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viernes, 29 de junio de 2012
¿Fraudes imposibles?
Octavio Rodríguez Araujo
Javier Flores señaló en estas páginas (26/6/12) que sí es posible el fraude, como lo fue en 2006. Nada ha cambiado en estos seis años, ni siquiera las declaraciones de los que dijeron que el fraude era imposible o que las de 2006 fueron elecciones limpias, aunque hubo errores humanos. José Woldenberg y otros insisten en lo mismo; que varios de ellos sean mis amigos no quiere decir que no los critique y cuestione lo que afirman como si tuvieran la verdad revelada. Tanto Héctor Díaz-Polanco como yo hemos demostrado en sendos libros, con base en estudios matemáticos especializados, que el fraude cibernético sí fue y, por tanto, es posible. El fraude tradicional, a la antigüita, ni se discute: se denuncia y no pasa nada, ni por parte del IFE ni de los tribunales. Pero que estas instancias lo conozcan no quiere decir que se impida. Los mexicanos hemos demostrado ante el mundo que las elecciones no tienen por qué ser limpias e inobjetables. Ciertamente no estamos en los primeros lugares de incorruptibilidad, más bien lo contrario. La lista de fraudes posibles, de coacciones y compra de votos, de triquiñuelas para corromper procesos electorales parecen invenciones mexicanas, pero no lo son. En Estados Unidos también han ocurrido y a saber en qué otros países. La combinación de fraude tradicional y el moderno cibernético es perfectamente posible.
Cito unos párrafos de mi libro sobre las elecciones presidenciales de 2006:
En primer lugar existen programas de cómputo capaces de discriminar y aun de sustituir a ciudadanos de una cierta preferencia política con una simple instrucción del software. ChoicePoint Inc. los usó para la elección de George W. Bush en 2000. Un estudioso de aquellas elecciones es Greg Palast, periodista de la BBC y del The Guardian de Gran Bretaña demostró que DBT Online, de ChoicePoint Inc. de Atlanta, Georgia, fue contratada por el Partido Republicano para falsear el padrón electoral de Florida en favor de su candidato presidencial. Ese fraude consistió en quitar electores de la lista y sustituirlos por otros. En la acción participó Jeb Bush, hermano del candidato y gobernador de Florida, además de su secretaria de gobierno Katherine Harris. En esa entidad, dado el sistema electoral de ese país, el candidato del Partido Demócrata, Al Gore, perdió por unos cuantos votos, suficientes para darle el triunfo al republicano. Hay indicios de que se siguió el mismo esquema en 2004 (la relección de Bush), pero en Ohio para hacer perder a John F. Kerry. En México ChoicePoint Inc. compró el padrón electoral en 2003, en el que estaban registrados alrededor de 60 millones de ciudadanos mexicanos. En abril de ese año los corresponsales de La Jornada en Washington denunciaron la operación. Obligaron al gobierno mexicano a hacer una investigación, y se descubrió que un proveedor de datos a la Secretaría de Gobernación vendió los discos a otra empresa llamada Bases de Datos Especializadas, cuyo dueño era Jorge López García. Y éste fue el vendedor de la información a ChoicePoint. Palast tuvo sospechas de que ChoicePoint intervino en México, quizá por la vía del Instituto Internacional Republicano, asesorando al PAN y, por este canal, además de la empresa de Diego Hildebrando Zavala (cuñado de Calderón), al IFE, tanto para la administración del padrón ciudadano con derecho a voto como el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
En aquel entonces se impidió que se conocieran las encuestas de salida (exit polls) el domingo 2 de julio a las 8 de la noche y a las 11 de la noche, hora en que supuestamente el presidente del Instituto, Luis Carlos Ugalde, anunciaría su propio conteo rápido (el del IFE). En lugar de esto, Ugalde, y 10 segundos después Fox, enviaron un mensaje a los atentos televidentes: que los científicos del Comité Técnico del Conteo Rápido no estaban en condiciones de anunciar quién había ganado.
Palast señaló en The Guardian que para Reuters, en su encuesta de salida, ganaba López Obrador sobre Calderón. Se presume que la firma encuestadora Mitofsky, contratada por Televisa, daría semejantes resultados que Reuters, pero la empresa televisora prefirió alinearse, obviamente, con el presidente de la República, y todos vimos a un López Dóriga (Televisa) impaciente por dar resultados y en punto de las 8 de la noche calló y cambió de tema. Algo se ocultaba, olía a fraude, aunque no faltaron quienes afirmaron que los resultados electorales y los programas de cómputo no se pueden trucar, como si nunca hubiera ocurrido que un hacker (o un cracker) se metiera en sistemas de alta seguridad y modificara su uso y beneficio.
La Ohio Elections Commission en su reunión del 13 de diciembre de 2004 entrevistó, bajo juramento, al programador de computadoras Clinton Eugene Curtis, de Tallahassee, Florida, y quien trabajaba para Yang Enterprises, Inc. Curtis declaró que sí existen programas que pueden falsear elecciones secretamente, y que hizo un programa en 2000 que convertía el voto 51 en 49 a favor de quien uno quisiera, en cualquier elección sin que los encargados de las elecciones pudieran detectarlo. Se le preguntó ¿cómo puede uno detectar que un determinado programa falsea las elecciones?, y Curtis contestó que hay que verlo en código fuente, o contar los comprobantes y confrontar el número de comprobantes con el número total de votos. No hay otra manera de descubrirlo. ¿Fueron falseadas las elecciones de Ohio (2004), donde perdió Kerry? Sí po-drían haber sido falseadas, y Curtis añadió que “si las exit polls difieren significativamente del resultado final, es probable que haya sido falseada”. Por esto es que no se dieron los resultados de las encuestas de salida en México ni se permitió que expertos independientes analizaran los códigos fuente del sistema del IFE, de los cuales se sospechaba desde principios de junio, el sábado 3, antes incluso de que fueran denunciados por López Obrador los negocios de Diego Hildebrando Zavala (el 6 de junio, en el debate entre los candidatos) y de que se descubrieran sus vínculos con el software electoral oficial.
Fuente : La Jornada