El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna consideró un acierto lo que impulsará el PRD en el DF contra estas cuotas.
Alfredo Méndez
Publicado: 04/08/2013 15:16
México, DF. El Frente Mexiquense en Defensa para una Vivienda Digna (FMDVD), que representa legalmente a unas 500 familias del estado de México y de otras entidades del centro del país que adquirieron créditos para viviendas de bajo presupuesto, las cuales fueron sobrevaluadas hasta en un 40 por ciento de su valor real, consideró un acierto el recurso de acción colectiva civil que emprenderán diputados del PRD en el Distrito Federal en contra de cobros arbitrarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a aproximadamente 2.5 millones de usuarios.
José Humbertus Pérez Espinoza, presidente y representante legal del FMDVD refirió en entrevista con La Jornada que analiza la posibilidad de sugerir a los habitantes de fraccionamientos de vivienda afectados con los cobros de desmedidos de la CFE, que formen comités de defensa por colonias, para oponerse a los cobros desproporcionados por el consumo de energía eléctrica.
El litigante destacó que antes de que el gobierno federal extinguiera a la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LyFC), y de manera particular los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricitas (SME), rechazaron las entregas de la infraestructura eléctrica de Alta y Media Tensión de los conjuntos habitacionales que se construyeron durante los años 2000 a 2009 en la zona centro del país.
“Y lo hicieron así porque las constructoras URBI DESARROLLOS URBANOS, HOMEX, GEO, ARA, SADASI, PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, entre otras, las construyeron con materiales de mala calidad y al recibirlas generaría un quebranto al patrimonio de la nación”, expuso Pérez.
Añadió que los integrantes del SME siempre acreditaron que las empresas constructoras no cumplieron con la norma mexicana en la instalación de las Redes de Mediana y Alta Tensión, sin embargo, “los presidentes municipales de Ecatepec, Eruviel Ávila Villegas (2003-2006); así como los de Tecámac, Aarón Urbina Bedolla (2003-2006) y Sergio Germán Olivares (2006-2009); además de los de Cuautitlán Izcalli, Alfredo Durán Reveles (2003-2006), David Ulisis Guzmán Palma (2006-2009) y Alejandra Del Moral Vela (2009-2012), las aceptaron sin tener ninguna facultad constitucional, y con ello fueron corresponsables de delitos federales graves que hasta la fecha están impunes, debido a la protección política que les dieron los ex gobernadores del estado de México Arturo Montiel Rojas y Enrique Peña Nieto”.
Dijo que la recepción y aceptación ilícita de la Redes de Mediana y Alta Tensión por parte de los presidente municipales “nos condenaron y nos transfirieron la responsabilidad de pagar las fallas frecuentes que se presentan en el suministro de energía, con cobros altos estimados en las tarifas de energía eléctrica y que se cobran sin tener las lecturas del medidor, así como también los condóminos ahora tenemos que pagar el alumbrado público y los daños que nos han causado por la quema de nuestros aparatos eléctricos como computadoras, refrigeradores, televisores, entre otros”.
Agregó que “estos graves delitos federales se presentan en los aproximadamente 400 conjuntos habitacionales del estado de México, así como también en los que se construyeron en la zona centro del país concretamente en los estados de Morelos, Puebla, Hidalgo y el Distrito Federal.
El también vocero del FMDVD expuso que “estas conductas ilícitas se pretenden legitimar por parte de la CFE, empresa de corrupción mundial que tomó como buenas las ilícitas entregas que recibieron los presidentes municipales, para cobrarnos de manera ilegal el suministro de energía eléctrica y que deberían pagar las empresas constructoras, porque hasta la fecha no han realizado la entrega de las Redes de Mediana y Alta Tensión.
“Mientras este procedimiento no se cumpla los responsables del adeudo son URBI DESARROLLOS URBANOS, HOMEX, GEO, ARA, SADASI, PROMOTORA DE VIVIENDAS INTEGRALES, entre otras.
“Estos actos de corrupción se presentan en los Conjuntos Habitacionales de Villa del Real, Héroes Tecámac, Real del Sol, Real del Cid, Real Firenze, Real Castell, Las Américas, Urbi Quinta Montecarlo, Hacienda Balboa, Villa del Rey, Cofradías, Los Álamos, Ex Hacienda y Rinconada San Miguel en el estado de México.
“La CFE legitimó estos actos de corrupción que son delitos federales graves y no aplico sus propias normas internas que le impedían cometer estos ilícitos y son el Manual de Procedimiento para la Construcción de Obras Por Terceros (PROTER) y el Manual Procedimiento Técnico Para Realizar la Inspección y Aceptación de Bienes.
“Estas documentales las acreditamos ante la PROFECO y por la exitosa defensa jurídica del Frente Mexiquense demostramos que CFE no cumplió con estos procedimientos administrativos, y que tampoco CFE entregó los contratos de adhesión ante el organismo defensor del consumidor.
“Los contratos de adhesión no acreditan el consumo por estimación, por lo tanto los cobros que realiza la CFE son ilegales y por todo ésto nos sumamos a la Convocatoria del SME sobre la Asamblea de Usuarios de Energía Eléctrica para Enfrentar los Actos Ilegales del CFE”, dije Pérez Espinoza.
La semana pasada, los diputados locales Alejandro Ojeda y Gabriel Godínez, la legisladora federal Aleida Alavez, así como el secretario general del Partido de la Revolución Democrática en el Distrito Federal (PRD-DF), Enrique Vargas, anunciaron que interpondrán un recurso de acción colectiva en contra de la CFE, por la imposición de cobros arbitrarios a aproximadamente 2.5 millones de usuarios.
En conferencia de prensa, Ojeda, presidente de la comisión especial para el suministro y cobro de energía eléctrica, de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), explicó que la demanda será por la vía civil, al tomar en consideración que en el resultado de la cuenta pública 2011, “la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que cuatro de cada 10 recibos se expidieron por ‘estimación’, esto es, que la CFE envió los recibos con montos señalados de forma arbitraria, sin que se haya tomado lectura al medidor”.
La Jornada