SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. OPERACION SUBESTACIONES en Resistencia - Ni un Renunciado más, Llevamos más de 5 años de resistencia y vamos por la Victoria!
lunes, 31 de diciembre de 2012
sábado, 29 de diciembre de 2012
Persisten las dudas en la extinción de Luz y Fuerza
EN:ARTICULISTAS FECHA:29 DICIEMBRE, 2012
Las interrogantes no caducan
Las interrogantes no caducan
Martín Esparza Flores
En el Informe de Rendición de Cuentas 2006-2012 de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), signado por Jaime González Aguade, último director de la paraestatal en el pasado sexenio, se establece con claridad el marco jurídico que en lo constitucional y en lo legislativo rige a la industria eléctrica nacional y a los organismos encargados de operarla.
Son los artículos 27 y 28 de nuestra Carta Magna los que norman el manejo, por parte del Estado, de los recursos estratégicos como la electricidad y cuya función al respecto no constituye monopolio alguno. El párrafo cuarto del 28 indica que el Gobierno federal debe mantener siempre la propiedad y el control sobre los organismos que en su caso se establezcan.
De igual forma, en la fracción X del artículo 73 se dicta que el Congreso tiene la facultad para legislar en toda la república sobre energía eléctrica; y en la fracción I del artículo 89 se prevé como facultad del Ejecutivo promulgar y ejecutar las leyes que expida el Poder Legislativo, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia.
Es la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica la que regula todas y cada una de las actividades del sector, así como aquéllas que no se consideran servicio público y determina la naturaleza jurídica y la organización de entidades como la CFE y la extinta Luz y Fuerza del Centro; la primera creada a instancias del presidente Lázaro Cárdenas en 1937, y la segunda surgida de la iniciativa enviada por Carlos Salinas de Gortari al Congreso, durante su gobierno, mediante la cual diputados y senadores aprobaron las reformas al artículo cuarto transitorio de dicha ley para disponer la creación de un nuevo organismo que atendiera la zona centro del país, con base en las facultades que otorga al Legislativo la fracción X del artículo 73.
Es el momento que, en el contexto de un naciente gobierno, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) responda de cara a millones de mexicanos los motivos que llevaron a sus integrantes a declarar constitucional el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro emitido en octubre del 2009 por Felipe Calderón, cuando la facultad para operar los cambios en LFC no recaía en el ámbito de sus atribuciones sino en las del Congreso de la Unión, tal y como lo establece el marco constitucional.
Pero también subsisten otras interrogantes a dilucidar, entre ellas: ¿quién supervisó la actuación administrativa del Ejecutivo y los miembros de la Junta de Gobierno que controlaban, en su caso, LFC?; ¿cuándo este órgano de gobierno sesionó para declarar como insostenible financieramente el organismo público descentralizado?; ¿quién se tomó la molestia de fiscalizar a los miembros de la Junta de Gobierno?; ¿en qué manos quedaron los archivos históricos, tanto técnicos como financieros de Luz y Fuerza, así como sus inventarios?; ¿a cuánto ascendía el patrimonio de la extinta entidad?; ¿a cuánto asciende el Fondo de Previsión Social?
Estas interrogantes al igual que los temas de orden administrativos no caducan al término de una administración federal, por lo que debe abrirse un debate nacional para inducir la rendición de cuentas de los responsables y determinar con claridad a la sociedad la pésima administración de Felipe Calderón y su séquito de corifeos como la entonces secretaria de Energía, Georgina Kessel y su secretario del Trabajo, Javier Lozano, sin faltar, por supuesto, los miembros de la Junta de Gobierno de LFC, que además entregaron a particulares el millonario negocio de la fibra óptica.
Es momento de que la SCJN asuma su papel como máximo representante del Poder Judicial para lograr que tanto el Legislativo y como el Ejecutivo respeten sus funciones establecidas en nuestra Constitución, producto de una revolución armada que costó más de un millón de vidas. Sólo respetando el marco constitucional podremos alcanzar un país democrático, con libertad y con justicia social. Los ministros tienen en sus manos el resolver un conflicto que lleva más de tres años, donde los únicos afectados han sido los trabajadores del SME, los usuarios y el pueblo de México.
El Gobierno boliviano expropia cuatro filiales a la española Iberdrola
Evo Morales indicó que estas medidas pretenden equilibrar "las tarifas de servicio eléctrico"
Publicado: 29 dic 2012
El presidente boliviano, Evo Morales, decretó la expropiación de las acciones de la compañía española Iberdrola en dos distribuidoras de energía eléctrica en las regiones de La Paz y Oruro, en una empresa de servicios y en una gestora de inversiones.
“Nos hemos visto obligados a tomar esta medida para que las tarifas de servicio eléctrico sean equitativas en el departamento de La Paz y Oruro y la calidad de servicio eléctrico sea uniforme en el área rural y urbana”, afirmó Morales.
Las compañías expropiadas son dos de las principales distribuidoras de electricidad, la Empresa de Electricidad de La Paz (Electropaz) y la Empresa de Luz y Fuerza de Oruro (Elfeo), además de la empresa de servicios Edeser y una gestora de inversiones.
Iberdrola, a través de su filial Iberbolivia, posee el 89,5% de las acciones en Electropaz y el 92,8% en Elfeo. Según el decreto leído por Morales, la estatal Empresa Nacional de Electricidad asumirá el control de las cuatro empresas nacionalizadas en representación del Estado boliviano.
Al igual que en anteriores expropiaciones, se dispuso también que la compensación a Iberdrola provendrá de una tasación realizada por una “empresa independiente (…) en el plazo de 180 días hábiles”.
actualidad RT
Diputados se regalan 130 autos con cargo al erario público
Serán 130 vehículos Corolla para legisladores de todas las fracciones con la agencia Toyota, de Polanco, para un arrendamiento.
130 automóviles serán repartidos entre 56 comisiones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con lo cual destinarán 57 millones de pesos para contrato de arrendamiento financiero.
El diario Reforma informó que al regreso de vacaciones decembrinas, la Cámara de Diputados tiene preparado un regalo de Reyes Magos a los legisladores: un auto último modelo.
A principios de este mes, el Comité de Administración de la Cámara autorizó el gasto y el 17 de diciembre pasado se firmó el contrato con la agencia Toyota, de Polanco, para el arrendamiento de vehículos modelo Corolla.
Los senadores también recibieron un bono de 250 mil pesos para adquirir un vehículo y por ello aumentaron las presiones al interior de las fracciones para dotar de autos nuevos a los diputados, añadió Reforma.
Además, como parte del programa permanente de renovación vehicular, prevén adquirir más unidades en los próximos meses.
Los 130 automóviles serán repartidos, en primer lugar, entre 56 comisiones y, aunque ya cuentan con vehículos a su servicio, otros se otorgarán a cada uno de los siete integrantes de la Junta de Coordinación Política y los 11 de la Mesa Directiva.
Al terminar el plazo de arrendamiento, ofrece la opción de comprar el vehículo a un precio simbólico de uno por ciento del valor factura.
Las unidades, tienen un precio de lista de 246 mil 300 pesos con:
Transmisión automática de cuatro velocidades
Audio AM/FM, CD sencillo, lector de MP3 y 4 bocinas
Faros de halógeno multi-reflectores
Motor 1.8L, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC
Una potencia de 132 hp
Bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina.
Aristegui Noticias
130 automóviles serán repartidos entre 56 comisiones, la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados con lo cual destinarán 57 millones de pesos para contrato de arrendamiento financiero.
El diario Reforma informó que al regreso de vacaciones decembrinas, la Cámara de Diputados tiene preparado un regalo de Reyes Magos a los legisladores: un auto último modelo.
A principios de este mes, el Comité de Administración de la Cámara autorizó el gasto y el 17 de diciembre pasado se firmó el contrato con la agencia Toyota, de Polanco, para el arrendamiento de vehículos modelo Corolla.
Los senadores también recibieron un bono de 250 mil pesos para adquirir un vehículo y por ello aumentaron las presiones al interior de las fracciones para dotar de autos nuevos a los diputados, añadió Reforma.
Además, como parte del programa permanente de renovación vehicular, prevén adquirir más unidades en los próximos meses.
Los 130 automóviles serán repartidos, en primer lugar, entre 56 comisiones y, aunque ya cuentan con vehículos a su servicio, otros se otorgarán a cada uno de los siete integrantes de la Junta de Coordinación Política y los 11 de la Mesa Directiva.
Al terminar el plazo de arrendamiento, ofrece la opción de comprar el vehículo a un precio simbólico de uno por ciento del valor factura.
Las unidades, tienen un precio de lista de 246 mil 300 pesos con:
Transmisión automática de cuatro velocidades
Audio AM/FM, CD sencillo, lector de MP3 y 4 bocinas
Faros de halógeno multi-reflectores
Motor 1.8L, 4 cilindros, 16 válvulas DOHC
Una potencia de 132 hp
Bolsas de aire frontales y laterales tipo cortina.
Aristegui Noticias
Busca libertad absoluta ex mando de la CFE recién excarcelado bajo fianza
Se acusa a Moreno Díaz de dar contratos ilícitos a cambio de $33 millones
Periódico La Jornada
Sábado 29 de diciembre de 2012, p. 15
Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se encuentra sujeto a proceso penal por cohecho y enriquecimiento ilícito, presentará varios testigos de descargo en las próximas semanas ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal, informaron sus abogados.
Moreno Díaz deberá acudir cada lunes a firmar el libro de procesados, y en caso de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión, pues los juicios siguen su curso y no se le ha dictado sentencia firme.
Los abogados consultados indicaron que al haber obtenido la libertad bajo fianza, la condena de Moreno Díaz podría ser pagar la reparación del daño causado al erario federal, en caso de que se demuestre que otorgó contratos ilícitamente a la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company, a cambio de lo cual habría obtenido más de 33 millones de pesos.
Independientemente de que en los próximos días se resolverá la apelación promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) para que se revoque la libertad bajo fianza al ex funcionario de la CFE, sus abogados continuarán aportando pruebas para que se decrete su libertad absoluta.
El pasado 7 de abril, elementos de la Policía Federal detuvieron a Moreno Díaz en un Centro comercial de Hermosillo, Sonora, y fue puesto a disposición del juzgado cuarto de distrito en materia penal; aunque la PGR solicitó que no se le concediera libertad bajo fianza, la autoridad judicial accedió a la petición que realizó la defensa del ex funcionario federal.
La Jornada
Periódico La Jornada
Sábado 29 de diciembre de 2012, p. 15
Néstor Félix Moreno Díaz, ex director de operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien se encuentra sujeto a proceso penal por cohecho y enriquecimiento ilícito, presentará varios testigos de descargo en las próximas semanas ante el juzgado cuarto de distrito en materia penal, informaron sus abogados.
Moreno Díaz deberá acudir cada lunes a firmar el libro de procesados, y en caso de no hacerlo se ordenaría su reaprehensión, pues los juicios siguen su curso y no se le ha dictado sentencia firme.
Los abogados consultados indicaron que al haber obtenido la libertad bajo fianza, la condena de Moreno Díaz podría ser pagar la reparación del daño causado al erario federal, en caso de que se demuestre que otorgó contratos ilícitamente a la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company, a cambio de lo cual habría obtenido más de 33 millones de pesos.
Independientemente de que en los próximos días se resolverá la apelación promovida por la Procuraduría General de la República (PGR) para que se revoque la libertad bajo fianza al ex funcionario de la CFE, sus abogados continuarán aportando pruebas para que se decrete su libertad absoluta.
