones de personas, y comparativamente recordó que en 1995 el empleo formal cayó 8.2%.
Pero en su documento el Cereal subraya que las cifras de 2009 son “el peor balance desde 1995”, pues se reportaron 3 millones 10 mil mexicanos desempleados, lo que representó penuria para 15 millones de mexicanos si se considera a sus familias. “Así que, durante el año 2009, vivimos las mayores tasas de desocupación históricamente registradas en el país. Además, los ocupados en el sector informal superaron a los formalmente registrados en el IMSS, 12 millones 371 mil”, precisa.
Más aún, continúa, el año pasado el IMSS canceló 181 mil 271 plazas formales, y 10 mil 966 empresas –el 70% de las cuales pertenecían al sector industrial– se dieron de baja en el propio IMSS.
“La promesa anual de Calderón fue la generación de 800 mil empleos. En tres años de gobierno ni siquiera ha creado un millón de plazas. Al contrario, se han perdido más de 3 millones 500 mil empleos”, indica el reporte de 111 páginas.
Cifras “alegres”
Un análisis de los informes presidenciales de Felipe Calderón resume que, de enero de 2007 a julio de 2009, se presentaron 26 mil 954 emplazamientos a huelga (aunque sólo estallaron 59), 11 mil 79 más que en el periodo correspondiente del sexenio de Fox.
De enero a julio del 2009, la JFCA recibió 53 mil 646 demandas laborales individuales que, sumadas a las 164 mil 74 recibidas de enero de 2007 a diciembre del 2008, representan 217 mil 720 casos, 88.1% más que las registradas durante los primeros dos años y medio del gobierno foxista.
Además, entre los conflictos laborales más notables del panismo está el de Pasta de Conchos, el cual, aunque fue heredado por el gobierno foxista, no se ha traducido en este sexenio en el rescate de 65 mineros sepultados, ni en la imposición de sanciones a la empresa Industrial Minera México.
Otro de los conflictos heredados por el foxismo fue el del SNTMMSRM, a raíz de que la Secretaría del Trabajo le negó la toma de nota a Napoleón Gómez Urrutia como líder que había sido reelegido. Lozano Alarcón justificó la negativa con el argumento de que Gómez Urrutia era “prófugo de la justicia”.
Asimismo, apenas iniciado este sexenio, en marzo de 2007, la Compañía Mexicana de Aviación promovió ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la modificación del contrato colectivo de trabajo de las integrantes de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación (ASSA). En agosto del año siguiente, la empresa obtuvo lo que pedía, ahorrándose 25 millones de dólares en prestaciones. ASSA buscó revertir ese fallo, por la vía del amparo, pero de manera infructuosa.
El hecho es que, en todas partes, la STPS legitima abusos mientras la impunidad empresarial se extiende, como en Monterrey, donde una empresa hace firmar renuncias a los trabajadores aunque los mantiene trabajando, pagándoles como sueldo la liquidación que les corresponde.
El investigador del Equipo Nacional de Pastoral Laboral, Carlos Rodríguez Rivera, manifiesta lo anterior y recuerda que, en abril de 2006, un paro laboral en Lázaro Cárdenas terminó en el desalojo violento de los trabajadores, con la participación de policías federales, e inclusive de la Armada, con un saldo de dos asalariados muertos.
Igualmente, prosigue, “en Sonora no se ven muestras de legalidad, porque hay declaraciones de inexistencia, movilizaciones y la amenaza del Ejército” contra los trabajadores.
Menciona también el caso del Movimiento Obrerista Petrolero de Evolución Democrática, de la Sección 50 del sindicato petrolero, ubicada en Paraíso, Tabasco, y el Movimiento Obrerista Democrático de Acción Petrolera, de la Sección 29, de Comalcalco, en cuyas elecciones seccionales de octubre pasado el Comité de Observadores Independientes documentó numerosas irregularidades, como la negación de registro a planillas opositoras, y una actuación parcial de autoridades a favor de las planillas oficiales.
De acuerdo con Manuel Padrón, coordinador del Cereal e integrante del COI, el día del registro los opositores al grupo oficial fueron encerrados en el recinto gremial hasta que se cerró el registro.
