Nacional - Viernes, 28 de octubre de 2011La Declaración de Ginebra, una iniciativa diplomática impulsada por Suiza, confirmó en un informe mundial sobre la violencia armada que la línea dura adoptada por la administración de Felipe Calderón contra los narcotraficantes ha llevado a la violencia en México a niveles más altos que en muchas zonas de guerra y cuestionó el “éxito” de la decisión tomada hace cinco años por el actual inquilino de Los Pinos. También en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia, denunció el estado de “inseguridad atroz” que prevalece en su país, en donde, aseguró, la impunidad sigue siendo la norma y la justicia la excepción. Mientras que en el Senado mexicano, el líder moral del PRD, Cuauhtémoc Cárdenas, en un abierto doble juego, criticó la estrategia calderonista, la infiltración de agentes estadounidenses en grupos delictivos y demandó retirar al Ejército de la lucha frontal contra el crimen organizado. Pero, la secretaria de Estado de EU, Hillary Clinton, insiste en equiparar a los carteles mexicanos de las drogas con terrorista, con lo que se mantiene intocable la ejecución operativa del Plan México o “Iniciativa Mérida”, diseñado por el gobierno de George W. Bush y mantenido cabalmente por Barack Obama.
A pesar del enorme daño a México por la estrategia impuesta a Felipe Calderón por los Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes, que privilegia el uso de las fuerzas armadas en funciones que no les corresponden, ni para las cuales se encuentran preparadas, y en donde el comando de las acciones contra los capos mexicanos está a cargo de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, con la DEA a la cabeza, ésta no es modificada ni será modificada en el corto plazo; es más existe la amenaza de mantenerla por otros seis años si las elecciones presidenciales del 2012 son ganadas por el PAN, por el PRI, o por una alianza PAN-PRD, pues así lo han manifestado los aspirantes a la Primera Magistratura de México. Sólo si una coalición de partidos de izquierda, encabezada por el principal líder opositor del país, Andrés Manuel López Obrador, se impone en los próximos comicios federales, habrá realmente una revisión de la estrategia seguida durante más de cinco años y, lo más importante, se examinará la colaboración con los Estados Unidos en esta guerra irregular que ha llenado de sangre el territorio mexicano.
Mientras, la guerra continuará en las mismas condiciones, no obstante que organismos internacionales la reprueben y organizaciones civiles se movilicen y desgasten exigiendo a Calderón una variación en la misma, la cual, visto está no se dará gracias a la complicidad de los otros dos poderes, el Legislativo y el Judicial, quienes no han servido de contrapeso al poder del michoacano y muchos menos han cuestionado severamente el desarrollo de su principal proyecto de gobierno: hacer el trabajo sucio de los Estados Unidos para controlar el flujo y el consumo de estupefacientes a territorio estadounidense y garantizar que las exorbitantes ganancias de este ilícito se “laven” en el sistema financiero de ese país. Ni los diputados, ni los senadores, ni los ministros del Poder Judicial han ejercido plenamente sus funciones para parar la masacre que representa la guerra de las fuerzas armadas contra los cárteles de la droga y el enfrentamiento entre esos grupos delictivos entre sí para controlar las rutas y la producción de estupefacientes.
El fracaso de Calderón en “su” guerra contra los narcotraficantes fue exhibido una vez más en el plano internacional. El informe mundial sobre la violencia de la Declaración de Ginebra confirma que las muertes en México por la violencia generada por el narcotráfico han aumentado desde que Calderón asumió el cargo en diciembre de 2006, dañando el apoyo ciudadano de su Partido Acción Nacional (PAN) y tensionado la relaciones con Estados Unidos. Subraya que algunas ciudades y regiones de México padecen niveles extraordinariamente altos de violencia, más altos que los que se encuentran en muchas zonas de guerra”, y ubica a Ciudad Juárez, Chihuahua, como el epicentro de la violencia del narcotráfico. Reporta que más de 44 mil personas han muerto en esta oleada de violencia –aunque reportes actualizados hablan de más de 56 mil- en la segunda economía más grande de América Latina desde que el mandatario panista declaró la guerra a las bandas de narcotraficantes.
Lo más importante para la comunidad internacional y para la opinión pública de México es que el reporte de la Declaración de Ginebra cuestiona los resultados de la guerra abierta del Estado mexicano contra los cárteles de las drogas, al calificarlos de ”ambiguos” toda vez que “si bien los cárteles de las drogas se han debilitado y dividido, como resultado de luchas y reacomodo del poder, esto ha dado lugar a episodios de violencia aún más evidentes”. Además, esta escalada ha generado tensión en las relaciones de México con Estados Unidos al grado de que el gobierno mexicano ha pedido a su similar estadounidense que ponga freno a la gran cantidad de armas utilizadas por bandas de drogas en México y que provienen desde el norte de la frontera.
Funcionarios mexicanos sostienen que el 90 por ciento de las armas utilizadas por los narcotraficantes son compradas en Estados Unidos y piden que el Congreso estadounidense reestablezca la prohibición de armas de asalto, que expiró en 2004. Las demandas mexicanas han encontrado oídos sordos en los legisladores estadounidenses de ambos partidos.
Fuente : Revista EMET
Fuente : Revista EMET
