Nacional - Sábado, 06 de octubre de 2012
Como están convencidos de que todo lo que pidan se les habrá de conceder, los miembros de la cúpula empresarial demandaron que Pemex pase a ser de su propiedad, pues no otra cosa cabe entender de su exigencia de que la paraestatal se dedique sólo a la extracción de crudo y deje todo lo demás a los particulares. Desde luego, Enrique Peña Nieto se comprometió a sacar adelante una reforma energética en ese sentido, “que permita a la iniciativa privada invertir más en el sector energético”. Obviamente, no lo van a hacer si conllevara algún riesgo esa inversión, de ahí que sea muy claro que lo harían sólo si el negocio fuera de su propiedad.
Dicho y hecho: Peña Nieto llegará a Los Pinos para terminar la entrega del país a intereses privados, nacionales y extranjeros, con las mayores facilidades posibles. Por eso Carlos Salinas de Gortari no cabe de contento, al igual que los más conspicuos líderes del sector privado, quienes en el colmo de la avaricia hasta demandaron una nueva reforma agraria, “para dar seguridad en la tenencia de la tierra a los empresarios”. Aun así tuvieron el descaro de quejarse por la inseguridad prevaleciente, por lo que pidieron que se continúe con el Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Plataforma México.
Es terrible constatar el grado de insensibilidad social y de voracidad de la cúpula empresarial. Como dice el dicho popular: “ven la tempestad y no se hincan”. Quieren que no haya inseguridad y violencia en el país, pero no se ponen a pensar un poco en las causas de tal realidad. Le solicitaron a Peña Nieto poner énfasis en la prevención del fenómeno para reconstruir el tejido social, pero sin que se afecten sus intereses, lo que hace imposible semejante reto. Saben que muchos jóvenes están integrados al crimen organizado, pero no quieren comprometerse con medidas correctivas del problema.
En vez de que Peña Nieto actúe como un verdadero estadista, aunque no lo sea, se muestra como lo que realmente quieren que sea los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial: un “gerente general” dispuesto a servirlos como les venga en gana. Así quedó demostrado en la reunión que tuvieron con éste los dirigentes del organismo, cuya finalidad al parecer no fue otra que demostrar a la nación que habrá de mantenerse su hegemonía sobre el Ejecutivo federal.
Las consecuencias de esta nefasta realidad no se harán esperar, pues se han rebasado los límites que permitirían evitar una catástrofe social inédita. Las instituciones del Estado están al servicio de una oligarquía apátrida, sin que haya una mínima posibilidad de que las clases mayoritarias sean escuchadas, menos aún que se pusieran en práctica medidas que evitaran los horrores que se vislumbran, una vez que sea aprobada la contrarreforma laboral. Incluso el Banco Mundial se da cuenta ya de la urgente necesidad de que sea escuchada la voz de los asalariados, a fin de evitar males mayores a la sociedad en su conjunto, como lo señaló en su “Informe sobre el desarrollo mundial 2013: empleo”.
Aquí, como está muy claro, sólo se escucha el vozarrón de la oligarquía, cuya voracidad no tiene límites, motivo por el cual se habrán de producir males mayores al país en poco tiempo, toda vez que Peña Nieto no será el árbitro que necesita la nación, sino un obediente “gerente general” dispuesto a demostrar en los hechos sus firmes convicciones antidemocráticas. De ahí su apoyo incondicional a las llamadas reformas estructurales, mismas que una vez en marcha serán la sepultura de la gobernabilidad, cuando la mayoría de los hogares mexicanos se vean afectados de manera irreversible por el desempleo, el hambre, la inseguridad y el caos reinante.
Tal realidad no tarda en presentarse, por eso Felipe Calderón está seguro de que su meta de meter a penales federales a 50 mil reos se habrá de cumplir. Como si con eso se fueran a terminar los agudos problemas que padece México luego de tres décadas de neoliberalismo y deshumanización. Eso no importa, pues el compromiso de la burocracia dorada no es con la sociedad nacional, sino con una oligarquía insaciable que nunca está satisfecha.
De ahí lo certero de la advertencia de la Cepal, sobre la importancia de una reforma laboral que evite la precarización del empleo y que asegure que se mantengan intocados los derechos fundamentales de los trabajadores, como los relacionados con la huelga. Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, aseguró que con esta reforma no se habrán de crear nuevos empleos, sino acaso sólo incorporaría a trabajadores que hoy se desempeñan en la economía informal. Aunque diversos especialistas aseguran que lo que en verdad ocurrirá será ampliar dramáticamente este agudo problema.