Otro caso es el de la empresa Industria Vidriera del Potosí (IVP), una de las fábricas de botellas de Grupo Modelo, donde los trabajadores consiguieron en 2007 la toma de nota para conseguir un sindicato independiente encabezado por Valentín Marín Quistián.
El problema inició cuando abandonaron la CTM y lograron un incremento salarial de 19%. La Coparmex calificó entonces al sindicato de “radical”, y el gobernador panista Marcelo de los Santos descalificó al gremio en estos términos: “Con su aumento, pusieron en riesgo todas las revisiones salariales de la zona industrial”.
Luego, aunque cuenta con la mayoría de los trabajadores a su favor, el Sindicato Único de Trabajadores de la Empresa Industria Vidriera del Potosí (SUTEIVP) fue notificado de que la CTM y la CROC le disputaban la titularidad.
Según Ben Davis, quien documentó el caso para AFL-CIO en México, la empresa amenazó con despedir a quienes no se afiliaran al sindicato de la CROC, pero los trabajadores se mantuvieron y pidieron una reunión pública con Javier Lozano. Aunque éste se comprometió allí a respetar la voluntad de los miembros del SUTEIVP, más tarde avaló –de acuerdo con Ben Davis– una andanada represiva que concluyó el 9 de mayo de 2009 con la incursión de policías federales, estatales y municipales en las instalaciones.
Mientras tanto, en el exterior de la planta, los obreros inconformes eran sometidos y encañonados por los cuerpos policiacos. Finalmente, los integrantes del SUTEIVP fueron derrotados, desalojados y su sindicato independiente suplantado por el de la CROC.
En Monterrey, el Cereal documentó el caso de un contrato avalado por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje donde los trabajadores cedieron sus derechos a cambio de una “gratificación” semanal si cumplen con su trabajo.
En 2009, Industria Automotriz, S.A. de C.V., que previamente había anunciado que cerraría por quiebra y que no había capital suficiente para las liquidaciones, hizo firmar a los trabajadores un convenio donde se establece que nada se les debe y que están dispuestos a seguir laborando a cambio de una “gratificación” semanal.
Casos como éste reporta también la presidenta del Comité Fronterizo de Obreras, Julia Quiñones, quien afirma que Platunnum Equity, de Piedras Negras, luego de ofrecer un aumento salarial raquítico, anunció paro técnico para dejar a los trabajadores sin posibilidades de negociar, mientras que en Ciudad Acuña otra firma, Nissien de México, también se declaró en paro técnico y sólo llamará a sus trabajadores cuando a su criterio lo decida con el aval de la JLCA.
Tras apuntar que otras empresas, como Rassini o Hendrikson, pagan a sus extrabajadores liquidaciones en abonos, Julia Quiñones concluye: “No hay justicia para los trabajadores. Las empresas tienen el apoyo del gobierno, local, estatal y nacional sean del partido que sea. Las juntas no son imparciales. La STPS es un parapeto, un títere de las empresas”.
Por su parte, Carlos Rodríguez Rivera dice: “Lo que estamos viendo es la justicia laboral deslegitimada, supeditada a los negocios privados; es la reforma laboral de facto al estilo Lozano Alarcón”.
Las quejas
La queja presentada ante la OIT por la FITIM –organización que representa a 25 millones de trabajadores de 200 sindicatos en 100 países– subraya la existencia de los contratos de protección, así como las violaciones al derecho de sindicación y libertad sindical.
En sus 47 fojas, resalta que la política laboral mexicana permite a los patrones elegir al sindicato de su preferencia, anulando derechos como el de huelga, porque es una de las condiciones que negocian los abogados patronales con los sindicatos de la CTM, el CT o la CROC.
“La legislación doméstica laboral incluye normas protectoras a los trabajadores que están fuera de su alcance debido a la red de complicidad establecida entre la justicia laboral, patrón y sindicatos, componentes clave del modelo de ‘contratismo de protección patronal’”, dice la queja, conocida como el caso 2694 de la OIT.
