BRUSELAS (apro).- El panorama de los derechos laborales en México ha generado tal grado de preocupación que sindicatos internacionales han decidido movilizarse para denunciar al gobierno mexicano y apoyar a los trabajadores del país.
Como parte de esa movilización mundial, una delegación del sindicato global IndustriALL, con sede en Ginebra, Suiza, prepara un viaje a México para entrevistarse con el presidente Enrique Peña Nieto y exhortarlo a que cumpla con las convenciones internacionales en la materia y con las recomendaciones dirigidas a las autoridades del país por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Más aún, esa asociación sindical —que dice contar con 50 millones de trabajadores adherentes de la industria minera, energética y de la manufactura en 140 países— está en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a la delegación, afirma el brasileño Fernando Lopes, secretario general adjunto de IndustriALL en Ginebra, quien prevé que esa visita a México se realice “en julio o agosto”.
En declaraciones a Apro, Lopes cuestiona la nueva Ley Federal del Trabajo —promulgada el 1 de diciembre de 2012— que, a su juicio, empeoró todavía más la situación de los derechos laborales de los mexicanos. “No vemos ningún indicio de que haya una intención seria en el gobierno de Enrique Peña Nieto de cambiar las cosas, que hoy permiten la subsistencia de un ‘sindicalismo charro’ que acepta contratos de protección empresarial”, denunció el dirigente sindical.
IndustriALL exige que se derogue tal legislación, pues fomenta el despido de activistas sindicales, aumenta la subcontratación y conduce a la expansión masiva del empleo precario.
El gobierno de México —acusa Lopes— no ha cumplido hasta ahora con la implementación de las recomendaciones que emitió la OIT hace dos años, y que derivaron de una queja que el 5 de febrero de 2009 presentó, a nombre de varios sindicatos, la Federación Internacional de Trabajadores de la Industria Metalúrgica (IMF, por sus siglas en inglés), que es miembro de IndustriALL.
Esa queja fue la primera que se introdujo ante la OIT —específicamente ante su Comité de Libertad Sindical— contra el gobierno mexicano. En ella se solicita a la OIT “condenar la violación sistemática del derecho de asociación; emplazar a las autoridades del país a adoptar correctamente la Convención 87 de la OIT dentro de la ley nacional, y promover las relaciones democráticas en las relaciones industriales en México”, según explicó en ese momento el presidente de la IMF, Jürgen Peters, presidente también del poderoso sindicato alemán IG Metall.
El 29 de marzo de 2011 el Comité de Libertad Sindical de la OIT emitió un informe en el que recomendó al gobierno del entonces presidente Felipe Calderón que sostuviera un “diálogo social constructivo” con los sindicatos para examinar cuestiones relativas a las cláusulas de seguridad sindical y de representatividad mínima de los sindicatos para poder negociar colectivamente, así como las alegaciones sobre la falta de imparcialidad de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la excesiva duración de sus procedimientos.
Ese diálogo tenía que incluir aquellas organizaciones sindicales que interpusieron la queja ante la OIT: la IMF, la Confederación Sindical Internacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (SITUAM), así como el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metálica, Acero, Hierro, Conexos y Similares (STIMAHCS) y el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM), estos dos últimos afiliados a la Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de México.
Asimismo, el comité de la OIT instó al gobierno mexicano a tomar “medidas legislativas en el corto plazo” que fortalecieran “la protección contra las prácticas antisindicales, que están violando los principios de la negociación colectiva”.
En junio de 2012, el Consejo de Administración de la OIT, uno de los órganos superiores, aprobó tales recomendaciones de su comité. El 9 de julio de 2012 el secretario general de IndustriALL, el finlandés Jyrki Raina, acusó:
“El gobierno mexicano clama que respeta los derechos laborales fundamentales, incluyendo la libertad de asociación, pero su fracaso para tomar cualquier paso real para cambiar el sistema de los contratos de protección, que sistemáticamente minan la independencia sindical para organizarse, prueban otra cosa”.
En octubre de 2011 y febrero de 2012, los sindicatos demandantes incluso transmitieron cartas al presidente Calderón, en donde urgían que tomara las acciones correspondientes, pero eso nunca ocurrió.
Por esa razón, entre el 19 y el 25 de febrero de 2012 el consejo de la organización Global Unions —de la que forman parte, entre otras federaciones sindicales mundiales, IndustriALL y la Confederación Sindical Internacional— realizó una campaña de acción global sin precedente, en la que se exigió al gobierno mexicano que concretara las recomendaciones de la OIT y que hiciera algo para terminar con la violación de los derechos laborales.
“Para nosotros, la demanda que interpusimos en la OIT sigue vigente”, recalca Lopes a Apro, y agrega que las intervenciones de ese organismo reflejan una “condena muy fuerte contra México”.
Sin embargo, reconoce el sindicalista, el problema es que la OIT no cuenta con facultades para obligar a los Estados a cumplir con sus resoluciones, por lo que “la única forma de hacerlo es ejercer una presión internacional”.
“Por eso —recalca Lopes— estamos discutiendo con la OIT el envío de una misión a México de sindicalistas, de las federaciones y confederaciones mundiales, para reunirnos con Peña Nieto y discutir y presionar; porque sólo la presión política sobre el gobierno de México puede hacerlo actuar, pues no existen instrumentos internacionales que lo obliguen.”
—¿Están en pláticas con la OIT para que representantes suyos se unan a esta misión a México?
