En un manifiesto a la nación, leído por Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola, dijeron que el gobierno realiza una traición nacional a sus aliados y pone en riesgo la supervivencia con sus contrarreformas.
Alma Muñoz, Laura Poy y Georgina Saldierna
Publicado: 31/08/2013 14:47
México, DF. Al término de la marcha del Ángel de la Independencia a la calle 20 de Noviembre, se convocó a impedir que el gobierno federal “consiga sus criminales pretensiones para privatizar el petróleo”.
En un manifiesto a la nación, leído por los actores Daniel Giménez Cacho y Julieta Egurrola también se llamó a las fuerzas armadas “a no dejarse arrastrar por los afanes entreguistas de quien hoy mal gobierna al país”.
Sostuvieron que de la suma de esfuerzos y de “las iniciativas que todas y todos activemos hoy depende el futuro de nuestra patria y de sus jóvenes. Luchemos en unidad”.
En el documento se establece que “es el gobierno el que incumple la Constitución y el que amenaza violentar su espíritu y letra. Es el que quiere empobrecer más a los mexicanos”.
“Pero que le quede claro al gobierno de la traición nacional a sus aliados, que al poner en riesgo la supervivencia con sus contrarreformas, ellos también ponen en entre dicho su permanencia al frente del gobierno de la República, que le quede claro al mal gobierno: La patria no se vende, se ama y se defiende”.
También se advierte que en las actuales circunstancias “surgen voces reaccionarias prepotentes y autoritarias que pretenden acabar con el diálogo, el derecho de manifestación, de expresión, de pensamiento y de reunión, utilizando como único argumento la violencia; a ellos les decimos que este pueblo es consciente de sus derechos y no tolerará salidas represivas”.
La convocatoria es a impedir las modificaciones a los artículos 27 y 28 constitucionales planteados en la iniciativa de reforma energética presentada por el Ejecutivo federal, pues implicaría “dejar al país en condiciones de total desamparo, de dependencia frente a las potencias internacional y más temprano que tarde se llevaría al país a la quiebra, pues el uso de sus recursos naturales quedaría al capricho y conveniencia de agentes privados.
Se subraya que si “el mal gobierno y sus aliados logran imponer los cambios a la Constitución estarían condenando a las generaciones presentes y futuras a vivir en condiciones de mayor pobreza, hambre y miseria.
La Jornada
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