... y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande

Enrique Calderón Alzati
Con un saludo afectuoso para los miles de jóvenes que en esta época oscura para el país se están convirtiendo en referente y esperanza para un futuro no sólo diferente, sino más justo y mejor.

Es ya parte de la vida política de México que al final de cada periodo sexenal el Presidente de la República sea objeto de las más duras críticas por los abusos cometidos durante su periodo de gobierno; por las señales de grandes negocios y de actos de corrupción cometidos por personas estrechamente vinculadas con él; por el incumplimiento de sus promesas de campaña; por evidentes actos de injusticia cometidos generalmente contra los más débiles; por tratos privilegiados a determinados grupos económicos y, en algunos casos, por tragedias que costaron accidentes y pérdida de vidas que pudieron haberse salvado, pero que perecieron por acciones u omisiones cometidas por funcionarios de su gobierno.

A ello se suma la falta de solución de los graves problemas nacionales, que hoy son ya endémicos y que se han venido acumulando a lo largo de los años, sin respuesta alguna más allá de las demagogias sexenales. Las señales de enojo con el Presidente de la República deben ser así por los enormes poderes que le son otorgados al asumir el cargo, con la responsabilidad de usarlos en beneficio de la sociedad toda.

Desafortunadamente la ola de protestas se diluye con el tiempo, deja de ser fenómeno colectivo y se convierte en mero rencor individual, desarticulado e inocuo, sin ninguna trascendencia para el inculpado; a lo más, unos años de retiro le serán suficientes para luego reintegrarse a la vida nacional como celebridad social o para llevar una vida tranquila, con pensiones millonarias, disfrutando el usufructo de los actos de rapiña cometidos durante su gobierno y de los regalos concedidos como pago por aquellos a quienes beneficiaron en forma discrecional y por lo que se ha visto sin cargo alguno de conciencia, generado por sus errores, omisiones, engaños y, en la mayor parte de los casos, por los abusos cometidos a la sombra del poder.

Pero resulta que este proceso se ha convertido en el precio sabido y aceptable para individuos ávidos de gloria y riqueza, dispuestos a pagar este pequeño precio a cambio de los enormes dividendos que produce el negocio de los puestos públicos; el fenómeno nos ha llevado a ser lo que alguna vez definió López Portillo como un país de cínicos y que yo corregiría aquí para definir a México como un país de gobernantes cínicos. Una buena prueba de ello nos la ha dado, por una parte, Enrique Peña Nieto, cuando a la pregunta que le hicieron los estudiantes de la Ibero sobre la represión a los pobladores de Atenco se atrevió a plantear, como muestra de su insensibilidad, que ello se había hecho por instrucciones suyas, sin imaginar en su ceguera las dimensiones de enojo de la sociedad toda ante tal confesión, no porque no se supiera, sino por el cinismo mostrado en ese momento. Las explicaciones que ha dado sólo denotan su inclinación facciosa y autoritaria, la escasa atención que le merece la sociedad, que ese día le estaba pidiendo cuentas por los abusos de poder cometidos en agravio de personas golpeadas, algunas violadas y encarceladas, que después fueron dejadas en libertad ante la falta de pruebas de sus supuestos delitos y, desde luego, sin la reparación de los daños que les fueron causados.

Otra prueba la dio de inmediato el propio Felipe Calderón cuando, mofándose de la debacle en que había caído el candidato del PRI, ignoró sus responsabilidades en la tragedia que vive hoy el país, imaginando que nuevamente al final de su mandato sus abusos de poder, los crímenes que ha cometido y permitido, utilizando los poderes y recursos de que dispone, así como la confianza depositados en él, al ostentar el cargo de Presidente de la República, terminarán siendo olvidados por la sociedad mexicana en su conjunto, a pesar de su desdén por sus miembros todos, al considerar como daños colaterales las vidas segadas, las familias enlutadas y la angustia de quienes buscan a sus seres queridos reportados como desaparecidos, sin que autoridad alguna pueda o quiera responsabilizarse de buscarlos y darles las respuestas a las que sin duda tienen este derecho mínimo.

Este no debiera ser el final de todo por el enorme daño que su ejemplo tendría para los futuros gobernantes, por lo que apoyada en lo que señala la Constitución, al contener en su texto la frase “…y si así no lo hiciere que la nación me lo demande”, sería por demás saludable la instrumentación de un juicio por parte de la sociedad civil, en el que de manera seria y sujeto a reglas claras un tribunal representativo de los diferentes sectores de la sociedad y de los estados de la República emitiese su veredicto, luego de escuchar por una parte a los testigos que puedan aportar los elementos específicos, que fundamenten su responsabilidad insoslayable en los actos de gobierno de carácter criminal ordenados o permitidos por él, por encima de las leyes de la República, así como los daños causados por esos actos, dando también oportunidad para que un grupo de especialistas jurídicos puedan actuar como defensores de su causa, de manera que todo el caso se ventile ante la opinión pública de la manera más seria, sensata y diáfana, y no como acto de venganza irracional para dar así lugar a un veredicto público y a un conjunto de recomendaciones a las autoridades en turno, de las sanciones que esos actos merecen, todo lo cual podría quedar sujetas incluso a la confirmación de la sociedad mediante una gran consulta organizada por ésta, como otras que se han hecho en el pasado.

Un esfuerzo de esta naturaleza representa un proceso difícil de realizar más no imposible para las organizaciones de la sociedad civil. Su instrumentación puede requerir recursos económicos que permitan financiar las actividades de quienes instrumenten el proceso, así como el uso de las instalaciones necesarias para que el proceso pueda ser realizado y para dar a conocer a la opinión pública su avance y sus conclusiones; sin embargo, no tengo la menor duda de que una vez puesto en marcha el proceso de organización habrá muchos interesados en contribuir en su realización, a partir de una determinación de una convocatoria generada para este fin. Estoy convencido que una acción de este tipo tendría consecuencias importantes para el futuro, porque constituirá una lección para quienes aspiren a dirigir el país, al saber que finalmente tendrán que dar cuentas serias ante la sociedad mexicana y no sólo ante sus compinches y siempre arropados por la maquinaria del poder y los convenios de impunidad convenidos con sus sucesores.

Fuente : La Jornada