Sindicato Mexicano de Electricistas
CFE: corrupción de clase mundial
Privatización es igual a Corrupción.
Boletín de Prensa
México, D. F., a 28 de Noviembre del 2011
La noticia de un nuevo quebranto por 1,300 millones de pesos en contra de Comisión Federal de Electricidad (CFE) es parte de un gigantesco operativo destinado al saqueo y la privatización del patrimonio energético nacional. Durante más de una década, los procesos de privatización de las empresas públicas del sector han nutrido la rapiña de la administración pública federal. Se trata del abierto despojo organizado de la renta y de los bienes nacionales por funcionarios corruptos ligados a los intereses de las empresas privadas nacionales y extranjeras que a costillas de la privatización del patrimonio de los mexicanos se enriquecen con la tolerancia y complicidad de los órganos de fiscalización de la federación, como la Secretaria de la Función Pública. Lo mismo sucede en la Comisión Federal de Electricidad que en Petróleos Mexicanos.
El fraude operado en la división noroeste, con epicentro en Sinaloa, a través de demandas amañadas para el pago de los derechos de vía, es un caso más de corrupción vinculado a Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de Operación de CFE que se suma al descubierto en el estado de Texas, Estados Unidos, que lo involucran en el soborno de empresarios norteamericanos confesos de haberle entregado cuantiosas sumas de dinero, yates y ferraris. Néstor Moreno gozó de dos años de impunidad, hasta que la PGR se vio obligada a detenerlo, para luego, a instancias de que la juez cuarta de distrito, del Distrito Federal, Taissa Cruz Parcero, que lo dejó salir libre en menos de 48 horas, para después desaparecer misteriosamente, sin que hasta la fecha las autoridades logren su reaprensión.
Los fraudes cometidos bajo el mando del ex director general de CFE, Alfredo Elías Ayub, su director de Operación Néstor Moreno Díaz, así como del Ing. Jorge Gutiérrez Vera ex director de Luz y Fuerza del Centro con la complicidad de la cabeza del Sector, la ex secretaria de SENER Georgina Kessel, quienes deben de ser investigados a fondo. El saqueo de las empresas públicas es un factor de aceleración de los mismos procesos de privatización. Paradójicamente, la mala administración y corrupción en estas empresas es también una justificación para ello. Es el caso de Luz y Fuerza, donde los funcionarios al frente de su administración subejercieron el presupuesto del organismo obstaculizando su operación, mantuvieron una política de opacidad en las adjudicaciones de contratos para las empresas privadas y se despacharon con la cuchara grande en el otorgamiento de salarios y jubilaciones para su personal de confianza. El Ing. Jorge Gutiérrez Vera debería rendir cuentas ante las autoridades sobre todos estos asuntos.
La extinción de Luz y Fuerza es un caso de privatización forzosa a partir de un decreto administrativo del poder ejecutivo que buscó desaparecer un organismo público descentralizado propiedad de la nación, trasgrediendo la legalidad republicana y pasando por encima de la Ley Federal del Trabajo. La extinción ilegal de Luz y Fuerza se convirtió en el botín del sexenio. A la fecha no hay inventarios del valor de los activos de Luz y Fuerza, no hay rastro del patrimonio industrial de su infraestructura y normas técnicas de operación fruto de la ingeniería mexicana, sus pasivos laborales no coinciden con los registrados en la última sesión de la Junta de Gobierno; no hay huella del fondo de reserva de jubilación, lo que constituye un fraude financiero de los administradores de Luz y Fuerza con la complicidad del Gobierno Federal; existe un incalculable daño patrimonial en el retiro de la red aérea de cobre en baja tensión, por su reemplazo de conductor de aluminio para garantizar el monopolio de la red de fibra óptica en manos de las televisoras, y por si fuera poco, se quedaron con las pertenencias de 44 mil trabajadores.
En relación a la información publicada por el diario Reforma que aborda el tema de las jubilaciones del personal de confianza de Luz y Fuerza “Da LyF pensiones de 400 mil”, falto mencionar que algunos ex directores del organismo y funcionarios de primer nivel como subdirectores obtuvieron su jubilación con dos o tres años de antigüedad en la empresa. Ejemplos: Mariano Piña Olaya quien fue director de LyFC de 1993 a 1995 y el C.P. José Merino Mañón 1996 a 1998.
Es indudable que la corrupción en las empresas públicas del sector energético ha sido auspiciada por los procesos de privatización y solapada por las más altas autoridades del Gobierno que han hecho caso omiso a las reiteradas denuncias presentadas por el miembros del poder legislativo, medios de comunicación y también del Sindicato Mexicano de Electricistas. Es hasta ahora que en el marco de la coyuntura de la sucesión presidencial se dan a conocer los fraudes y supuestamente se toman cartas en el asunto. Se debería ir a fondo sin distinción de colores partidistas.
Por ejemplo, se debería investigar a fondo el epicentro de la corrupción en CFE que precisamente está en los contratos leoninos firmados por CFE para adquirir la energía eléctrica generada por empresas particulares. A más de ser inconstitucionales, no existen razones técnicas que los justifiquen. CFE cuenta con la suficiente capacidad de generación, y los recursos propios, para satisfacer nuestras necesidades de energía eléctrica.
En los contratos con los Productores Independientes de Energía (PIE´s), CFE se compromete a pagarles los costos fijos de la inversión más intereses, la compra asegurada del total de su generación, (aun teniendo el mayor costo por kilowatt), abastecerles del gas necesario para su funcionamiento, además de muchas otras contraprestaciones. Operan ganando por partida doble, primero por la venta de energía que al país le cuesta más de 67 mil millones de pesos anuales. Pero también a través de esquemas de inversión conocidos como PIDIREGAS (Proyectos de Impacto Diferido en el Registro del Gasto), en donde el Estado mexicano asume el riesgo de la inversión y se compromete a pagarles un total de 273 mil 098 millones de pesos por concepto de amortizaciones y 131 mil 507 millones por concepto de intereses. Negocio redondo para las multinacionales. Además, por si faltara algo, el estado mexicano se compromete a pagar anticipadamente a los inversionistas el valor de sus activos en caso de cualquier tipo de incumplimiento. En otro renglón, investigar el contrato de abastecimiento de gas importado desde el Perú con la empresa Española Repsol que encierra jugosas ventajas para la trasnacional.
Aquí reside el meollo del saqueo que hemos venido denunciando y por el cual el gobierno, apoyado por la mayoría de los partidos políticos, intentaron destruir a nuestra organización sindical.
Insistimos en señalar en que los contratos CFE-PIE´s, son inconstitucionales y el Pueblo Mexicano no tiene por qué pagar su onerosa carga. La corrupción en CFE solo terminará cuando cese el intento de privatizar el sector eléctrico y cuente con un Sindicato Independiente y Democrático.
FRATERNALMENTE
“Por el derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna
Secretario del Exterior
Sindicato Mexicano de Electricistas
