Ahora es cuando

Arturo Alcalde Justiniani
El crecimiento constante de las preferencias electorales en favor de Andrés Manuel López Obrador ha generado una corriente de energía y optimismo en amplios sectores de la población, al verse fortalecida la posibilidad real de triunfo. Por ello han sonado voces de alarma en el interior del priísmo, ya que, relajados, veían decidida la elección en su favor. Así, sus blancos de ataque cambian de dirección en la medida en que la candidata panista se aleja de la posibilidad de ganar y la nueva estrategia se orienta a descalificar al candidato ascendente.

El nerviosismo priísta incluye la posibilidad de que, en los hechos, el candidato Quadri abdique en su favor. Si bien sus planteamientos han estado a la derecha de la derecha, algún caudal de votos podrá atraer, resultando especialmente valiosos en condiciones de emergencia. El priísmo busca también tomar distancia del Partido Verde por su creciente desprestigio, resultado de que no es ni verde ni partido, sino un claro negocio familiar que nada tiene que ver con los partidos verdes que existen en otras partes del mundo. Basta informarse para indignarse.

Uno de los elementos activados en la emergencia priísta es el frente laboral. Se ha solicitado a los viejos y adormilados liderazgos de las centrales obreras afiliadas al Congreso del Trabajo acelerar su labor de convencimiento entre los agremiados, pero ésta no será una gestión fácil por el alto deterioro de su imagen entre sus bases; sin embargo, en algunos sectores, como el petrolero o el electricista, de corte cetemista, intentarán promover a su partido por la vía del miedo, producto de amenazas de despido y otro tipo de sanciones.

En este contexto, resulta oportuna la interrogante formulada por el Instituto de Política Laboral y la Fundación Konrad Adenauer en acto que convocan para el próximo 7 de junio. ¿Qué podemos esperar en el ámbito sindical y laboral en México en el próximo sexenio si a) gana Josefina Vázquez Mota, b) Andrés Manuel López Obrador, c) Enrique Peña Nieto? La pregunta es fundamental si consideramos que la mayor parte de la población son trabajadores y que la calidad de vida en el ámbito familiar o personal depende en buena medida de la política económica, laboral y de protección social. Somos 99 por ciento, apuntan sindicalistas estadunidenses en campañas para subrayar su importancia.

La reflexión sobre la condición laboral no ha logrado posicionarse como merece en el actual debate electoral. Se hacen referencias generales al tema del empleo, pero se soslayan cuestiones básicas, como libertad de asociación, salario digno, seguridad social, incluyendo pensiones, y la necesidad de contar con un sistema de justicia laboral imparcial.

Los datos hablan por sí mismos: sólo uno de cada 100 trabajadores está afiliado a un sindicato auténtico que convoque a elecciones democráticas y rinda cuentas. Este porcentaje deriva de una tasa de afiliación de 13 por ciento y del hecho de que 90 por ciento de los contratos colectivos son de protección patronal; esta indefensión es determinante en la degradación constante de las condiciones de trabajo. Un ejemplo palpable lo registramos estos días, en la negativa patronal a pagar el reparto de utilidades que debió cubrirse a más tardar el último día de mayo. Sólo un puñado de empresas han cumplido con esta obligación, entre otras razones, porque incurren en fraude, consistente en hacer aparecer que no tienen trabajadores, ya que supuestamente pertenecen a otra empresa que ellos crean y que denominan de servicios; todo esto ante la vista y complacencia de las autoridades, cuyo papel debería ser impedir esas megasimulaciones.

La respuesta a la interrogante sobre la suerte de los trabajadores en el dilema electoral se puede responder fácilmente atendiendo la experiencia, las propuestas de ley y las definiciones formuladas por cada uno durante la campaña. Al compartir en esencia la misma estrategia económica y laboral, se puede afirmar que el priísmo y el panismo, representados por sus respectivos candidatos, Enrique Peña Nieto y Josefina Vázquez Mota, son lo mismo. Un dirigente cetemista afirmaba que incluso han sido mejor tratados por los gobiernos panistas, con la ventaja de que no tenemos que competir en el seno del mismo partido.

Se ha dicho y es necesario subrayarlo que las propuestas de reforma laboral del PRI y del PAN plantean la misma receta: suprimir la estabilidad laboral mediante la subcontratación indiscriminada y facilitar el despido libre y barato como supuestas condiciones para mejorar la competitividad. La coincidencia en estos temas centrales para el futuro de los trabajadores fue tal, que Vázquez Mota suscribió en un acto público, con todos los legisladores de su bancada, la propuesta priísta, hecho que ha sido ocultado en la campaña electoral, porque ahora conviene aparentar supuestas diferencias. En suma, las propuestas de ambos están basadas en recetas que se han aplicado en los últimos 30 años y que han demostrado su ineficacia al empobrecer a la población en niveles históricos.

López Obrador encabeza una propuesta diametralmente distinta, como consta en el Proyecto Alternativo de Nación y en las iniciativas de ley de los partidos que componen la coalición que lo apoya. No cae en el error de considerar que la precarización del trabajo es la palanca para lograr productividad y competitividad; por el contrario, plantea la necesidad de fortalecer el mercado interno a partir de un esquema de recuperación salarial, como lo practicó cuando fue jefe de Gobierno, a propósito de los sueldos de los trabajadores de base del Gobierno del Distrito Federal, con la fórmula de incrementarlos compensando la inflación y agregando dos puntos porcentuales. Reconoce la importancia de la productividad y la competitividad, sin embargo, considera que son producto de una política económica orientada al crecimiento, de la inversión en nuevas tecnologías y de la formación profesional.

Los trabajadores no tienen posibilidad de elegir a sus líderes gremiales, pero sí pueden votar por un gobierno que respete sus derechos. Ahora es cuando.

Fuente : La Jornada