“Como se señala en la queja, las leyes laborales en México y la forma que son aplicadas por el gobierno y los empleadores dan frecuentemente como resultado convenios colectivos concertados entre un ‘sindicato’ y un empleador sin referencia alguna a los trabajadores que abarca. Estos acuerdos son conocidos como contratos de protección, y los abogados estiman que la inmensa mayoría de los convenios en México son contratos de protección”, refiere Benjamín Davis, representante de la FITIM, en un comunicado fechado el 1 de abril pasado.
En entrevista con este semanario, Davis acepta que, “peor aún, los trabajadores que tratan de establecer un sindicato independiente y negociar un contrato colectivo, son objeto de represalias, intimidación, amenazas, violencia, despidos e inclusiones en listas negras”.
Pese a todo, el 23 de marzo de 2010, la Secretaría del Trabajo respondió a la OIT que “la FITIM no tiene competencia para presentar una queja”, que “los contratos de protección no existen en México” y que “no se han violado los derechos laborales de ningún trabajador porque la ley mexicana lo prohíbe”. Es una respuesta de 32 páginas que incluye cartas de respaldo de la CTM, la CROC, la Coparmex y la Concamin.
Sin embargo, unos días después, el 12 de abril de 2010, la Confederación Sindical Internacional se agregó como denunciante ante la OIT, haciendo suya la queja de la FITIM.
Por su parte, la Untypp y el Cereal habían presentado el 8 de abril, ante el Tribunal Internacional de Libertad Sindical, una queja contra el gobierno de Felipe Calderón por la violación sistemática de los derechos laborales, y su contenido se someterá a la deliberación del Jurado del Comité Organizador de dicho tribunal. El fallo que emita ese jurado será leído el 1 de mayo en el marco de las manifestaciones por el Día del Trabajo que se realizarán en el Zócalo del Distrito Federal.
liga : http://www.proceso.com.mx/rv/modHome/detalleExclusiva/78765
SME : los saldos de una digna resistencia
José Antonio Almazán González
A más de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una liquidación voluntaria, con la promesa de primero liquídate y después te recontratamos. Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de patrón sustituto en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. La decisión la fundó por tratarse de un asunto de importancia excepcional, pues involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Agregando que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros (las cursivas son mías -dice Almazan) y precisando que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo. Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
Nota del Grokz: Como siempre, Almazán llena esos huecos que de repente se forman a la falta de una visión clara de la ley y su aplicación, estos vericuetos, son los que ha utilizado el gobierno para tratar de hacer valer su fuerza, amparado en las mismas leyes. Habrá que decir que dentro de todo este proceso hay personas que no estan de acuerdo con el ilegal decreto y que desde afuera estaran haciendo lo propio, con la finalidad de echar para atras este arbitrario acto de ya muy clara ilegalidad, no solo para los trabajadores miembros del SME, sino para toda la clase trabajadora mexicana. Hasta la victoria siempre!!!
liga : http://ianrgros.blogspot.com/
A más de seis meses del golpe fascista del gobierno de Calderón en contra del SME, al decretar el inconstitucional e ilegal decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, el despido injustificado de 43 mil 720 trabajadores electricistas y la indefensión de 22 mil 256 jubilados, los saldos favorables de la heroica resistencia electricista están a la vista; sobre todo para quienes apostaban por un desenlace rápido, violento y represivo (véanse al respecto los documentos secretos de Calderón) en contra de uno de los sindicatos más antiguos, democráticos, nacionalistas y precursor, junto con los mineros de Cananea, de los derechos obreros plasmados en el artículo 123 constitucional.
1. Pese a la campaña de linchamiento y provocación, 18 mil 10 trabajadores electricistas resolvieron no ser liquidados; se buscaron empleos temporales o se dedicaron al comercio ambulante; vendieron pertenencias, se volvieron mil usos, todo, menos rendirse, conscientes de que la razón constitucional y legal les asiste. A esta franja, que representa 41.2 por ciento del total, se le sumó en los últimos meses un número aproximado de 12 mil trabajadores que, bajo presión y con engaños, fueron llevados a aceptar una liquidación voluntaria, con la promesa de primero liquídate y después te recontratamos. Pero pasaron semanas y se acumularon los meses y el engaño quedó al desnudo y finalmente demandaron la figura de patrón sustituto en la JFCA. La suma de ambos segmentos de trabajadores asciende a 30 mil 10 trabajadores que representan 68.6 por ciento de los 43 mil 720.