El pasado 7 de abril, elementos de la Policía Federal detuvieron a Moreno Díaz en un Centro comercial de Hermosillo, Sonora, y fue puesto a disposición del juzgado cuarto de distrito en materia penal; aunque la PGR solicitó que no se le concediera libertad bajo fianza, la autoridad judicial accedió a la petición que realizó la defensa del ex funcionario federal.
La Jornada
Calderón elevó la deuda pública neta a su máximo histórico: Hacienda
Durante su sexenio el aumento fue de 168%; los compromisos con el exterior, por 123 mil 100 mdd.
Israel Rodríguez
Publicado: 29/12/2012 09:28
México, DF. La política de endeudamiento ejercida durante la administración del ex presidente Felipe Calderón llevó al país a fijar sus débitos interno y externos netos del sector público federal en un máximo nivel histórico de 3 billones 567 mil 800 millones de pesos y de 123 mil 100 millones de dólares, en ese orden.
Sólo entre enero y noviembre de 2012, los saldos de la deuda interna y externa netas del sector público federal, que incluye la del gobierno, organismos y empresas y la banca de desarrollo, aumentaron en 309 mil 400 millones de pesos y en 9 mil 500 millones de dólares, respectivamente.
Informe sobre finanzas públicas
Así, la deuda interna del sector público federal al cierre de noviembre se ubicó en un máximo de 3 billones 567 mil 800 millones de pesos, y la deuda externa neta fue de 123 mil 100 millones de dólares, reveló este viernes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su Informe sobre finanzas públicas y la deuda pública a noviembre de este año.
Es importante señalar que durante noviembre de 2006 y noviembre de 2012, el saldo de la deuda interna registró un crecimiento de 2 billones 241 mil 100 millones de pesos, un incremento de 168 por ciento, al pasar de un billón 326 mil 737.3 millones a 3 billones 567 mil 800 millones de pesos.
Por su parte, la deuda externa neta del sector público federal registró un aumento de 146.6 por ciento, equivalente a 73 mil 200 millones de dólares, al pasar en noviembre de 2006 de 49 mil 919.1 millones a 123 mil 100 millones de dólares, según revela el informe oficial.
Sector público federal
Sólo entre enero y noviembre de 2012, la deuda interna neta del sector público federal que incluye al gobierno, Petróleos Mexicanos (Pemex), Comisión Federal de Electricidad y banca de desarrollo registró un incremento de 309 mil 400 millones de pesos respecto del saldo reportado al cierre de 2011. Lo anterior como resultado de un endeudamiento interno neto de 484 mil 300 millones de pesos, a ajustes contables al alza de 40.4 mil millones de pesos y a un incremento en las disponibilidades del sector público federal de 215 mil 300 millones de pesos.
En tanto, a noviembre de 2012, el saldo de la deuda externa neta del sector público federal creció en 9 mil 500 millones de dólares frente al cierre de 2011. Esto se explica por un endeudamiento neto de 8 mil 100 millones de dólares, ajustes contables al alza por 300 millones de dólares y el uso de las disponibilidades del sector público federal por mil 100 millones de dólares.
Por otro lado, a noviembre de 2012, se produjo un déficit público total de 204 mil 500 millones de pesos. Al excluir la inversión de Pemex se observa un superávit de 51 mil 900 millones de pesos. Ambos resultados son congruentes con el déficit presupuestario aprobado para el año, asegura en su informe la SHCP.
Los ingresos presupuestarios del sector público ascendieron a 3 billones 215.7 mil millones de pesos, cifra superior en 7.6 por ciento en términos reales a la registrada en el mismo periodo del año anterior, cuando se fijaron en 2 billones 989 mil 100 millones de pesos.
Los ingresos tributarios no petroleros ascendieron a un billón 386.2 mil millones de pesos y resultaron superiores en 2.7 por ciento en términos reales a los asentados en el mismo periodo del año anterior. Al ajustar la recaudación por la derogación del impuesto sobre tenencia, los ingresos tributarios no petroleros aumentan 3.7 por ciento real. La recaudación del IVA, del impuesto a las importaciones, del IEPS y del sistema renta (ISR-IETU-IDE) aumentó 6.9, 3.7, 2.6 y 1.7 por ciento real, respectivamente.
Los ingresos petroleros –que comprenden los ingresos propios de Pemex, el impuesto especial sobre productos y servicios (IEPS) de gasolinas y diesel, los derechos sobre hidrocarburos y el impuesto a los rendimientos petroleros– ascendieron a un billón 80.9 mil millones de pesos y resultaron mayores en 3.8 por ciento en términos reales a los del mismo periodo de 2011.
Mezcla mexicana de crudo
Este resultado se explica, principalmente, por el mayor precio promedio de exportación de la mezcla mexicana de petróleo (103.3 dólares por barril, comparado con 98.4 dólares por barril durante el mismo periodo del año anterior) y la depreciación observada del tipo de cambio (4.4 por ciento), efectos que se compensan parcialmente con el menor precio promedio del gas natural en 34.2 por ciento y la menor plataforma de producción de petróleo crudo en 0.3 por ciento, todos respecto del mismo lapso del año anterior.
Los ingresos de las entidades de control presupuestario directo distintas de Pemex ascendieron a 544.4 mil millones de pesos, lo que representó un incremento de 9.7 por ciento real respecto del mismo periodo del año anterior.
Esto se explica por mayores ventas de energía eléctrica, contribuciones a la seguridad social e ingresos diversos.
Los ingresos no tributarios al margen del petróleo fueron de 204.2 mil millones de pesos, monto superior en términos reales en 101.8 por ciento al registrado en igual periodo del año anterior, debido a mayores ingresos no recurrentes y a derechos respecto de los obtenidos el año anterior, así como a un cambio en la estacionalidad de los mismos.
Durante enero-noviembre de este año, el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a 3 billones 423.4 mil millones de pesos, monto superior en 6.5 por ciento en términos reales al observado en el mismo periodo de 2011.
La Jornada
Promueven campaña de amparos contra la reforma laboral aprobada recientemente
La expectativa es que antes del 10 de enero se hayan interpuesto un millón de estos recursos
Pueden presentarse en dos modalidades: por el secretario general de un sindicato o a título personal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de diciembre de 2012, p. 17
Manuel Fuentes, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien forma parte de los litigantes que promueven la campaña de amparos en contra de la reforma laboral, aseguró que esta semana ya comenzaron a interponerse algunos amparos en contra de los cambios hechos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y añadió que la expectativa es que antes del 10 de enero de 2013 se hayan interpuesto cerca de un millón de estos recursos.
En entrevista, el abogado laboralista acotó también que los referidos cambios hechos por el Congreso a la legislación laboral no sólo afectarán a los trabajadores del apartado A, sino que también tendrán efectos en los del apartado B y en quienes laboran para los gobiernos estatales y municipales, pues se usará como referencia.
La reforma deja en la indefensión a los trabajadores, y eso afectará no sólo a los del apartado A, sino también a los del B y a los de los municipios y estados, porque esta legislación es una ley de referencia en materia laboral para todos los casos de manera supletoria, es decir, en lo no previsto en otras leyes. Es una ley eje, de referencia para todas las demás. En el país hay 31 leyes estatales laborales que rigen para trabajadores del Estado y municipios, y hay dos leyes federales, la del apartado A, que se reformó, y la del B, la ley burocrática, explicó.
Fuentes apuntó que los formatos de amparo están “disponibles en la página electrónica www.amparoreformalaboral.com y tenemos conocimiento de que ya en diversas partes del país varios sindicatos están recabando fimas para presentar amparos en forma colectiva”. Añadió que a través de los formatos se pueden interponer dos tipos de amparos; uno que pueden presentar los secretarios generales de sindicatos y otro lo pueden presentar los trabajadores en lo personal, sean o no sindicalizados.
Agregó que los amparos se interponen ante un juez de distrito en materia del trabajo, y remarcó que cada trabajador que desee presentarlo será asesorado gratuitamente por los litigantes que integran esta iniciativa en contra de la reforma laboral.
Destacó que los interesados deben acreditar ser trabajadores y añadió que el fin del amparo es echar a atrás la reforma por ser inconstitucional, por violar cerca de 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos y afectar gravemente la estabilidad en el empleo, entre otras situaciones.
Confió en que los recursos prosperen, pues con el amparo que se presenta se obliga a los jueces a revisar de oficio estas violaciones a los tratados internacionales.
El abogado también criticó que la reforma proponga alargar más los juicios laborales, pues explicó que algunas modificaciones a la LFT plantean que la primera audiencia se divida en dos fases, una de demanda y excepciones y otra de ofrecimiento de pruebas. Comentó que antes esto se llevaba en una sola etapa; prolongar los juicios va en contra de que la justicia sea pronta y expedita.
La Jornada
Pueden presentarse en dos modalidades: por el secretario general de un sindicato o a título personal
Periódico La Jornada
Sábado 29 de diciembre de 2012, p. 17
Manuel Fuentes, integrante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), quien forma parte de los litigantes que promueven la campaña de amparos en contra de la reforma laboral, aseguró que esta semana ya comenzaron a interponerse algunos amparos en contra de los cambios hechos a la Ley Federal del Trabajo (LFT) y añadió que la expectativa es que antes del 10 de enero de 2013 se hayan interpuesto cerca de un millón de estos recursos.
En entrevista, el abogado laboralista acotó también que los referidos cambios hechos por el Congreso a la legislación laboral no sólo afectarán a los trabajadores del apartado A, sino que también tendrán efectos en los del apartado B y en quienes laboran para los gobiernos estatales y municipales, pues se usará como referencia.
La reforma deja en la indefensión a los trabajadores, y eso afectará no sólo a los del apartado A, sino también a los del B y a los de los municipios y estados, porque esta legislación es una ley de referencia en materia laboral para todos los casos de manera supletoria, es decir, en lo no previsto en otras leyes. Es una ley eje, de referencia para todas las demás. En el país hay 31 leyes estatales laborales que rigen para trabajadores del Estado y municipios, y hay dos leyes federales, la del apartado A, que se reformó, y la del B, la ley burocrática, explicó.
Fuentes apuntó que los formatos de amparo están “disponibles en la página electrónica www.amparoreformalaboral.com y tenemos conocimiento de que ya en diversas partes del país varios sindicatos están recabando fimas para presentar amparos en forma colectiva”. Añadió que a través de los formatos se pueden interponer dos tipos de amparos; uno que pueden presentar los secretarios generales de sindicatos y otro lo pueden presentar los trabajadores en lo personal, sean o no sindicalizados.
Agregó que los amparos se interponen ante un juez de distrito en materia del trabajo, y remarcó que cada trabajador que desee presentarlo será asesorado gratuitamente por los litigantes que integran esta iniciativa en contra de la reforma laboral.
Destacó que los interesados deben acreditar ser trabajadores y añadió que el fin del amparo es echar a atrás la reforma por ser inconstitucional, por violar cerca de 30 tratados internacionales en materia de derechos humanos y afectar gravemente la estabilidad en el empleo, entre otras situaciones.
Confió en que los recursos prosperen, pues con el amparo que se presenta se obliga a los jueces a revisar de oficio estas violaciones a los tratados internacionales.
El abogado también criticó que la reforma proponga alargar más los juicios laborales, pues explicó que algunas modificaciones a la LFT plantean que la primera audiencia se divida en dos fases, una de demanda y excepciones y otra de ofrecimiento de pruebas. Comentó que antes esto se llevaba en una sola etapa; prolongar los juicios va en contra de que la justicia sea pronta y expedita.
