Los beneficiarios de un sistema político y económico sumamente injusto y depredador, siguen sin entender que los problemas sociales tienen una causa y un efecto, y que cuando se confunden se crean conflictos mayores, como lo demuestra la Historia. Ahora la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), pidió al Movimiento Progresista frenar los ataques contra las tiendas Soriana, cuando en realidad debería exigir a los dueños de esta cadena comercial aclarar todo lo concerniente a su participación en el asunto de las tarjetas con las que el PRI compró votos a gente sumida en la miseria y la desinformación.
Es obvio que no fue gratis la componenda, sino un negocio que debe haberle redituado cuantiosas ganancias. Pero como el PRI no cumplió plenamente su compromiso, como se demostró cuando trascendió que algunas de esas tarjetas no eran aceptadas por las cajas, empezaron las protestas de los supuestos beneficiarios y la sucia maniobra quedó descubierta. Vista la situación por la dirigencia priísta, se apresuraron a culpar a la izquierda y particularmente a Andrés Manuel López Obrador, al mismo tiempo que echaban a andar una estrategia de control de daños al estilo mafioso: se activó una escalada de violencia con provocadores del propio partido a fin de culpar a las corrientes del Movimiento Progresista.
Por ello en este momento es muy difícil precisar cuál acción contra las tiendas Soriana es hecha por ciudadanos que fueron burlados por el PRI, y cuáles otras son parte de la estrategia de provocación para culpar a la izquierda y al mismo tiempo destacar la noción de que ésta es violenta por naturaleza. Dice Pedro Joaquín Coldwell que “es una ofensa para los mexicanos decirles que se compró su votó”. La burla es manifiesta, pues lo verdaderamente ofensivo es haber incurrido en esa y otras prácticas lesivas de la dignidad del pueblo. El colmo fue que ni siquiera hubo la intención de cumplir plenamente con la cifra prometida, como lo demostraron los hechos, motivo por el que la gente burlada se indignó.
El compromiso ahora es para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el cual cometería un desacato extraordinario a la Constitución si no anula los comicios por la Presidencia. Cada día surgen nuevas pruebas de las ilegalidades cometidas por el PRI, las cuales se pretende nulificar con palabras y con actitudes de “enojo” y de sorna. Tal es el caso con los documentos probatorios de la triangulación de fondos realizada por Luis Videgaray a través de una cuenta de Scotiabank cuyo titular es el gobierno del estado de México, por un monto que supera los 8 mil millones de pesos.
La propia institución bancaria, con tal de quedar bien con su poderoso cliente, hizo un desmentido revelador: negó en un escueto comunicado que Videgaray sea el titular de la cuenta de referencia, cuando existen documentos que demuestran lo contrario, mismos que fueron entregados a la prensa. Ricardo Monreal informó que dichos documentos probatorios fueron entregados durante las asambleas distritales para recabar evidencias de la compra de votos. Esto demuestra que hay ciudadanos que están hartos del cinismo de los tecnócratas priístas, y están contribuyendo a que las cosas cambien en el país.
Tal situación patentiza el gran riesgo que se corre si las autoridades electorales se prestan, de manera indigna y contraria incluso al espíritu y la letra de la ley, a los designios infamantes del grupo en el poder. Otro sexenio igual o peor como los vividos en los últimos treinta años, no lo resiste más la población mayoritaria. Así lo demuestra el renovado interés ciudadano en ofrecer pruebas de las prácticas ilegales del PRI. Cada vez más gente está comprendiendo, incluso la menos informada, que el sistema político y económico está armado para beneficiar a unos pocos a costa del empobrecimiento de cada vez más población indefensa.
Así lo demuestran los hechos y datos duros, como los que acaba de dar a conocer la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV): en el primer semestre del año, los 42 bancos comerciales que operan en México, casi todos extranjeros, obtuvieron utilidades por un monto de 43 mil 500 millones de pesos, 24.2 por ciento superior al del mismo periodo del año anterior, que fue de 35 mil millones de pesos. La mayor parte de ese dinero fue a parar al extranjero, donde se ubican las casas matrices de estos bancos. Lo más lamentable de esta situación es que los mayores beneficios los obtuvieron de los créditos personales y de nómina, que son mucho más caros que los de las tarjetas de crédito. ¿Adónde vamos a parar por este camino de depredación y agio, protegido por el Estado neoliberal?
