Después del caso Cassez
Martín Esparza
Libres de las presiones ejercidas por Felipe Calderón Hinojosa y su gabinete, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) parecen devolver al Poder Judicial, en el nuevo gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto, su autonomía y credibilidad, puestas en tela de juicio en el anterior sexenio.
Uno de los dos casos emblemáticos que demostrarían en el terreno del Estado de derecho si los miembros del Alto Tribunal retomaban el sentido que la Constitución les marca como guardianes de la aplicación exacta de las leyes, negando someterse a los designios del Ejecutivo en la ilegal salvaguarda de oscuros intereses personales y políticos, era sin duda alguna el polémico caso de la francesa Florence Cassez.
Como se recordará, el asunto puso en un brete a los miembros de la Segunda Sala del máximo órgano de justicia del país, el pasado año, cuando saltó a la palestra del desaseado proceso en contra de la extranjera, acusada de secuestro, el burdo montaje mediático realizado en diciembre del 2005 por el entonces director de la AFI, y después titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna.
Durante el juicio persistió en el pasado sexenio el fantasma de la duda sobre la presión ejercida por la administración de Felipe Calderón para que los ministros encabezados por Arturo Zaldívar Lelo de Larrea protegieran con su fallo los errores cometidos por uno de los funcionarios consentidos del expresidente, que pasó por alto no sólo los básicos fundamentos procesales sino además los tratados internacionales que obligan a la asistencia consular en caso de delitos cometidos por extranjeros.
Fue evidente que ante tal avasallamiento a los derechos humanos de la procesada, la aplicación de la ley no dejaba otra salida que la liberación de Cassez. Y en ese sentido iba a tomar camino la decisión de los ministros, pero todo indica ahora que la arbitraria e impositiva injerencia del expresidente para evitar un daño de proporciones mayúsculas a la imagen política de su partido y su gobierno, que acabaron por irse a pique en las elecciones de julio pasado, terminó alargando el proceso hasta remitirlo a la esfera de un nuevo gobierno que nada tuvo que ver con el monstruoso desaseo jurídico armado en torno a este asunto que provocó, en 2011, una grave crisis diplomática con el gobierno de Francia.
El pasado miércoles, y con la mirada de los medios nacionales y extranjeros puesta en el caso de Cassez, la Corte recobró parte de esa dignidad y autonomía que parecían perdidas al otorgar el amparo liso y llano en pro de la liberación de la extranjera, con tres votos a favor de los cinco ministros de la Primera Sala que coincidieron en su argumentación jurídica sobre las múltiples violaciones al proceso y a los derechos humanos de la ciudadana francesa, que además transgredieron de manera flagrante los convenios internacionales en la materia.
El segundo caso ahora por dilucidar en el Máximo Tribunal es el del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), al que de igual forma los funcionarios de Calderón trataron por todos los medios de confundir a la Suprema Corte con una inexistente inviabilidad financiera de la paraestatal Luz y Fuerza del Centro, para justificar el insostenible decreto de su extinción, emitido por Calderón el 11 de octubre de 2009, y que arrojó a la calle a 44 mil trabajadores electricistas, 16 mil 599 de los cuales rechazaron las migajas de su liquidación y ganaron el pasado 13 de septiembre, después de una ardua lucha de resistencia, un amparo en contra del laudo emitido el 30 de agosto del 2010 por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El veredicto emitido a su favor por unanimidad de los miembros del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y que les resarce, entre otros beneficios, su fuente de empleo, lejos de acatarse fue impugnado por Calderón Hinojosa mediante el abogado del SAE, Humberto Cavazos Chena, cuestionado laborista que junto con su hermano Baltazar han sido denunciados en los medios como operadores de la empresa Servicios Integrales de Autopistas (SIASA), que bajo los gobiernos del PAN contribuyeron al desmantelamiento de Caminos y Puentes Federales (CAPUFE), para poner el rentable negocio del mantenimiento carretero en manos privadas. Los casi 67 millones de pesos cobrados por Humberto al SAE le han permitido darse lujos como el ir a cazar elefantes y leones al África, costosos gustos que sólo se creía que eran accesibles al bolsillo de personajes de la realeza como el rey de España, Juan Carlos de Borbón, según publicó hace unos días un conocido medio.
Ahora los ministros tendrán también en sus manos, y en sus conciencias, la responsabilidad de desechar los infundados alegatos esgrimidos por Humberto Cavazos en contra del amparo del Segundo Tribunal que garantiza los derechos laborales de los trabajadores del SME que, como en el caso de Florence Cassez, forman parte de sus derechos humanos, pisoteados de manera inobjetable por el gobierno de Calderón.
En ambos atropellos vale citar lo reflexionado por el ministro Zalvídar en la sesión de la histórica resolución de la Corte: “El respeto a los derechos humanos es lo que diferencia la democracia del autoritarismo”.