La Jornada
Diputados: año nuevo, auto nuevo
29 DE DICIEMBRE DE 2012
MÉXICO, D.F. (proceso.com.mx).- El año que está por iniciar traerá a los diputados el privilegio de estrenar un automóvil nuevo, para lo cual la Cámara destinará 57 millones de pesos.
Con ese dinero, de acuerdo con información del diario Reforma, se pagará el contrato de arrendamiento para adquirir 130 vehículos en los primeros días de 2013.
Antes de que los legisladores se fueran de vacaciones, el Comité de Administración de la Cámara aprobó dicho gasto y el contrato se firmó con la agencia Toyota Polanco, para el arrendamiento de vehículos modelo Corolla.
La Junta de Coordinación analizó primeramente la posibilidad de comprar autos para todos los diputados, órganos de Gobierno, comisiones y bancadas, y al final se decidió recurrir al arrendamiento financiero.
Luego de que a los senadores se les otorgó un bono de 250 mil pesos para adquirir un vehículo, los diputados comenzaron a presionar para que ellos también pudieran estrenar auto.
No obstante, la Junta de Coordinación analizó el impacto mediático por la compra de unidades para los 500 legisladores y optó por el contrato de arrendamiento financiero que ofrece Toyota.
Los primeros beneficiados con los vehículos nuevos serán los legisladores que conforman 56 comisiones quienes por cierto ya cuentan con unidades a su servicio, pero se les dará otra a cada uno de los integrantes de la Junta de Coordinación Política y a los 11 de la Mesa Directiva.
El resto de los autos se repartirán entre los grupos parlamentarios, según su presencia en San Lázaro.
Por si fuera poco, la Cámara de Diputados también pretende, en los próximos meses, comprar más autos como parte de su programa permanente de renovación vehicular, agrega Reforma.
viernes, 28 de diciembre de 2012
Legisladores promueven la austeridad pero se autorizan más salario y prestaciones
Cada diputado federal tendrá un sueldo base de $105 mil 378 al mes
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3
El Congreso ejercerá 961 millones de pesos más el próximo año respecto a su gasto de 2012, y prácticamente llegará a un presupuesto de 12 mil millones, de los cuales poco más de la mitad corresponden sólo a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el presupuesto que el Congreso aprobó para su operación –así como el de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados– también habrá un incremento en la dieta de diputados y senadores, así como de sus prestaciones.
El incremento del gasto se da después de un periodo de austeridad que marcó el ejercicio de la 61 Legislatura, que prácticamente ajustó el aumento de sus partidas a la inflación.
Según el anexo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, titulado Remuneración total anual del puesto de elección diputado federal, cada uno de los 500 integrantes de la 62 Legislatura tendrá un sueldo base o dieta de un millón 264 mil 536 pesos, esto es, un ingreso mensual de 105 mil 378 pesos.
A ese monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa, por 45 mil pesos, y de atención ciudadana, por 28 mil, que aun cuando son pagados a los legisladores, no son susceptibles del impuesto sobre la renta, porque no se consideran salario.
Asimismo, se prevé un aguinaldo de 198 mil 187 pesos –los actuales diputados cobraron la parte proporcional de 42 mil pesos, por su trabajo de septiembre a diciembre–; 33 mil 360 pesos de ayuda para despensa, y se les paga un seguro de gastos médicos mayores equivalente a 110 mil 610.
Para el año que está por terminar, el Poder Legislativo dispuso de un presupuesto de 10 mil 987 millones de pesos, de los cuales 5 mil 795 correspondieron al gasto de los diputados, 3 mil 506 de los senadores y mil 486 millones para la ASF, que se encarga de la fiscalización en el ejercicio del gasto.
Ahora, las dos cámaras ejercerán 11 mil 948 millones de pesos. De ese monto, 6 mil 510 serán asignados a la Cámara de Diputados (715 millones más); 3 mil 706 a la Cámara de Senadores (200 millones más), y mil 661 a la ASF.
La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 3
El Congreso ejercerá 961 millones de pesos más el próximo año respecto a su gasto de 2012, y prácticamente llegará a un presupuesto de 12 mil millones, de los cuales poco más de la mitad corresponden sólo a la Cámara de Diputados.
De acuerdo con el presupuesto que el Congreso aprobó para su operación –así como el de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que depende de la Cámara de Diputados– también habrá un incremento en la dieta de diputados y senadores, así como de sus prestaciones.
El incremento del gasto se da después de un periodo de austeridad que marcó el ejercicio de la 61 Legislatura, que prácticamente ajustó el aumento de sus partidas a la inflación.
Según el anexo 22 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2013, titulado Remuneración total anual del puesto de elección diputado federal, cada uno de los 500 integrantes de la 62 Legislatura tendrá un sueldo base o dieta de un millón 264 mil 536 pesos, esto es, un ingreso mensual de 105 mil 378 pesos.
A ese monto se agregan los conceptos de asistencia legislativa, por 45 mil pesos, y de atención ciudadana, por 28 mil, que aun cuando son pagados a los legisladores, no son susceptibles del impuesto sobre la renta, porque no se consideran salario.
Asimismo, se prevé un aguinaldo de 198 mil 187 pesos –los actuales diputados cobraron la parte proporcional de 42 mil pesos, por su trabajo de septiembre a diciembre–; 33 mil 360 pesos de ayuda para despensa, y se les paga un seguro de gastos médicos mayores equivalente a 110 mil 610.
Para el año que está por terminar, el Poder Legislativo dispuso de un presupuesto de 10 mil 987 millones de pesos, de los cuales 5 mil 795 correspondieron al gasto de los diputados, 3 mil 506 de los senadores y mil 486 millones para la ASF, que se encarga de la fiscalización en el ejercicio del gasto.
Ahora, las dos cámaras ejercerán 11 mil 948 millones de pesos. De ese monto, 6 mil 510 serán asignados a la Cámara de Diputados (715 millones más); 3 mil 706 a la Cámara de Senadores (200 millones más), y mil 661 a la ASF.
La Jornada
Busca GDF cobrar impuesto por alumbrado público
27 DE DICIEMBRE DE 2012 7 COMENTARIOS
DESTACADO
MÉXICO, D.F. (apro).- El secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal, Edgar Abraham Amador Zamora, defendió la propuesta de cobrar un impuesto por el alumbrado público, reducir el subsidio de la tenencia vehicular y tasar el pago del predial con base en el valor comercial en transacciones de compraventa, como medidas para enfrentar el hoyo financiero de 4 mil 500 millones de pesos que generó la eliminación de la tenencia en el último año fiscal.
En entrevista con Carmen Aristegui en MVS Noticias, el funcionario criticó la decisión del expresidente Felipe Calderón de eliminar por completo el impuesto de tenencia vehicular.
Eliminar ese impuesto, dijo, “fue hacer una caravana con sombrero ajeno porque la Presidencia de la República de aquel entonces presumió la eliminación de la tenencia, pero era un ingreso que iba directamente a las arcas estatales”, explicó Amador Zamora.
Añadió que dicha acción representó un “desfalco” de 4 mil 500 millones de pesos al año que ha obligado al gobierno actual a analizar diversas posibilidades para tratar de restituir la solidez de las arcas locales.
De ahí, comentó, la idea de reducir el subsidio de la tenencia vehicular, cobrar el impuesto predial con base en el valor comercial en transacciones de compraventa, y plantear la posibilidad de establecer un nuevo gravamen, el pago de derechos por alumbrado público que, acotó, ya se cobra en la mayoría de las entidades del país.
Todas esas propuestas, aclaró, salieron de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).
El titular de la Secretaría de Finanzas del GDF reconoció que no rehúye a la discusión y que sí le gustaría ver concretado el nuevo gravamen porque con ello se podría materializar un programa muy extenso de modernización de las luminarias en las delegaciones.
“La idea de origen vino de un grupo de diputados de la ALDF en la comparecencia del tesorero, de manera explícita se le preguntó al tesorero si se había explorado la posibilidad.
“Nosotros dijimos, como muchas otras posibilidades, se han explorado, sobre todo a raíz del desfalco que significó para la ciudad la eliminación de la tenencia vehicular donde perdimos cuatro mil 400 millones de pesos al año, hemos estado analizando diversas posibilidades para tratar de restituir la solidez de las arcas locales”, afirmó.
–Usó una palabra fuerte, “desfalco”, pero no aplica ¿o sí?—cuestionó Aristegui.
–En términos fiscales, de la hacienda pública es casi equivalente, son casi cuatro mil 500 millones de pesos al año.
El secretario de Finanzas del DF explicó que en el caso de que prosperara la propuesta de cobrar el derecho de alumbrado público, los capitalinos pagarían un 10% adicional que se cobraría a través de su recibo de luz.
El secretario de Finanzas del DF explicó que en el caso de que prosperara la propuesta de cobrar el derecho de alumbrado público, los capitalinos pagarían un 10% adicional que se cobraría a través de su recibo de luz.
De hecho, detalló que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya lo hace actualmente en 20 estados de la República, incluido el de México.
Además, dijo, el GDF está abierto a discutir con la Asamblea Legislativa un subsidio de la mitad o más en el caso del cobro de derecho de alumbrado público a los consumos más bajos y a la gente de menores recursos a fin de no impactar la economía familiar.
“Es un mecanismo que incentiva el ahorro de energía y en aquellos casos que tengan grandes consumos deberían verse desincentivados por este derecho. Esa es la estructura es lo que estamos platicando, no existe ninguna propuesta ni del legislativo ni del ejecutivo, estamos en mesas de trabajo”, aclaró.
En el caso de la tenencia vehicular, afirmó que sólo se reduciría el subsidio para el caso de automóviles cuyo costo es de 350 mil pesos o más a 300 mil o más, mientras que en otras entidades del país la tenencia regresará por completo.
“En otros estados regresa por completo porque las arcas estatales requieren de recursos para invertir para promover los servicios públicos”, justificó.
Afirmó que la propuesta se hizo a través de un punto de acuerdo de todas las fracciones parlamentarias de la ALDF por lo que hay unanimidad al respecto.
“Nosotros (gobierno) suscribimos, completamente compartimos ese criterio, se nos hace muy complicado explicarle a la sociedad porqué estamos subsidiando a un consumidor que compra un automóvil de 300 mil pesos que ya es lindero de lujo.
“Los subsidios deberían de servir para el transporte público por ejemplo y no para subsidiar la compra de un auto de 300 mil pesos”, señaló.
Amador Zamora señaló que de aprobarse la propuesta representará a la ciudad alrededor de 200 millones de pesos adicionales.
Hasta el PRD en contra
Dos de las propuestas para llenar el boquete financiero del GDF no han encontrado eco en la Asamblea Legislativa, incluidos varios diputados de los partidos de izquierda –PRD, PT y Movimiento Ciudadano—que de antemano expresaron su rechazo a los conceptos de impuestos por alumbrado público y el cobro del predial con base en el valor comercial del inmueble.
El diputado perredista, Eduardo Santillán Pérez señaló que aunque el concepto de impuesto por alumbrado público se cobra en 20 estados del país, en la Ciudad de México afectaría “gravemente” la economía de las familias, porque en los hechos se traduciría en un aumento del 10% en las tarifas eléctricas que cobraría la CFE.
