Ante una tragedia más
Martín Esparza Flores
Aún no cierran en San Pedro Xalostoc las heridas ocasionadas a sus pobladores por el mortal estallido de una pipa accidentada en la autopista México-Pachuca, por la criminal negligencia de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y de los legisladores que aún permiten en el país el uso de tractocamiones de doble remolque, cuando de nueva cuenta una unidad similar pintó de luto y muerte los hogares de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que el día 13 realizaban una protesta pacífica en la caseta de peaje de Zurumucapio, Michoacán.
La irresponsabilidad oficial tanto de los miembros del Congreso como altos funcionarios mostró el costo de vidas humanas que representa autorizar que unidades operadas en malas condiciones y por choferes mermados por excesivas cargas de trabajo circulen por las carreteras.
Luego de la tragedia en la humilde población del Estado de México se prometió revisar las leyes en la materia para evitar más accidentes, pero lo sucedido en Michoacán habla de que el discurso cómplice de las autoridades sólo encubre la avaricia de empresarios sin escrúpulos.
Por qué a raíz de la cerrazón y falta de cumplimiento en los acuerdos signados con los profesores, tanto por autoridades federales como estatales, no se les ofrece otra salida más viable que movilizarse contra la reforma educativa que atenta contra su estabilidad laboral y la permanencia de la educación laica y gratuita.
A eso fueron orillados los profesores de la Sección XVIII de la CNTE que ese lamentable día se manifestaban pacíficamente en la caseta de cobro para ser escuchados por la población. En tan lamentables decesos, a los que nos unimos con la solidaridad de los integrantes del SME, hay mucho de culpa de funcionarios que tanto en Gobernación como en los gobiernos estatales de manera sistemática no cumplen por lo signado por ellos mismos, por ejemplo, la ausencia de representantes de Bucareli en los 10 foros regionales de análisis de la reforma educativa que deberían ser el marco para escuchar las propuestas de los maestros y expertos en la materia.
La exigencia de los profesores es válida y está encaminada a echar abajo, con sólidos argumentos, las reformas avaladas por los legisladores sin el mínimo consenso social, y que han modificado los artículos constitucionales, tercero y 73; este último otorga al Congreso la facultad de establecer el Servicio Profesional Docente, cuando su anterior fracción XXV, ahora alterada, ni siquiera se aplicaba al pie de la letra.
Esperemos que la muerte de los cinco profesores michoacanos sirva de ejemplo y aliciente a la lucha de toda la clase trabajadora, y motivo de reflexión para preguntarnos hasta dónde llega la indiferencia de quienes nos gobiernan.