—Así es.
Movilización inédita
Dado que el gobierno de Peña Nieto persiste en el incumplimiento de las recomendaciones de la OIT, la Confederación Sindical Internacional e IndustriALL lanzaron una nueva campaña de denuncia y de presión internacional —bajo el eslogan Días de Acción México—, la cual tuvo lugar del 18 al 24 de febrero pasados.
Como lo informó Apro, durante esa movilización sindicatos de todo el mundo solicitaron a la administración priista que ponga fin al uso de los contratos de protección impuestos por el empleador; que derogue las leyes del trabajo promulgadas el 1 de diciembre de 2012 y que haga justicia a las familias de los 65 mineros muertos en la mina Pasta de Conchos el 19 de febrero de 2006.
También exigieron al gobierno federal que “readmita a los activistas sindicales despedidos ilegalmente” —como consideran que ocurrió en los casos del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), PKC, Vidriera de Potosí/Grupo Modelo, Honda y Calzado Sandak/Bata— y que “permita la celebración de elecciones libres y justas”, en concreto en las empresas PKC, Excellon, Honda y Atento.
Una fuente de la Confederación Sindical Internacional —que pidió no ser citada para no saltarse las normas de comunicación interna— señaló en esa ocasión que el gobierno mexicano viola el artículo 87 de la OIT sobre libertad sindical y protección del derecho a la sindicación, además de que México es uno de los pocos países del mundo que no ha ratificado el Convenio 98 de la referida organización, relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva.
Como parte de esa campaña, la Confederación Sindical Internacional —que se presenta como la mayor organización sindical del planeta con 175 millones de trabajadores agremiados de 156 países— entregó en la embajada mexicana en Bruselas una carta dirigida a Peña Nieto en la que expresa su “profunda preocupación” por las “graves violaciones” a los derechos laborales que se cometen “sistemáticamente” en el país.
La australiana Sharan Burrow, presidenta de esa confederación, dice al presidente priista en esa misiva que la administración de Calderón le heredó “graves conflictos laborales” cuya solución aún está pendiente; el más reciente de ellos, “la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de avalar los despidos ilícitos de 16 mil 599 trabajadores del SME”. Burrow hace un llamado a Peña Nieto “para que rectifique esta injusticia reintegrando a los trabajadores a su puesto de trabajo”.
A tal movilización se sumaron federaciones sindicales de países tan lejanos como Japón, Rusia o Sudáfrica, además de Suecia, Noruega, República Checa, Argentina, Uruguay o Brasil, que en algunos casos también entregaron comunicaciones en las respectivas representaciones diplomáticas mexicanas.
El 21 de febrero, Christine Olivier, la vicepresidenta del sindicato sudafricano Numsa, dijo a 200 de sus compañeros que protestaron frente a la embajada mexicana en Pretoria: “Nos hemos reunido aquí en solidaridad con nuestros compañeros en México, a quienes se les niegan sus derechos como trabajadores y como seres humanos a asociarse y organizarse en sindicatos democráticos controlados por los trabajadores, y sin represalias”.
Y las alertas internacionales continúan. El pasado 17 de abril, IndustriALL emitió un boletín de prensa en apoyo de los trabajadores en México de la empresa automotriz japonesa Honda, que un día antes comenzaron un paro indefinido en la planta de El Salto, Jalisco.
A pesar de un aumento en la productividad en 2012, la empresa disminuyó la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades, que, según el sindicato, debía subir 60%. Además, la dirección de Honda México se niega a negociar con el Sindicato de Trabajadores Unidos de Honda México (STUHM), al que sostienen los trabajadores, y sólo quiere hacerlo con el Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Estructura, Armadura Motriz y Manufactura Industrial (SETEAMI), el cual está afiliado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM) y al que se acusa de estar coludido con la dirección empresarial.
Eso no es todo, ya que el 25 de marzo último murió el trabajador Armando Arana, prensado por un contenedor mientras pintaba una rampa. Arana tenía 14 años de antigüedad en la empresa y había reclamado en varias ocasiones las malas condiciones de seguridad en las que hacía su trabajo, por lo cual, señala el boletín de IndustriALL, el personal directivo de la empresa lo hostigaba.
José Luis Solorio, secretario general del STUHM, explica en ese comunicado que a Arana “se le ordenó junto con otros compañeros que pintaran las rampas de desembarque en la planta de motos. Para ello debían mover algunos contenedores y, en un espacio de aproximadamente un metro, pintar de amarillo las rampas”.
“Los trabajadores —continúa Solorio— pidieron a la empresa señalizaciones de seguridad para evitar accidentes, dado que era un lugar de carga y descarga de contenedores. Pero les respondieron que no era necesario y que realizaran el trabajo o si no que sería despedido quien se negara o protestara.”
El pasado jueves 2 el vicepresidente ejecutivo de Honda Motor, Tetsuo Iwamura, anunció que el corporativo invertirá 470 millones de dólares en la construcción de una nueva planta en Celaya, Guanajuato, la cual generará, dijo, mil 500 empleos directos.
El anuncio se llevó a cabo en las oficinas de la Secretaría de Economía en presencia de su titular, Ildefonso Guajardo; el encargado de despacho de ProMéxico, Alejandro Delgado; el embajador de Japón en México, Shuichiro Megata, y el gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, de acuerdo con una nota del portal Mexican Business Web.