Reconoció que es necesario redefinir la Ley de Ingresos del DF para eficientar la recaudación fiscal, pero sostuvo que instrumentar un impuesto que aumente las tarifas por consumo de electricidad resulta contrario a la postura que ha defendido el grupo parlamentario del PRD en la ALDF ante los cobros excesivos que ha hecho la CFE.
Exige Canaco a CFE en Huauchinango finalizar problemas de apagones en la zona
PUEBLA • 27 DICIEMBRE 2012
El 28 de agosto, las dirigencias nacionales signaron un convenio para atención de los comerciantes; señalan que los frecuentes cortes de energía afectan en sus ventas
Huauchinango • Ante las fallas constantes en el suministro de energía eléctrica, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Huauchinango demandó a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hacer efectivo el convenio que signó a nivel nacional con los comerciantes y prestadores de servicios turísticos agremiados a su Confederación.
A través de su presidenta María Pascuala Rodríguez Cayetano y de su secretario Eduardo Ibarra Cabrera, los miembros de la Canaco pidieron a CFE la instrumentación de medidas que ayuden a solucionar la problemática suscitada por los cortes de servicio en la región que ha afectado a los miembros del sector.
Los representantes de los comerciantes serranos indicaron que desde el pasado 28 de agosto, el presidente nacional de la Canaco, Jorge Dávila Flores, acordó con la CFE la instalación de ventanillas especiales para la atención de los socios en los casos que no hayan resuelto en las Divisiones establecidas en el país, como está sucediendo en la zona.
Reportaron que desde las primeras horas del 26 de Diciembre una falla de energía eléctrica provocó que al menos cinco comunidades de los municipios de Huauchinango y Juan Galindo se quedaran sin el servicio por un espacio de ocho horas.
Habitantes de las juntas auxiliares de Las Colonias de Hidalgo, Tenango de las Flores, Cuautlita y algunas colonias de la cabecera municipal de Huauchinango; así como Necaxa, algunas partes de Nuevo Necaxa en el municipio de Juan Galindo, sufrieron las consecuencias de la falta de mantenimiento al equipamiento que está en manos de CFE desde octubre de 2009, cuando se decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
Las bajas de voltaje han ocasionado averías tanto en electrodomésticos como en maquinaria y equipo de los comercios afiliados a la Canaco, además de las pérdidas de hasta un 90 por ciento en las ventas de tortillerías y panaderías cuando las fallas se han prolongado por más de 72 horas, indicaron los representantes de los comerciantes.
En una estimación que realizó el secretario de lo Interior del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en la División Necaxa, Domingo Aguilar Vázquez, el problema “muy seguramente se originó en un punto estratégico ubicado entre las comunidades de Huauchinango y Juan Galindo, por lo que resultaron afectadas diversas localidades de ambas demarcaciones”, aunque dijo que no se atrevería a dar un diagnostico preciso de lo sucedido.
Milenio
Censuran habitantes de zonas populares la pretensión de cobrarles algo que no tienen
Si no podemos pagar a la CFE sus tarifas excesivas, menos ahora
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 27
Habitantes de las colonias San Juan y Guadalupe Ticomán, en Gustavo A. Madero; los Pedregales, en Coyoacán, y de algunas de Iztapalapa y Tlalpan lamentaron que el Gobierno del Distrito Federal y los diputados a la Asamblea Legislativa pretendan cobrar a los capitalinos el alumbrado público, pese a los problemas que viven algunos ciudadanos por los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Vecinos de Santa Úrsula Coapa señalaron que desde hace varios meses mantienen un conflicto con la CFE por las altas tarifas del suministro de energía. Si hasta ahora no he podido pagar lo que dicen que debo, mucho menos podré hacerlo si me lo suben, comentó Juan Ibáñez, vecino de la calle San Cástulo.
La situación para el movimiento de resistencia por cobros excesivos en la populosa zona de los Pedregales, en Coyoacán, el cual se ha mantenido y enfrentado a la paraestatal para evitar cortes de energía, es un asunto de falta de sensibilidad del gobierno, pues si hay personas que no pueden pagar recibos de 3 mil o 4 mil pesos, mucho menos una cantidad mayor, aseguró Arturo Rentería.
En la zona alta del Cerro del Chiquihuite, donde uno de los principales problemas es la falta de luminarias, los vecinos se preguntaron ¿por qué se nos va a cobrar por un servicio que ni siquiera tenemos?
Blanca Soriano, habitante de la zona, señaló que durante varios años ha hecho la solicitud a la delegación Gustavo A. Madero para instalar alumbrado público o cambiar lámparas fundidas, porque la colonia es una de las más inseguras. Pero sus peticiones, dijo, no han prosperado y ahora me entero de que me lo van a cobrar.
En Iztapalapa también hay inconformidad, pues en la delegación hay familias que no han podido pagar el suministro regular de energía. Consideraron que las mediciones no deben ser estimaciones. El cobro debe ser por el consumo real, expuso Gustavo Martínez.
La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 27
Habitantes de las colonias San Juan y Guadalupe Ticomán, en Gustavo A. Madero; los Pedregales, en Coyoacán, y de algunas de Iztapalapa y Tlalpan lamentaron que el Gobierno del Distrito Federal y los diputados a la Asamblea Legislativa pretendan cobrar a los capitalinos el alumbrado público, pese a los problemas que viven algunos ciudadanos por los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Vecinos de Santa Úrsula Coapa señalaron que desde hace varios meses mantienen un conflicto con la CFE por las altas tarifas del suministro de energía. Si hasta ahora no he podido pagar lo que dicen que debo, mucho menos podré hacerlo si me lo suben, comentó Juan Ibáñez, vecino de la calle San Cástulo.
La situación para el movimiento de resistencia por cobros excesivos en la populosa zona de los Pedregales, en Coyoacán, el cual se ha mantenido y enfrentado a la paraestatal para evitar cortes de energía, es un asunto de falta de sensibilidad del gobierno, pues si hay personas que no pueden pagar recibos de 3 mil o 4 mil pesos, mucho menos una cantidad mayor, aseguró Arturo Rentería.
En la zona alta del Cerro del Chiquihuite, donde uno de los principales problemas es la falta de luminarias, los vecinos se preguntaron ¿por qué se nos va a cobrar por un servicio que ni siquiera tenemos?
Blanca Soriano, habitante de la zona, señaló que durante varios años ha hecho la solicitud a la delegación Gustavo A. Madero para instalar alumbrado público o cambiar lámparas fundidas, porque la colonia es una de las más inseguras. Pero sus peticiones, dijo, no han prosperado y ahora me entero de que me lo van a cobrar.
En Iztapalapa también hay inconformidad, pues en la delegación hay familias que no han podido pagar el suministro regular de energía. Consideraron que las mediciones no deben ser estimaciones. El cobro debe ser por el consumo real, expuso Gustavo Martínez.
La Jornada
Ilegales, cambios a la ley laboral, argumentan peticiones de amparo
Sindicatos empezaron a distribuir formatos para llevarlos a juzgados
Culpan de regresiones al Legislativo, al gobierno federal y a Gobernación
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6
Empezaron a distribuirse en sindicatos independientes, federados e incluso adheridos al Congreso del Trabajo los formatos para solicitar amparos contra la reforma laboral, para que los trabajadores los firmen y presenten en juzgados de distrito antes del 10 de enero.
En dichos documentos se argumenta que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se impugna es regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por los mexicanos, y reduce garantías fundamentales, como estabilidad en el empleo, protección de salario, condiciones de trabajo y prestaciones.
En el listado de violaciones se señala que las modificaciones a la ley laboral aprobadas por el Legislativo son ilegales, arbitrarias y contra la justicia social y la equidad, además de que atentan contra el artículo 123 constitucional y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de protección del empleo.
Asimismo, detallan que los cambios a los artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se impugnan son autoaplicativos, toda vez que por su sola entrada en vigor se causan agravios y afectaciones laborales, ya que su contenido viola los derechos constitucionales.
Señalan que las autoridades responsables de estos agravios, son las cámaras de Diputados y Senadores que avalaron la reforma, el gobierno federal que la promulgó y la Secretaría de Gobernación.
Consideran que los artículos violados son el 1º; 4º; 5°; 9°; 14, párrafos primero y segundo; 16 párrafo primero; 17 párrafos segundo, cuarto y quinto; 25; 26.A; 123 párrafos primero segundo y apartado A, fracciones III, VI, XVI, XXVI y apartado B, así como 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales adoptados por el Estado mexicano que se hacen valer en cada concepto de violación.
Detallan que las reformas a la LFT que se combaten en el escrito de amparo son anticonstitucionales. Añaden que al aprobarse estos cambios se desconoció que el 11 de junio de 2011 se elevaron las garantías laborales a la condición de derechos humanos, y en ejercicio del principio de convencionalidad, también se reconoció la aplicabilidad de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como se ha hecho valer con criterios del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También plantea que los juzgados de distrito están obligados a pronunciarse sobre estos amparos, basados en el principio de progresividad y no retroactividad de los derechos laborales, ya que tienen prohibición expresa de menoscabarlos, además de que deben aplicar e interpretar estos recursos con base en normas como los artículos 2 y 4 de la Observación General número 31 de Comité de Derechos Humanos de la ONU; el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
La Jornada
Culpan de regresiones al Legislativo, al gobierno federal y a Gobernación
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6
Empezaron a distribuirse en sindicatos independientes, federados e incluso adheridos al Congreso del Trabajo los formatos para solicitar amparos contra la reforma laboral, para que los trabajadores los firmen y presenten en juzgados de distrito antes del 10 de enero.
En dichos documentos se argumenta que la reforma a la Ley Federal del Trabajo que se impugna es regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por los mexicanos, y reduce garantías fundamentales, como estabilidad en el empleo, protección de salario, condiciones de trabajo y prestaciones.
En el listado de violaciones se señala que las modificaciones a la ley laboral aprobadas por el Legislativo son ilegales, arbitrarias y contra la justicia social y la equidad, además de que atentan contra el artículo 123 constitucional y los tratados internacionales que México ha firmado en materia de protección del empleo.
Asimismo, detallan que los cambios a los artículos de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que se impugnan son autoaplicativos, toda vez que por su sola entrada en vigor se causan agravios y afectaciones laborales, ya que su contenido viola los derechos constitucionales.
Señalan que las autoridades responsables de estos agravios, son las cámaras de Diputados y Senadores que avalaron la reforma, el gobierno federal que la promulgó y la Secretaría de Gobernación.
Consideran que los artículos violados son el 1º; 4º; 5°; 9°; 14, párrafos primero y segundo; 16 párrafo primero; 17 párrafos segundo, cuarto y quinto; 25; 26.A; 123 párrafos primero segundo y apartado A, fracciones III, VI, XVI, XXVI y apartado B, así como 133 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las normas internacionales adoptados por el Estado mexicano que se hacen valer en cada concepto de violación.
Detallan que las reformas a la LFT que se combaten en el escrito de amparo son anticonstitucionales. Añaden que al aprobarse estos cambios se desconoció que el 11 de junio de 2011 se elevaron las garantías laborales a la condición de derechos humanos, y en ejercicio del principio de convencionalidad, también se reconoció la aplicabilidad de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte, como se ha hecho valer con criterios del Poder Judicial y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
También plantea que los juzgados de distrito están obligados a pronunciarse sobre estos amparos, basados en el principio de progresividad y no retroactividad de los derechos laborales, ya que tienen prohibición expresa de menoscabarlos, además de que deben aplicar e interpretar estos recursos con base en normas como los artículos 2 y 4 de la Observación General número 31 de Comité de Derechos Humanos de la ONU; el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y el 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros.
