/Tercera parte
La nueva administración que tomará las riendas del país en diciembre próximo encontrará a Petróleos Mexicanos (Pemex) como una empresa que enfrenta una caída libre en sus niveles de producción de crudo, y que también padece una notoria descapitalización y un desgaste en su sistema operacional. Pemex se desangra por las millonarias pérdidas anuales ocasionadas a sus finanzas por el increíble “extravío” de más de 70 mil barriles diarios de petróleo, el robo a sus ductos y cientos de litigios que ventila en cortes nacionales y extranjeras, cuyos fallos, en la mayoría de los casos, son en su contra.
Producto de la negligencia de sus altos funcionarios pero también de la corrupción de sus cuadros medios, los problemas colaterales que padece la paraestatal son tan graves que ni siquiera la Procuraduría General de la República (PGR) ha podido hacer frente a la innegable presencia de grupos de la delincuencia organizada como el cártel de Sinaloa o Los Zetas, en delitos tales como el robo de carros tanque o la ordeña de los ductos. Delitos que tan sólo en 2011 superaron los 3 mil millones de pesos.
Especialistas en la materia coinciden en que tan recurrentes anomalías no pueden ser posibles sin la participación directa de personal de operación, distribución, almacenamiento y ventas, siendo en la mayoría de los casos funcionarios de segundo nivel, pues los altos directivos de la paraestatal se reservan para ellos el manejo de multimillonarios contratos que otorgan en la mayoría de las ocasiones a empresas trasnacionales que, como sucede en el sector eléctrico, se han ido adueñando de manera paulatina y silenciosa de las diversas áreas de Pemex.
Una muestra de que tanto la PGR como la Policía Federal Preventiva se han cruzado de brazos es que el jurídico de la paraestatal presentó, de 2001 a 2011, 2 mil 611 denuncias por ordeña y tomas clandestinas, de las cuales sólo 15 concluyeron en sentencia. Esto demuestra el poco interés del gobierno federal por no privilegiar la defensa del patrimonio de la empresa y el grado de complicidad que guarda con los grupos delincuenciales que se allegan, año con año, millonarios recursos mediante estos ilícitos.
Hace apenas unas semanas, un reporte emitido por la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) alertó de otro problema de dimensiones mayúsculas: el faltante, en los primeros cinco meses del año, nada menos que de 70 mil barriles diarios de petróleo tanto del enviado al extranjero como del distribuido por las refinerías de Cadereyta, Madero, Salamanca, Tula y Minatitlán. Lo que representaba algo así como el 2.8 por ciento de la producción total, o el equivalente, de acuerdo con los expertos, a la producción diaria del yacimiento de Chicontepec.
Si bien es cierto que en todos los estándares internacionales se llegan a manejar márgenes de pérdidas, éstos suelen ser muy inferiores al 1 por ciento de la producción total, pero como en México todo es posible –en el sentido negativo, claro está– los niveles de pérdida no bajan del 1.5 por ciento; por ejemplo en 2011, cuando las pérdidas rondaron el 1.4 por ciento de la producción, los barriles “extraviados” llegaron a las 35 mil unidades diarias.
Lo sospechoso es que a partir de abril pasado los “extravíos” casi se duplicaron al llegar a un 3.2 por ciento de pérdidas; es decir, casi 81 mil barriles diarios que no aparecen por ningún lado, al menos en los registros contables de los funcionarios de la paraestatal.
¿Los costos? Estiman los especialistas que si tomamos en cuenta un promedio de 70 mil barriles diarios de pérdida, los mismos sumarían al mes nada menos que 2 millones 100 barriles, cuyo valor se estima en unos 226 millones 884 dólares. Y si la aritmética no miente y la calculadora no falla, la pérdida anual al patrimonio del país es de 2 mil 722 millones 608 mil dólares, que a un tipo de cambio de 13 pesos por dólar nos daría un total de 35 mil 393 millones 904 pesos.
Es claro que de este gigantesco faltante los altos funcionarios de Pemex no dicen nada como tampoco del saqueo por el robo de combustible. Podemos imaginarnos cuántos proyectos de infraestructura médica o educativa podrían financiarse con estas multimillonarias sangrías por las cuales ni un sólo funcionario es sancionado por las operaciones de este lucrativo cártel negro como ya ha sido bautizado por algunos comunicadores.
De acuerdo con los expertos de la CNH, cuando se les ha llegado a requerir explicaciones de los voluminosos faltantes a los responsables de la subsidiaria Pemex Exploración y Producción, éstos argumentan que se trata de niveles correspondientes a su “nivel de inventarios”. El problema es que tales irregularidades rara vez salen a la luz pública y menos son ventilados en los foros y estrados parlamentarios. Pues, dicho de una manera clara y contundente, son multimillonarios fraudes a la nación, debidamente legalizados. Y hasta justificados. No hay pues, delito que perseguir. Aunque usted no lo crea.
Algo similar sucede con los cientos de demandas civiles, penales, mercantiles o laborales que la paraestatal arrastra desde el gobierno de Ernesto Zedillo y que se acrecentaron en el sexenio de Vicente Fox, cuando, vale recordarlo, aparecía como abogado de Pemex, nada menos que César Nava, uno de los hombres más cercanos a Felipe Calderón.
Anualmente, en sus erogaciones, la paraestatal destina importantes recursos para pagarle a la infinidad de despachos que le representan en sus litigios tanto nacionales como internacionales; tan sólo en diciembre de 2011 se transfirieron al área jurídica de Pemex una reserva de 8 mil 430 millones de pesos para asuntos locales y 8 millones 412 mil 697 dólares para los gastos de sus representantes en el extranjero. Y al igual que como ha sucedido con los litigios de la Comisión Federal de Electricidad, parece que los abogados y representantes jurídicos de Pemex poco hacen por evitar que la empresa pague millonarias indemnizaciones a sus demandantes, pese a que muchos de esos pleitos contra la empresa fueron perfectamente conocidos en su momento por el propio Felipe Calderón, cuando desempeñó el cargo de secretario de Energía en el sexenio de Vicente Fox, y que le valió ser nada menos que el presidente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos.
Durante su sexenio, por ejemplo, Pemex ha debido pagar a empresas como el Consorcio Proyecto Cadereyta, aliada con la compañía coreana SK Engineering y con la alemana Siemens, 311 millones 178 mil dólares, por la supuesta reconfiguración de la Refinería Héctor Lara Sosa, de Cadereyta, Nuevo León, cuyos trabajos nunca se concluyeron, operando la planta sólo a una sexta parte de su capacidad total. No obstante, los abogados de la paraestatal perdieron el pleito.
También la Corporación Mexicana de Mantenimiento Integral le ganó una demanda a Pemex Exploración y Producción, por 293 millones de dólares más otros 34 millones por intereses. Pero la lista es larga y las pérdidas en este renglón, como se observa, también son millonarias. Sangrías injustificables sobre las que habrá que trabajar el próximo gobierno, a ver si es posible tapar o al menos subsanar las enormes filtraciones que presenta este barril sin fondo.
*Secretario general del Sindicato Nacional de Electricistas
