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miércoles, 28 de noviembre de 2012
Presenta delegado de V. Carranza queja en CNDH por cerco en San Lázaro
Se violó el derecho al libre tránsito; 30 mil personas habitan, trabajan o circulan en la zona, argumentó.
Fernando Camacho Servín
Publicado: 28/11/2012 10:30
México, DF. El delegado en Venustiano Carranza, Manuel Ballesteros, acudió esta mañana a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, acompañado por un grupo de diputados del PRD para interponer una queja por la violación al derecho al libre tránsito que significa la instalación de un cerco de seguridad en torno del Palacio Legislativo de San Lázaro con miras a la toma de posesión de Enrique Peña Nieto este sábado 1 de diciembre.
Ballesteros afirmó que al rededor de 30 mil personas que habitan, trabajan o circulan por dicha zona se han visto afectadas por el cerco, por lo cual presentó un total de 3 mil 500 firmas de vecinos y 2 mil 10 copias de credenciales de elector de ciudadanos inconformes con dicha medida.
“Mucha gente no puede entrar a sus casas, es una exageración montar un operativo de 10 kilómetros y coartar el derecho constitucional al libre tránsito. Se trata de una arbitrariedad sin razón montar este cerco con tantos días de anticipación”, denunció el funcionario.
Por su parte el diputado federal perredista Julio César Moreno, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo no saber cuál es el temor que lleva al Ejecutivo entrante a instalar este cerco. “Un poder está amurallando a otro poder. No puede ser que eso se repita cada seis años, por eso le pedimos al Estado Mayor Presidencial que levante este cerco”, aseveró.
Carlos Reyes Gámiz, vocero de la bancada del sol azteca en San Lázaro, advirtió que la gestión de Peña Nieto está iniciando con “signos de intolerancia”, como lo demuestra el hecho de conferirle tantos poderes a la Secretaría de Gobernación. “Esta demostración excesiva de fuerza aparece como señal de lo que será el próximo equipo de gobierno”, puntualizó.
Al acto acudieron también los diputados Jonathan Jardínes y Fernando Cuéllar.
La Jornada