La Jornada
Hay suficientes pruebas para que Néstor Moreno nunca saliera de la cárcel: SME
El ex mando de CFE, cómplice del saqueo en Luz y Fuerza
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apuntó que Néstor Moreno, ex director de operaciones de la CFE que fue dejado en libertad bajo fianza el pasado lunes, es un pilar de la corrupción en esa empresa, por lo que su excarcelación da muestra de que la justicia en México obedece a intereses económicos o políticos, ya que hay suficientes pruebas para que no saliera nunca de la cárcel por los fraudes que cometió contra el erario.
El SME mostró una copia de un informe entregado a la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, donde se reseñan diversas acciones ilegales en las que estuvieron involucrados Néstor Moreno y otros mandos de la CFE. En el mismo se precisa que él fue quien firmó la recepción de los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC) a los 25 minutos de que se emitió el decreto de expropiación de la paraestatal. En el informe se señala, por ejemplo, que los bienes de LFC, valuados en 3 mil millones de pesos al momento en que se emitió el decreto, fueron saqueados con la complicidad de este ex funcionario.
Al respecto, el dirigente del SME, Martín Esparza, añade que bajo la tutela del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pero firmados de recibido por Néstor Moreno, “los inventarios de LFC sufrieron un robo total; las bodegas de material y equipo fueron saqueadas, la flotilla de vehículos se entregó a compañías contratistas, camionetas se perdieron, los presupuestos para terminación de obras se esfumaron; los equipos de cómputo, mobiliario, cajas de todos los edificios, incluido el de Melchor Ocampo, se extraviaron; el patrimonio histórico, tanto técnico como administrativo de la empresa se robó; cable, cobre, medidores de luz y demás se malbarataron en el mercado negro, y de todo ello estuvieron informados o involucrados el ex director de operaciones de la CFE y muchos otros funcionarios.
“Nunca entregaron un inventario de lo que recibieron de LFC ni de dónde fue a parar esto, causando una desfalco millonario al país. Tampoco –dijo– han entregado un informe del fondo de previsión social que tenían los trabajadores de LFC al momento de su despido.
Fue un saqueo en despoblado, un robo a gran nivel en el que estuvo involucrado este ex funcionario, además de todas las acusaciones en su contra por corrupción con empresas del extranjero, cuyo escándalo de actos ilegales se dio en Estados Unidos, y cuando fue apresado para él sí hubo justicia pronta y expedita, a pesar del cúmulo de pruebas de su participación en la corrupción, por lo que es increíble que con todo ello haya salido libre, indicó Esparza.
Destacó que quienes hicieron las denuncias contra Moreno fueron los legisladores de la pasada legislatura, encabezados por el entonces diputado del PRI César Augusto Santiago, presidente de la comisión investigadora sobre la corrupción de la CFE.
La Jornada
Periódico La Jornada
Viernes 28 de diciembre de 2012, p. 6
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) apuntó que Néstor Moreno, ex director de operaciones de la CFE que fue dejado en libertad bajo fianza el pasado lunes, es un pilar de la corrupción en esa empresa, por lo que su excarcelación da muestra de que la justicia en México obedece a intereses económicos o políticos, ya que hay suficientes pruebas para que no saliera nunca de la cárcel por los fraudes que cometió contra el erario.
El SME mostró una copia de un informe entregado a la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, donde se reseñan diversas acciones ilegales en las que estuvieron involucrados Néstor Moreno y otros mandos de la CFE. En el mismo se precisa que él fue quien firmó la recepción de los bienes de Luz y Fuerza del Centro (LFC) a los 25 minutos de que se emitió el decreto de expropiación de la paraestatal. En el informe se señala, por ejemplo, que los bienes de LFC, valuados en 3 mil millones de pesos al momento en que se emitió el decreto, fueron saqueados con la complicidad de este ex funcionario.
Al respecto, el dirigente del SME, Martín Esparza, añade que bajo la tutela del Servicio de Administración y Enajenación de Bienes, pero firmados de recibido por Néstor Moreno, “los inventarios de LFC sufrieron un robo total; las bodegas de material y equipo fueron saqueadas, la flotilla de vehículos se entregó a compañías contratistas, camionetas se perdieron, los presupuestos para terminación de obras se esfumaron; los equipos de cómputo, mobiliario, cajas de todos los edificios, incluido el de Melchor Ocampo, se extraviaron; el patrimonio histórico, tanto técnico como administrativo de la empresa se robó; cable, cobre, medidores de luz y demás se malbarataron en el mercado negro, y de todo ello estuvieron informados o involucrados el ex director de operaciones de la CFE y muchos otros funcionarios.
“Nunca entregaron un inventario de lo que recibieron de LFC ni de dónde fue a parar esto, causando una desfalco millonario al país. Tampoco –dijo– han entregado un informe del fondo de previsión social que tenían los trabajadores de LFC al momento de su despido.
Fue un saqueo en despoblado, un robo a gran nivel en el que estuvo involucrado este ex funcionario, además de todas las acusaciones en su contra por corrupción con empresas del extranjero, cuyo escándalo de actos ilegales se dio en Estados Unidos, y cuando fue apresado para él sí hubo justicia pronta y expedita, a pesar del cúmulo de pruebas de su participación en la corrupción, por lo que es increíble que con todo ello haya salido libre, indicó Esparza.
Destacó que quienes hicieron las denuncias contra Moreno fueron los legisladores de la pasada legislatura, encabezados por el entonces diputado del PRI César Augusto Santiago, presidente de la comisión investigadora sobre la corrupción de la CFE.
La Jornada
jueves, 27 de diciembre de 2012
Publica GDF modificación al artículo 362 del Código Penal
La reforma reduce la pena del delito de ataques a la paz pública a siete años, con lo que se le quita el carácter de delito grave y permite que los 14 jóvenes detenidos puedan solicitar su libertad bajo fianza.
Raúl Llanos
Publicado: 27/12/2012 09:18
México, DF. El Gobierno capitalino publicó hoy la reforma al artículo 362 del Código Penal para el Distrito Federal, con lo que cobra plena vigencia y permitiría la inmediata liberación de los 14 jóvenes que permanecen consignados en el Reclusio Norte y en el penal de Santa Martha Acatitla, derivados de los disturbios del pasado primero de diciembre.
Apenas 24 horas antes, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó por mayoría de votos el dictamen de esta reforma, en una sesión que se esperaba conflictiva en torno a este tema, pero que resultó “tersa”.
Dicha modificación al 362, que establece, los delitos de ataques a la paz pública aparece publicada hoy en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
Ahí se define que se reduce la sanción penal de 12 a 7 años, con lo que se le quita el carácter de delito grave y permitirá que los 14 jóvenes detenidos puedan solicitar su libertad bajo fianza.
La nueva redacción de este artículo detalla que “se les impondrán de 2 a 7 años de prisión y suspensión de derechos políticos hasta por 10 años, a los que mediante la utilización de sustancias tóxicas, por incendio, por inundación o violencia, realicen actos en contra de las personas, de los bienes públicos o privados o servicios públicos que perturben la paz pública”.
La Jornada
Empiezan esta semana las solicitudes de amparo contra reforma a la ley laboral
El plazo legal para presentar las demandas vence el próximo 10 de enero
Sindicatos y grupos de abogados llaman a defender los derechos ganados en décadas de lucha
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 9
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras organizaciones, empezarán esta semana la campaña de recolección de firmas e interposición de amparos masivos contra la reforma laboral, ya que dichos recursos deberán presentarse antes del 10 de enero 2013.
En esa fecha concluye el término de ley para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), según informaron estas organizaciones, las cuales instaron a todas y todos los trabajadores del país a adherirse a este proceso legal para echar abajo la reforma; añadieron que las solicitudes de amparo se interpondrán en los juzgados, según la ubicación geográfica de sus empleos.
Asimismo, indicaron que todo el procedimiento –formato, presentación, seguimiento y asesoría vía Internet– es totalmente gratuito.
Señalaron que ya está listo el formato único para la interposición de dichos amparos, que empezará con una campaña a escala nacional en todos los gremios tanto independientes como afiliados al Congreso del Trabajo, para tener el mayor número de recursos legales contra las modificaciones a la LFT.
Los amparos serán individuales, grupales o por sindicato y según alertaron estas organizaciones, la intención es defender los derechos humanos y laborales ganados durante décadas de lucha de la clase obrera. Señalaron que es fundamental la acción legal para revertir los efectos nocivos que tendrá la reforma laboral para los trabajadores.
Además de las organizaciones ya mencionadas, el recursos de amparo es avalado por la Unión Nacional de Juristas, el Congreso Nacional de Bases, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y el Centro Reflexión y Acción Laboral (Cereal), que instaron a los trabajadores del país a visitar la página electrónica amparoreformalaboral.org, en la que podrán encontrar el formato de amparo, un manual para documentarlo, el juzgado donde deberán presentarlo y cómo darle seguimiento.
Dichas organizaciones coincidieron en que la reforma laboral debe derogarse porque es restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de toda la clase trabajadora, además de que profundizará aún más el trabajo precario en todas sus dimensiones, dando manga ancha para el abaratamiento de la mano de obra en beneficio de los patrones.
En particular –advirtieron– afectará a los jóvenes, ya que si actualmente sólo uno de cada tres que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal, y de los que tienen trabajo 50 por ciento laboran en condiciones precarias, sin prestación alguna, con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, se condena a este sector a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de chambita en chambita, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.
La Jornada
Sindicatos y grupos de abogados llaman a defender los derechos ganados en décadas de lucha
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 9
La Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la Confederación Regional Obrero Mexicana (CROM), el Frente Auténtico del Trabajo (FAT) y la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), entre otras organizaciones, empezarán esta semana la campaña de recolección de firmas e interposición de amparos masivos contra la reforma laboral, ya que dichos recursos deberán presentarse antes del 10 de enero 2013.
En esa fecha concluye el término de ley para impugnar las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo (LFT), según informaron estas organizaciones, las cuales instaron a todas y todos los trabajadores del país a adherirse a este proceso legal para echar abajo la reforma; añadieron que las solicitudes de amparo se interpondrán en los juzgados, según la ubicación geográfica de sus empleos.
Asimismo, indicaron que todo el procedimiento –formato, presentación, seguimiento y asesoría vía Internet– es totalmente gratuito.
Señalaron que ya está listo el formato único para la interposición de dichos amparos, que empezará con una campaña a escala nacional en todos los gremios tanto independientes como afiliados al Congreso del Trabajo, para tener el mayor número de recursos legales contra las modificaciones a la LFT.
Los amparos serán individuales, grupales o por sindicato y según alertaron estas organizaciones, la intención es defender los derechos humanos y laborales ganados durante décadas de lucha de la clase obrera. Señalaron que es fundamental la acción legal para revertir los efectos nocivos que tendrá la reforma laboral para los trabajadores.
Además de las organizaciones ya mencionadas, el recursos de amparo es avalado por la Unión Nacional de Juristas, el Congreso Nacional de Bases, el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical y el Centro Reflexión y Acción Laboral (Cereal), que instaron a los trabajadores del país a visitar la página electrónica amparoreformalaboral.org, en la que podrán encontrar el formato de amparo, un manual para documentarlo, el juzgado donde deberán presentarlo y cómo darle seguimiento.
