¿Qué dice Felipe Calderón?
Martín Esparza Flores
Sería conveniente preguntarle a Felipe Calderón si en la agonía de su sexenio aún se siente con la fuerza y los argumentos necesarios para defender la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y seguirla publicitando como una empresa de “clase mundial”. Los hechos demuestran que la paraestatal no sólo está en quiebra sino que ha terminado por entregar la generación de energía eléctrica a las trasnacionales, a las cuales tan sólo este año, y de manera obligatoria, deberá pagar por la compra de su energía, nada menos que 180 mil 548 millones de pesos.
La empresa “modelo” de Calderón, y que le sirvió de acicate mediático para justificar la extinción de Luz y Fuerza del Centro, tendrá de acuerdo a sus propios estados financieros, al cierre del segundo trimestre del 2012, un pasivo total de 849 mil 467 millones de pesos; o sea, un 12.24 % más que en el mismo periodo de 2011, que fue de 756 mil 768 millones de pesos.
Por si esto no fuera poco, gracias al encubrimiento y pernicioso amasiato entre los directivos de la CFE y los dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (SUTERM), de filiación cetemista, se ha permitido el robo de los ahorros que desde 1950 han generado los casi cien mil trabajadores de esta organización y que ascienden a 638 mil millones de pesos.
Sucede que mañosamente, y como ya es costumbre, el gobierno de Calderón a través de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (léase el nombre del inefable Javier Lozano Alarcón y su incondicional discípula, Rosalinda Vélez Juárez) instruyó a la Junta Especial núm. 5 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para que retardará el cumplimiento de los laudos en favor de por lo menos 8 mil 600 afectados, cuya parte proporcional por lo aportado durante su vida laboral supera el medio millón de pesos para cada uno.
El asunto, que sigue esperando la puntual aplicación de la ley, tuvo como antecedente una ardua lucha jurídica en los Tribunales Colegiados Sexto, Tercero, Octavo y Décimo Cuarto, en materia de trabajo del Primer Circuito, del Distrito Federal, los cuales presionaron a la Junta para que emitiera el laudo a favor de los defraudados.
La situación se hubiera mantenido oculta en los sótanos de la ilegalidad sexenal de no ser porque un grupo de legisladores del partido Movimiento Ciudadano presionaron desde el seno de la Tercera Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso para que el máximo órgano legislativo reciba tanto de la Secretaría del Trabajo, como de la Secretaría de Energía, de la Función Pública, y sobre todo de la CFE, los informes relacionados con la desaparición de multimillonario fraude que se cobijó de 1950 a 1990, bajo la figura de un fondo mutualista, el cual fue sustituido en abril de 1990, por mutuo acuerdo de la CFE y el entonces dirigente del SUTERM, Leonardo Rodríguez Alcaine, por un seguro colectivo obrero, según quedó establecido en la cláusula 26 de Contrato Colectivo correspondiente al bienio 1990-1992.
Tanto el SUTERM, encabezado por Víctor Fuentes del Villar, como la CFE, ahora dirigida por Jaime González Aguadé, tendrán mucho que explicar no sólo a los trabajadores de ese sindicato sino a todo el país sobre la desaparición de los cuantiosos recursos públicos que debieron ser manejados con honestidad y transparencia por ambas partes, y que ahora son la muestra más palpable del grado de corrupción y complicidad que han mantenido por décadas ambas partes en la “empresa de desastre mundial”, que para colmo de sus males se encuentra en quiebra y a merced de las trasnacionales.
¿Qué dirá ahora Felipe Calderón de su “ejemplar” CFE?