2. Como se recordará el punto de partida de la agresión fascista en contra del SME fue la negativa de toma de nota a la mitad del Comité Central y Comisiones Autónomas encabezada por su secretario general Martín Esparza Flores. Como esta violación a la autonomía y libertad sindical no prosperó, pues la base del SME cerró filas, dejando sola a la fracción sindical disidente promovida y apoyada por Calderón y Lozano, el primero de diciembre de 2009 el presidente de la JFCA emitió un laudo declarando la nulidad del proceso electoral del SME y condenando al SME a reponer las elecciones. Sin embargo, el 19 de marzo de 2010 el quinto tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito resolvió dar la razón a la queja presentado por la dirección del SME, otorgándole una suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que actualmente se encuentran hasta en tanto se resuelva el fondo del asunto en el juicio de amparo (pg. 34 y 35). En palabras llanas reconocieron que Martín Esparza Flores y 12 miembros de la dirección del SME continúan ocupando sus cargos sindicales. Esta suspensión provisional implicó un durísimo golpe al objetivo de Calderón-Lozano de dejar sin cabeza al SME.
3. El 24 de marzo pasado, mediante el comunicado de prensa 082/2010 la SCJN informó que su segunda sala determinó reasumir su competencia originaria para conocer y resolver el amparo interpuesto por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y agremiados, radicado en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. La decisión la fundó por tratarse de un asunto de importancia excepcional, pues involucra el análisis del artículo 16 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como el estudio de la constitucionalidad del Decreto por el que se extingue el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro. Agregando que la resolución que se tome sobre la constitucionalidad de los preceptos reclamados es también trascendente, pues el criterio que en su caso llegue a sustentarse repercutirá de manera excepcional en la solución de casos futuros (las cursivas son mías -dice Almazan) y precisando que no es impedimento a lo anterior, el que en el caso de hayan formulado agravios en los que se combate el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito, los cuales en principio debieran ser analizados por el Tribunal Colegiado respectivo. Por supuesto esta decisión de la SCJN constituyó también un revés al propósito de Calderón-Lozano que, en días previos y a través de la PGR buscaran, infructuosamente, que la SCJN ejerciera su facultad de atracción, para separar la materia constitucional de la laboral y de esta forma extender la duración del conflicto.
4. La creación del grupo plural de diputados el 25 de marzo introdujo un elemento que el gobierno de Calderón había descartado, desde que en noviembre de 2009 la Cámara de Diputados abdicó de su facultad constitucional de interponer una controversia constitucional en contra del decreto de extinción de LFC. El rompimiento de la alianza entre el PRI y el PAN abrió la posibilidad de creación del grupo de diputados, que sin embargo fue boicoteada por el PAN, pues distorsiona y altera los planes originales de Calderón-Lozano, al permitir supervisar y monitorear todo el asqueroso y corrupto proceso de extinción de LFC y entre cuyas funciones está la de coadyuvar en la búsqueda de una solución política, negociada, legal y constitucional al conflicto electricista.
Con estos elementos a su favor el SME ha resuelto ir a una huelga de hambre masiva, que por supuesto contará con el respaldo de amplios sectores del pueblo de México y de decenas de movimientos de resistencia social en todo el país. En rechazo al decreto de extinción de LFC y por una solución justa y digna, apegada al marco constitucional y legal.
Nota del Grokz: Como siempre, Almazán llena esos huecos que de repente se forman a la falta de una visión clara de la ley y su aplicación, estos vericuetos, son los que ha utilizado el gobierno para tratar de hacer valer su fuerza, amparado en las mismas leyes. Habrá que decir que dentro de todo este proceso hay personas que no estan de acuerdo con el ilegal decreto y que desde afuera estaran haciendo lo propio, con la finalidad de echar para atras este arbitrario acto de ya muy clara ilegalidad, no solo para los trabajadores miembros del SME, sino para toda la clase trabajadora mexicana. Hasta la victoria siempre!!!
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