Dichas organizaciones coincidieron en que la reforma laboral debe derogarse porque es restrictiva, regresiva y violatoria de los derechos de toda la clase trabajadora, además de que profundizará aún más el trabajo precario en todas sus dimensiones, dando manga ancha para el abaratamiento de la mano de obra en beneficio de los patrones.
En particular –advirtieron– afectará a los jóvenes, ya que si actualmente sólo uno de cada tres que ha buscado empleo lo consigue en el sector formal, y de los que tienen trabajo 50 por ciento laboran en condiciones precarias, sin prestación alguna, con los contratos de capacitación y a prueba, el pago por hora y la multifuncionalidad, se condena a este sector a una vida sin certeza en el empleo, a saltar de chambita en chambita, con sueldos de miseria, sin acceso a la salud y sin prestaciones que les den certeza a futuro.
La Jornada
Apela la PGR resolución judicial que liberó a un ex funcionario de la CFE
Concedió libertad provisional bajo fianza a Héctor Félix Moreno Díaz
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 8
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un tribunal unitario penal que revoque la resolución de una juez federal que concedió la libertad provisional bajo fianza al ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz, informaron fuentes ministeriales.
Mediante un recurso de apelación, la dependencia federal solicitó también al tribunal de alzada que emita una orden de reaprehensión en contra de Moreno Díaz, quien la noche del pasado lunes fue excarcelado del Reclusorio Oriente, luego de que sus abogados garantizaron una fianza de 15 millones de pesos.
La libertad bajo fianza fue autorizada por la juez cuarta de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, quien es la segunda vez que concede ese derecho de ley al ex funcionario de la CFE.
Los abogados del inculpado entregaron a la juez el pasaporte de Moreno Díaz en garantía de que no pretende abandonar el país.
El ex director de Operaciones de la CFE tiene prohibido dejar el territorio mexicano y debe ir cada lunes al juzgado a firmar el libro de procesados libres bajo fianza, obligación que en caso de ser incumplida motivaría una orden de reaprehensión.
Es la segunda ocasión en que esa misma juez concede la libertad provisional en favor de Moreno, aunque en la primera no puso tantos candados para evitar que el inculpado evadiera la acción de la justicia, por lo que la PGR consiguió obtener su reaprehensión, volvió a dar con su paradero y lo llevó a prisión.
El juzgado cuarto de distrito en procesos penales federales juzgó a Moreno por enriquecimiento ilícito y cohecho.
El juicio por enriquecimiento ilícito se refiere a un monto de 33 millones 99 mil 292 pesos que presuntamente el ex funcionario recibió en sobornos de empresarios para beneficiarlos en la asignación de contratos de la CFE; entre esos pagos estarían un yate y un automóvil Ferrari.
En el proceso por cohecho, Moreno Díaz está acusado de haber recibido 29 mil 500 dólares de un representante en México de la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company.
La Jornada
Periódico La Jornada
Jueves 27 de diciembre de 2012, p. 8
La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a un tribunal unitario penal que revoque la resolución de una juez federal que concedió la libertad provisional bajo fianza al ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Néstor Félix Moreno Díaz, informaron fuentes ministeriales.
Mediante un recurso de apelación, la dependencia federal solicitó también al tribunal de alzada que emita una orden de reaprehensión en contra de Moreno Díaz, quien la noche del pasado lunes fue excarcelado del Reclusorio Oriente, luego de que sus abogados garantizaron una fianza de 15 millones de pesos.
La libertad bajo fianza fue autorizada por la juez cuarta de distrito en procesos penales federales del Distrito Federal, Taissia Cruz Parcero, quien es la segunda vez que concede ese derecho de ley al ex funcionario de la CFE.
Los abogados del inculpado entregaron a la juez el pasaporte de Moreno Díaz en garantía de que no pretende abandonar el país.
El ex director de Operaciones de la CFE tiene prohibido dejar el territorio mexicano y debe ir cada lunes al juzgado a firmar el libro de procesados libres bajo fianza, obligación que en caso de ser incumplida motivaría una orden de reaprehensión.
Es la segunda ocasión en que esa misma juez concede la libertad provisional en favor de Moreno, aunque en la primera no puso tantos candados para evitar que el inculpado evadiera la acción de la justicia, por lo que la PGR consiguió obtener su reaprehensión, volvió a dar con su paradero y lo llevó a prisión.
El juzgado cuarto de distrito en procesos penales federales juzgó a Moreno por enriquecimiento ilícito y cohecho.
El juicio por enriquecimiento ilícito se refiere a un monto de 33 millones 99 mil 292 pesos que presuntamente el ex funcionario recibió en sobornos de empresarios para beneficiarlos en la asignación de contratos de la CFE; entre esos pagos estarían un yate y un automóvil Ferrari.
En el proceso por cohecho, Moreno Díaz está acusado de haber recibido 29 mil 500 dólares de un representante en México de la empresa estadunidense Lindsey Manufacturing Company.
La Jornada
lunes, 24 de diciembre de 2012
domingo, 23 de diciembre de 2012
Analiza el gobierno cobrar a ciudadanos el alumbrado público
La cuota no sería mayor a 10 por ciento de la tarifa de consumo domiciliario, señalan
Con esto se recaudarían ingresos adicionales por mil 200 millones de pesos, aseguran
Actualmente son las delegaciones las que cubren el valor de este servicio con fondos etiquetados
Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 30
Con el propósito de recaudar ingresos adicionales por mil 200 millones de pesos a los ya contemplados en el paquete económico de 2013, diputados de la Asamblea Legislativa y autoridades del Gobierno del Distrito Federal analizan un mecanismo para cobrar a los particulares o usuarios domésticos el consumo de energía eléctrica del alumbrado público en la ciudad de México.
De acuerdo con la propuesta que circuló entre los asambleístas, se pretende que el cobro de los derechos de alumbrado público sea del que resulte de dividir el costo que le genere al Distrito Federal la prestación de este servicio, sin considerar el IVA, entre el número de usuarios, sin que en ningún caso la tarifa sea mayor al diez por ciento de las cantidades que deban pagar los contribuyentes por su consumo en forma particular.
En la actualidad son las diferentes delegaciones las que se hacen responsables del pago del alumbrado público ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo cual, desde la Secretaría de Finanzas, se etiquetan los recursos necesarios, como parte de su presupuesto anual.
Sin embargo, debido a que para el próximo año la CFE tiene contemplado duplicar el cobro por este servicio, se planteó la propuesta de cobrar el derecho de alumbrado público a los usuarios particulares, como sucede, según lo expuso ayer el tesorero del gobierno capitalino, Emilio Barriga Delgado, ante diputados de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, en el estado de México y otras 20 entidades del país.
Este cobro adicional de la energía, que se plantearía mediante una iniciativa para modificar el Código Fiscal, se realizaría por medio de un convenio con la CFE, para que al consumo de los particulares se le agregue el del alumbrado público.
Ayer ante la alusión del tema por parte del diputado del PRD Víctor Hugo Lobo, el tesorero capitalino afirmó que si había disposición de la Asamblea Legislativa se podría entablar una mesa para analizar los aspectos técnicos y hacer las corridas financieras.
Hay que visualizarlo en la lógica de que es equivalente al tema del agua, es decir la ciudad ofrece un servicio que llama alumbrado público, y así como pagamos el agua eventualmente tendríamos que pagar también por este derecho, que se cobra desde hace muchos años en la mayoría de las entidades del país, aseguró el funcionario.
La Jornada
Con esto se recaudarían ingresos adicionales por mil 200 millones de pesos, aseguran
Actualmente son las delegaciones las que cubren el valor de este servicio con fondos etiquetados
Periódico La Jornada
Domingo 23 de diciembre de 2012, p. 30
Con el propósito de recaudar ingresos adicionales por mil 200 millones de pesos a los ya contemplados en el paquete económico de 2013, diputados de la Asamblea Legislativa y autoridades del Gobierno del Distrito Federal analizan un mecanismo para cobrar a los particulares o usuarios domésticos el consumo de energía eléctrica del alumbrado público en la ciudad de México.
De acuerdo con la propuesta que circuló entre los asambleístas, se pretende que el cobro de los derechos de alumbrado público sea del que resulte de dividir el costo que le genere al Distrito Federal la prestación de este servicio, sin considerar el IVA, entre el número de usuarios, sin que en ningún caso la tarifa sea mayor al diez por ciento de las cantidades que deban pagar los contribuyentes por su consumo en forma particular.
En la actualidad son las diferentes delegaciones las que se hacen responsables del pago del alumbrado público ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo cual, desde la Secretaría de Finanzas, se etiquetan los recursos necesarios, como parte de su presupuesto anual.
Sin embargo, debido a que para el próximo año la CFE tiene contemplado duplicar el cobro por este servicio, se planteó la propuesta de cobrar el derecho de alumbrado público a los usuarios particulares, como sucede, según lo expuso ayer el tesorero del gobierno capitalino, Emilio Barriga Delgado, ante diputados de las comisiones unidas de Presupuesto y Cuenta Pública y Hacienda, en el estado de México y otras 20 entidades del país.
Este cobro adicional de la energía, que se plantearía mediante una iniciativa para modificar el Código Fiscal, se realizaría por medio de un convenio con la CFE, para que al consumo de los particulares se le agregue el del alumbrado público.
Ayer ante la alusión del tema por parte del diputado del PRD Víctor Hugo Lobo, el tesorero capitalino afirmó que si había disposición de la Asamblea Legislativa se podría entablar una mesa para analizar los aspectos técnicos y hacer las corridas financieras.
Hay que visualizarlo en la lógica de que es equivalente al tema del agua, es decir la ciudad ofrece un servicio que llama alumbrado público, y así como pagamos el agua eventualmente tendríamos que pagar también por este derecho, que se cobra desde hace muchos años en la mayoría de las entidades del país, aseguró el funcionario.
La Jornada
sábado, 22 de diciembre de 2012
Recibe el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, a integrantes del SME
21 diciembre, 2012
- A solicitud del sindicato, el mandatario capitalino los recibió en el antiguo palacio del ayuntamiento
A petición del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera Espinosa, sostuvo hoy un encuentro con integrantes de dicha organización sindical.
El Ejecutivo local recibió a representantes del SME, encabezados por Martín Esparza Flores, quien comentó al gobernante la situación que enfrentan luego de la resolución judicial que dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en materia de Trabajo que resuelve el fondo del conflicto.
El SME hizo referencia sobre su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá en el marco del Derecho Constitucional y reiteró el compromiso de sus trabajadores por contribuir en el mejoramiento del suministro de la energía eléctrica en la Ciudad de México.
A la reunión asistieron integrantes del Comité Central, así como Comisiones Autónomas del SME, quienes estuvieron encabezados por el secretario general del SME, Martín Esparza Flores.
Asimismo participaron en la reunión el Secretario Exterior del SME, José Humberto Montes de Oca y el Secretario Interior, Eduardo Bobadilla Zarza.
También estuvieron presentes los Secretarios de Fomento a la Salud y Previsión Social del SME, Pipino Cuevas Velázquez; de Trabajo, Fernando Oliva Quiroz y de Actas y Acuerdos, Gerardo Avelar Flores, así como el Tesorero, Fernando Muñoz Ponce.
De igual forma acudieron el Pro Secretario de Servicio Médico, Rafael Ramírez y de la Comisión Autónoma de Hacienda del SME, el procurador Humberto Medrano y Héctor Vega Ballesteros de la misma Comisión.
jueves, 20 de diciembre de 2012
7,500 quejas por cobros excesivos de CFE siguen sin resolverse
19 de Diciembre de 2012
Prevalecen los cobros de recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor; amenaza CFE con cárcel a usuarios que impidan el cambio de su medidor común, por el de prepago
Ciudad de México.- Existen alrededor de siete mil 500 quejas sin resolver ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró el diputado Alejandro Ojeda, quien señaló que más allá de los números fríos, se trata de siete mil 500 hogares que no tienen energía eléctrica.
El presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, declaró que La Comisión Federal de Electricidad, ha mantenido una política perversa, ya que las violaciones continúan.
"Prevalecen los cobros excesivos recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor", indicó.
Expuso que el personal de la CFE amenaza a los usuarios, en su mayoría familias de escasos recursos y les dicen que si no permiten el cambio de medidor común, por el de prepago, van a ir los abogados de la paraestatal, para meterlos a la cárcel.
Además, abundó, se aprovecha de la inexistencia de figuras jurídicas efectivas, que permitan a todos los afectados iniciar procedimientos colectivos que la obliguen a detener sus actos violatorios de derechos y dar respuesta pronta a las deficiencias en la prestación de los servicios de suministro de energía eléctrica.
Ante tal situación, Alejandro Ojeda propondrá ante el pleno de la ALDF, un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, aprobar la Ley Reglamentaria que regula las Acciones Colectivas.
Explicó que el Congreso de la Unión está obligado a expedir la ley reglamentaria que regule las acciones colectivas en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la reforma que se hizo al artículo 17 constitucional, tiempo que ya se cumplió, pero hasta el momento no se ha hecho nada.
Detalló que la comisión a su cargo ha recibido más de tres mil quejas; en tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido tres mil 500 quejas.
Informó que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, no tienen la sensibilidad necesaria para entender que estas familias no tienen dinero para pagar recibos de mil o dos mil pesos, ya que representa gran parte de su ingreso mensual.
Comentó que ante tal situación, es evidente que en México no existe un adecuado marco jurídico que establezca las acciones colectivas, persistiendo una insuficiencia en el derecho mexicano, en cuanto a la obligatoriedad al momento de hacer efectivas las resoluciones.
Subrayó que Profeco no está respondiendo a las necesidades de los afectados, esto es así, señaló, porque CFE y Profeco tienen el mismo jefe, es decir, el Ejecutivo Federal que tiene el control de las dos instituciones, de tal manera que es evidente que este problema nunca se resolverá.
El diputado perredista expondrá en tribuna de la ALDF que la creación de la ley que regule las acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, los derechos sociales y derechos colectivos; como es el caso de la problemática de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que presta la Comisión Federal de Electricidad.
Prevalecen los cobros de recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor; amenaza CFE con cárcel a usuarios que impidan el cambio de su medidor común, por el de prepago
Ciudad de México.- Existen alrededor de siete mil 500 quejas sin resolver ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró el diputado Alejandro Ojeda, quien señaló que más allá de los números fríos, se trata de siete mil 500 hogares que no tienen energía eléctrica.
El presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, declaró que La Comisión Federal de Electricidad, ha mantenido una política perversa, ya que las violaciones continúan.
"Prevalecen los cobros excesivos recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor", indicó.
Expuso que el personal de la CFE amenaza a los usuarios, en su mayoría familias de escasos recursos y les dicen que si no permiten el cambio de medidor común, por el de prepago, van a ir los abogados de la paraestatal, para meterlos a la cárcel.
Además, abundó, se aprovecha de la inexistencia de figuras jurídicas efectivas, que permitan a todos los afectados iniciar procedimientos colectivos que la obliguen a detener sus actos violatorios de derechos y dar respuesta pronta a las deficiencias en la prestación de los servicios de suministro de energía eléctrica.
Ante tal situación, Alejandro Ojeda propondrá ante el pleno de la ALDF, un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, aprobar la Ley Reglamentaria que regula las Acciones Colectivas.
Explicó que el Congreso de la Unión está obligado a expedir la ley reglamentaria que regule las acciones colectivas en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la reforma que se hizo al artículo 17 constitucional, tiempo que ya se cumplió, pero hasta el momento no se ha hecho nada.
Detalló que la comisión a su cargo ha recibido más de tres mil quejas; en tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido tres mil 500 quejas.
Informó que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, no tienen la sensibilidad necesaria para entender que estas familias no tienen dinero para pagar recibos de mil o dos mil pesos, ya que representa gran parte de su ingreso mensual.
Comentó que ante tal situación, es evidente que en México no existe un adecuado marco jurídico que establezca las acciones colectivas, persistiendo una insuficiencia en el derecho mexicano, en cuanto a la obligatoriedad al momento de hacer efectivas las resoluciones.
Subrayó que Profeco no está respondiendo a las necesidades de los afectados, esto es así, señaló, porque CFE y Profeco tienen el mismo jefe, es decir, el Ejecutivo Federal que tiene el control de las dos instituciones, de tal manera que es evidente que este problema nunca se resolverá.
El diputado perredista expondrá en tribuna de la ALDF que la creación de la ley que regule las acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, los derechos sociales y derechos colectivos; como es el caso de la problemática de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que presta la Comisión Federal de Electricidad.
Terra Noticias
Prevalecen los cobros de recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor; amenaza CFE con cárcel a usuarios que impidan el cambio de su medidor común, por el de prepago
Ciudad de México.- Existen alrededor de siete mil 500 quejas sin resolver ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró el diputado Alejandro Ojeda, quien señaló que más allá de los números fríos, se trata de siete mil 500 hogares que no tienen energía eléctrica.
El presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, declaró que La Comisión Federal de Electricidad, ha mantenido una política perversa, ya que las violaciones continúan.
"Prevalecen los cobros excesivos recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor", indicó.
Expuso que el personal de la CFE amenaza a los usuarios, en su mayoría familias de escasos recursos y les dicen que si no permiten el cambio de medidor común, por el de prepago, van a ir los abogados de la paraestatal, para meterlos a la cárcel.
Además, abundó, se aprovecha de la inexistencia de figuras jurídicas efectivas, que permitan a todos los afectados iniciar procedimientos colectivos que la obliguen a detener sus actos violatorios de derechos y dar respuesta pronta a las deficiencias en la prestación de los servicios de suministro de energía eléctrica.
Ante tal situación, Alejandro Ojeda propondrá ante el pleno de la ALDF, un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, aprobar la Ley Reglamentaria que regula las Acciones Colectivas.
Explicó que el Congreso de la Unión está obligado a expedir la ley reglamentaria que regule las acciones colectivas en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la reforma que se hizo al artículo 17 constitucional, tiempo que ya se cumplió, pero hasta el momento no se ha hecho nada.
Detalló que la comisión a su cargo ha recibido más de tres mil quejas; en tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido tres mil 500 quejas.
Informó que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, no tienen la sensibilidad necesaria para entender que estas familias no tienen dinero para pagar recibos de mil o dos mil pesos, ya que representa gran parte de su ingreso mensual.
Comentó que ante tal situación, es evidente que en México no existe un adecuado marco jurídico que establezca las acciones colectivas, persistiendo una insuficiencia en el derecho mexicano, en cuanto a la obligatoriedad al momento de hacer efectivas las resoluciones.
Subrayó que Profeco no está respondiendo a las necesidades de los afectados, esto es así, señaló, porque CFE y Profeco tienen el mismo jefe, es decir, el Ejecutivo Federal que tiene el control de las dos instituciones, de tal manera que es evidente que este problema nunca se resolverá.
El diputado perredista expondrá en tribuna de la ALDF que la creación de la ley que regule las acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, los derechos sociales y derechos colectivos; como es el caso de la problemática de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que presta la Comisión Federal de Electricidad.
Prevalecen los cobros de recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor; amenaza CFE con cárcel a usuarios que impidan el cambio de su medidor común, por el de prepago
Ciudad de México.- Existen alrededor de siete mil 500 quejas sin resolver ante los cobros excesivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró el diputado Alejandro Ojeda, quien señaló que más allá de los números fríos, se trata de siete mil 500 hogares que no tienen energía eléctrica.
El presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica de la ALDF, declaró que La Comisión Federal de Electricidad, ha mantenido una política perversa, ya que las violaciones continúan.
"Prevalecen los cobros excesivos recibos de hasta diez mil pesos en familias que no tienen más que dos focos y un televisor", indicó.
Expuso que el personal de la CFE amenaza a los usuarios, en su mayoría familias de escasos recursos y les dicen que si no permiten el cambio de medidor común, por el de prepago, van a ir los abogados de la paraestatal, para meterlos a la cárcel.
Además, abundó, se aprovecha de la inexistencia de figuras jurídicas efectivas, que permitan a todos los afectados iniciar procedimientos colectivos que la obliguen a detener sus actos violatorios de derechos y dar respuesta pronta a las deficiencias en la prestación de los servicios de suministro de energía eléctrica.
Ante tal situación, Alejandro Ojeda propondrá ante el pleno de la ALDF, un punto de acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión, aprobar la Ley Reglamentaria que regula las Acciones Colectivas.
Explicó que el Congreso de la Unión está obligado a expedir la ley reglamentaria que regule las acciones colectivas en el plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de la reforma que se hizo al artículo 17 constitucional, tiempo que ya se cumplió, pero hasta el momento no se ha hecho nada.
Detalló que la comisión a su cargo ha recibido más de tres mil quejas; en tanto la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha recibido tres mil 500 quejas.
Informó que los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, no tienen la sensibilidad necesaria para entender que estas familias no tienen dinero para pagar recibos de mil o dos mil pesos, ya que representa gran parte de su ingreso mensual.
Comentó que ante tal situación, es evidente que en México no existe un adecuado marco jurídico que establezca las acciones colectivas, persistiendo una insuficiencia en el derecho mexicano, en cuanto a la obligatoriedad al momento de hacer efectivas las resoluciones.
Subrayó que Profeco no está respondiendo a las necesidades de los afectados, esto es así, señaló, porque CFE y Profeco tienen el mismo jefe, es decir, el Ejecutivo Federal que tiene el control de las dos instituciones, de tal manera que es evidente que este problema nunca se resolverá.
El diputado perredista expondrá en tribuna de la ALDF que la creación de la ley que regule las acciones colectivas, permitirá la protección de intereses difusos, los derechos sociales y derechos colectivos; como es el caso de la problemática de los usuarios del servicio de energía eléctrica, que presta la Comisión Federal de Electricidad.
Terra Noticias
miércoles, 19 de diciembre de 2012
Exhorto a Peña Nieto para que ordene liberar a los 10 trabajadores del SME
Punto de acuerdo por mayoría de votos en la ALDF
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 42
Por mayoría de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer un exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que ordene la inmediata liberación de los 10 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que puedan regresar con sus familias antes del 24 de diciembre.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por Alejandro Robles, diputado del PRD, quien luego de nombrar a cada uno de los 10 integrantes del SME presos dijo que se encuentran en prisión de manera injusta y por demás inhumana.
Ante familiares de los trabajadores recluidos y dirigentes sindicales, encabezados por Martín Esparza, que estuvieron presentes en las gradas y lanzaron numerosas consignas, el legislador perredista manifestó que Peña Nieto no ha sido responsable de esa situación, pero sí es quien puede iniciar los desagravios generados en la administración del ciudadano Felipe Calderón.
Alejandro Robles precisó que las familias de estos 10 trabajadores del SME, además de haber padecido el atropello de haberse quedado sin su fuente de empleo, saben lo que significa tener a sus padres, a sus hijos, de manera injusta en reclusión, por ello hizo un llamado al Presidente de la República para que instruya a la Procuraduría General de la República el desistimiento de la acción legal en contra de Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdez Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Gabriel Rodríguez Arriaga, Gilberto Burgos Martínez, Hugo Medina Rodríguez, Jorge Ulises Uribe Gaona, Marco Antonio Cortés Cruz, Rogelio García Flores y Rodolfo Vivaz Espíndola.
Queremos que ordene el otorgamiento del perdón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque además ya dos trabajadores bajo ese procedimiento han sido liberados, entonces estamos ante una gran oportunidad, porque se trata de un acto de voluntad del Ejecutivo federal con el que sus familias se congratularían este fin de año, así como para esperar la reinstalación en sus puestos de trabajo y finalmente culminar con una victoria de lo que significó la lucha por su trabajo, concluyó.
El punto de acuerdo fue apoyado con el voto de las fracciones del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, entre otros.
La Jornada
Periódico La Jornada
Miércoles 19 de diciembre de 2012, p. 42
Por mayoría de votos, el pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó ayer un exhorto al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que ordene la inmediata liberación de los 10 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) para que puedan regresar con sus familias antes del 24 de diciembre.
El punto de acuerdo fue presentado en tribuna por Alejandro Robles, diputado del PRD, quien luego de nombrar a cada uno de los 10 integrantes del SME presos dijo que se encuentran en prisión de manera injusta y por demás inhumana.
Ante familiares de los trabajadores recluidos y dirigentes sindicales, encabezados por Martín Esparza, que estuvieron presentes en las gradas y lanzaron numerosas consignas, el legislador perredista manifestó que Peña Nieto no ha sido responsable de esa situación, pero sí es quien puede iniciar los desagravios generados en la administración del ciudadano Felipe Calderón.
Alejandro Robles precisó que las familias de estos 10 trabajadores del SME, además de haber padecido el atropello de haberse quedado sin su fuente de empleo, saben lo que significa tener a sus padres, a sus hijos, de manera injusta en reclusión, por ello hizo un llamado al Presidente de la República para que instruya a la Procuraduría General de la República el desistimiento de la acción legal en contra de Álvaro Figueroa Santiago, Eusebio Valdez Morales, Francisco Javier Domínguez Amaya, Gabriel Rodríguez Arriaga, Gilberto Burgos Martínez, Hugo Medina Rodríguez, Jorge Ulises Uribe Gaona, Marco Antonio Cortés Cruz, Rogelio García Flores y Rodolfo Vivaz Espíndola.
Queremos que ordene el otorgamiento del perdón por parte de la Comisión Federal de Electricidad, porque además ya dos trabajadores bajo ese procedimiento han sido liberados, entonces estamos ante una gran oportunidad, porque se trata de un acto de voluntad del Ejecutivo federal con el que sus familias se congratularían este fin de año, así como para esperar la reinstalación en sus puestos de trabajo y finalmente culminar con una victoria de lo que significó la lucha por su trabajo, concluyó.
El punto de acuerdo fue apoyado con el voto de las fracciones del PRD, PT y Movimiento Ciudadano, entre otros.
La Jornada
Pide ALDF a Peña indultar a electricistas presos
diciembre 18, 2012 8:54 pm
El pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) pidió al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, indultar a 10 integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se encuentran presos.
Al presentar la propuesta, a nombre de la bancada Partido de la Revolución Democrática (PRD), el diputado Manuel Alejandro Robles pidió al gobierno federal desistirse del recurso de revisión al amparo que ya había sido otorgado a los involucrados por el Poder Judicial.
El asambleísta recordó que dos trabajadores fueron liberados bajo este procedimiento, además de que los miembros del SME fueron encarcelados de manera “injusta e inhumana”, durante la pasada administración federal, dijo.
“Queremos que esta navidad los trabajadores puedan estar en compañía de sus familias”, señaló Robles en presencia del dirigente del SME, Martín Esparza Flores y los familiares de los detenidos.
24-Horas
martes, 18 de diciembre de 2012
Firmas le hacen “diabluras” a la Comisión Federal de Electricidad
La dependencia dio a conocer la lista de empresas que han sustraído energía eléctrica mediante conexiones ilegales durante varios años
Publicado por Atzayaelh Torres el Martes 18-12-2012
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de diciembre.- Pequeñas, medianas y grandes firmas, tanto nacionales como extranjeras, se encuentran dentro de la lista negra de aquellas que robaban energía eléctrica en la zona centro del país a través de los llamados diablitos, incluso antes de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tomara su control.
Grandes empresas como Grupo Bimbo, Walmart y la cadena de tiendas de conveniencia OXXO, Seven Eleven, así como institutos del gobierno del Estado de México y algunas dependencias del Gobierno del DF, destacan dentro de esta lista.
Las diabluras también fueron realizadas por gobiernos municipales, e incluso hay sorpresas: la Presidencia de la República también está reportada. Se detalla que en el acceso cuatro de la Residencia Oficial de Los Pinos se detectó una toma irregular, aunque no detalla fecha ni cantidad de energía que no se pagó.
Después de una controversia al interior del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entregó la documentación correspondiente a aquellas empresas y dependencias a las que se les detectaron “conexiones irregulares” de energía eléctrica en la zona central del país.
Un listado entregado a Excélsior por el IFAI detalla que de las siete zonas en las que se divide el centro del país, que hasta octubre de 2009 controlaba Luz y Fuerza del Centro (LyFC), se detectaron a más de mil 400 empresas que robaban electricidad.
Las tomas ilegales de electricidad y los medidores alterados estuvieron ahí desde antes de la extinción de LyFC. Sin embargo, de acuerdo con la documentación de la CFE, a partir de 2009 a noviembre de este año, el estimado de pérdida de energía es de 160 millones 668 mil 386 kilowatts hora (kWh).
Este total es el equivalente a lo consumido por Campeche en un mes y medio, tomado en cuenta su reporte a octubre.
A pesar de que es complicado dar un estimado económico de cuánto equivalen los kilowatts hora perdidos por las conexiones ilegales, pues se deben en tomar en cuenta diversas variables como hora, temporada del año, tipo de tarifa, zona, entre otros, si se toma en cuenta un costo de 1.417 pesos por kilowatt hora en tarifa general en media tensión con cargos fijos en la zona centro, el costo sería de 227 millones 667 mil 102.9 pesos.
Zona caliente
La División Valle de México Centro fue la zona donde se detectó el mayor número de empresas que robaban electricidad, con 897, entre las que destacan nombres como Forum Buenavista, la plaza comercial que está dentro del Ferrocarril Suburbano, y que está a cargo de la constructora GICSA, algunas sucursales de Banamex, y varias obras de construcción a cargo de Ingenieros Civiles y Asociados (ICA).
Esta zona comprende a las delegaciones Centro, Cuauhtémoc y colonias aledañas.
También en la lista negra se encuentran las oficinas corporativas de empresas como Avon, Samsung Electronics, las oficinas corporativas de Mc’Donalds de México, ATENTO de México (call centers), así como algunas tiendas Zara y sucursales de los restaurantes TOKS.
En cuanto a dependencias, la CFE reveló que las oficinas del Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA), así como de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se suman al reporte.
Además destacan en la zona el restaurante-bar Hooters, Cinépolis, Plaza Garibaldi, la Produraduría General de Justicia del Distrito Federal, algunos restaurantes Wendys, Burguer King, Palacio de Hierro, Aurrerá, HSBC de Masaryk, en Polanco, Interlingua de Mariano Escobedo e irónicamente la empresa Acciona Energía, que construye parques eólicos.
Suman ilegalidades
El reporte de la CFE detalla que los operativos para detectar conexiones irregulares de electricidad en la División Valle de México Sur arrojaron como resultado la detección de 216 tomas ilegales, entre las que destacan algunos supermercados de Walmart, tiendas Oxxo; así como sucursales de Cinépolis, Sport City, Hospital Polanco, BBVA Bancomer, Santander, Banco del Bajío y a los restaurantes Chilli’s e Italianni’s, así como edificios de la empresa Cadbury Adams.
Se suman el Colegio de Ingenieros Civiles, el Instituto Mexiquense de Cultura y el Instituto de Salud del Edomex.
En otras zonas como la División Valle de México Oriente, se encontraron 36 empresas que estaba conectadas de forma irregular, entre las que destacan Chedraui, Sport City e ICA. En cuando a la División Valle de México Norte, la CFE precisó que sólo en el municipio de Tlalnepantla se detectaron 34 firmas, entre ellas Gas Carburante, Comercial Mexicana, Aceros Nacionales y una vez más Walmart.
En Cuautitlán detectó 18, resaltando una sucursal de Banamex, el Chilli’s de Cuautitlán Izcalli, la agencia distribuidora de Isuzu Perinorte, así como a CAF, la empresa que construyó y opera el Ferrocarril Suburbano.
Municipio de alerta
En Ecatepec, Estado de México, la situación fue más complicada, puesto que se detectaron 150 empresas, siendo Grupo Bimbo la de mayor renombre, seguida por una sucursal de Coppel, Deportes Martí, cinco escuelas (cuatro primarias y una secundaria en el municipio), así como el Palacio Municipal de Tecamac, un jardín de niños y hasta un Yogurtland.
Efectos
1.- Grandes plazas comerciales se encuentran en la lista, por lo que podría haber fuertes sanciones para los dueños.
2.- Los operativos para evitar el robo de energía eléctrica se mantendrán durante el próximo año, según fuentes de la CFE.
3.- Además de los llamados diablitos, las firmas alteran medidores, por lo que en 2013 habría más cambios de estas herramientas.
4.- Se tendrá especial vigilancia en municipios del centro del país, pues se ha detectado que dependencias se “cuelgan” para no pagar.
Un operativo que inició en 2009 y que aún se mantiene
De acuerdo con la CFE, desde octubre de 2009 llevó a cabo una serie de operativos para detectar las conexiones irregulares, mismas que también incluyen alteraciones a medidores, además de los tradicionales diablitos.
“Desde el inicio de los operativos se realizaron múltiples acciones que garantizaran la continuidad del servicio eléctrico en la zona. Entre otras, la relativa a revisar y actualizar el padrón de usuarios, revisión de medidores, líneas, subestaciones y la implantación de un programa de reducción de pérdidas”, señaló la CFE en los documentos entregados a este diario.
En particular sobre el programa de reducción de pérdidas, la dependencia que hoy dirige Francisco Rojas aseguró que “se encontraron diversas anomalías en las instalaciones de los usuarios (ilícitos), por lo que la Comisión ha promovido su regularización por medio de la sustitución de medidores, aplicación de cortes, y cobranza legal”.
Aclaró que “dado que la regularización y la cobranza son acciones casi simultáneas, los clientes que en su momento presentaron esa problemática, ya la han venido resolviendo”.
Las sanciones
Personal de la Comisión que pidió el anonimato dio a conocer que de acuerdo con el artículo 35 Bis del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, la CFE procederá al corte inmediato del servicio en caso de que “se esté consumiendo energía eléctrica sin haber celebrado al contrato respectivo, y cuando se haya conectado a las líneas del suministrador sin autorización”.
Para reanudar el servicio será necesario que estas empresas paguen la reconexión, previa corrección del medidor o eliminación del diablito, y a su vez haya pagado el importe de la energía robada.
“Las empresas que incurran en este tipo de delitos tienen la obligación de pagar una indemnización a la CFE, así como la celebración de un nuevo contrato de suministro”, aseguraron las fuentes.
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