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SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS. OPERACION SUBESTACIONES en Resistencia - Ni un Renunciado más, Llevamos más de 5 años de resistencia y vamos por la Victoria!
viernes, 22 de octubre de 2010
Agrede policía federal a electricistas en Puebla
* Detienen a prosecretario de divisiones del SME
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
Policías federales golpearon y amedrentaron a decenas de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y con violencia detuvieron al prosecretario de divisiones del comité central, Miguel Márquez Ríos, en la caseta de San Martín Texmelucan de la carretera a Puebla, cuando regresaban a la ciudad de México luego de haber realizado diversas movilizaciones en dicha entidad.
Los trabajadores, que viajaban en dos camiones y varios vehículos particulares, fueron primero detenidos por un retén militar, y ahí miembros de la policía federal se subieron a los autobuses y “golpearon a diestra y siniestra, de manera brutal, incluso a mujeres trabajadoras”, mientras otro grupo de agentes bajó a Márquez Ríos de una de las unidades, a “toletazos”.
Ensangrentado y con jaloneos, el prosecretario de divisiones del SME fue subido a una camioneta Extreme, placas HKC-3761 de Hidalgo, y llevado por las fuerzas policiacas, que apenas la noche de ayer lo ingresaron al Centro de Reinserción Social de Puebla y lo dejaron a disposición del juzgado noveno de distrito con sede en esa entidad.
Esta comitiva de trabajadores había ido a Puebla a entregar al Congreso local la iniciativa de ley que está impulsando el sindicato para que se cree una nueva empresa u organismo público descentralizado que atienda la zona a la cual daba servicio Luz y Fuerza del Centro, donde fueron recibidos por diversos legisladores.
El dirigente del SME, Martín Esparza Flores, consideró que es “un acto de intimidación del gobierno federal; un acto desesperado del secretario del Trabajo, Javier Lozano” para detener a los trabajadores en resistencia y para frenar, una vez más, otra propuesta de solución del conflicto que ha hecho este gremio.
Se pretende criminalizar la lucha: Esparza
Respecto de la situación jurídica de Márquez Ríos, explicó que sobre este trabajador y prácticamente todos los miembros del comité central del sindicato pesan denuncias falsas, levantadas para intimidarlos y con las que se ha querido “criminalizar la lucha del SME”. Así, hay una averiguación previa contra el electricista bajo los cargos de “privación ilegal de la libertad contra el consumo y la riqueza nacional; daño en propiedad ajena y resistencia de particulares”.
Estos cargos fueron presentados por la participación del trabajador en movilizaciones en Necaxa, Puebla; sin embargo, son acusaciones infundadas, según declaró Esparza, mientras en los medios policiacos se señaló que de los cargos levantados, el que se refiere a privación ilegal de la libertad es el único grave, y podría no alcanzar libertad bajo fianza.
El líder del SME responsabilizó al presidente Felipe Calderón de la violencia y represión que ejerce su gobierno contra los trabajadores del SME en resistencia, y dijo que ésta es la muestra más clara de la intolerancia de su régimen, que no sabe más que actuar con la fuerza policiaca. Adelantó que presentarán una queja ante el alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; que ya dieron parte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la impunidad, y que convocarán a próximas acciones para exigir la liberación de Márquez Ríos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n2pol
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
Policías federales golpearon y amedrentaron a decenas de trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), y con violencia detuvieron al prosecretario de divisiones del comité central, Miguel Márquez Ríos, en la caseta de San Martín Texmelucan de la carretera a Puebla, cuando regresaban a la ciudad de México luego de haber realizado diversas movilizaciones en dicha entidad.
Los trabajadores, que viajaban en dos camiones y varios vehículos particulares, fueron primero detenidos por un retén militar, y ahí miembros de la policía federal se subieron a los autobuses y “golpearon a diestra y siniestra, de manera brutal, incluso a mujeres trabajadoras”, mientras otro grupo de agentes bajó a Márquez Ríos de una de las unidades, a “toletazos”.
Ensangrentado y con jaloneos, el prosecretario de divisiones del SME fue subido a una camioneta Extreme, placas HKC-3761 de Hidalgo, y llevado por las fuerzas policiacas, que apenas la noche de ayer lo ingresaron al Centro de Reinserción Social de Puebla y lo dejaron a disposición del juzgado noveno de distrito con sede en esa entidad.
Esta comitiva de trabajadores había ido a Puebla a entregar al Congreso local la iniciativa de ley que está impulsando el sindicato para que se cree una nueva empresa u organismo público descentralizado que atienda la zona a la cual daba servicio Luz y Fuerza del Centro, donde fueron recibidos por diversos legisladores.
El dirigente del SME, Martín Esparza Flores, consideró que es “un acto de intimidación del gobierno federal; un acto desesperado del secretario del Trabajo, Javier Lozano” para detener a los trabajadores en resistencia y para frenar, una vez más, otra propuesta de solución del conflicto que ha hecho este gremio.
Se pretende criminalizar la lucha: Esparza
Respecto de la situación jurídica de Márquez Ríos, explicó que sobre este trabajador y prácticamente todos los miembros del comité central del sindicato pesan denuncias falsas, levantadas para intimidarlos y con las que se ha querido “criminalizar la lucha del SME”. Así, hay una averiguación previa contra el electricista bajo los cargos de “privación ilegal de la libertad contra el consumo y la riqueza nacional; daño en propiedad ajena y resistencia de particulares”.
Estos cargos fueron presentados por la participación del trabajador en movilizaciones en Necaxa, Puebla; sin embargo, son acusaciones infundadas, según declaró Esparza, mientras en los medios policiacos se señaló que de los cargos levantados, el que se refiere a privación ilegal de la libertad es el único grave, y podría no alcanzar libertad bajo fianza.
El líder del SME responsabilizó al presidente Felipe Calderón de la violencia y represión que ejerce su gobierno contra los trabajadores del SME en resistencia, y dijo que ésta es la muestra más clara de la intolerancia de su régimen, que no sabe más que actuar con la fuerza policiaca. Adelantó que presentarán una queja ante el alto comisionado de Naciones Unidas en materia de derechos humanos; que ya dieron parte a la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra la impunidad, y que convocarán a próximas acciones para exigir la liberación de Márquez Ríos.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n2pol
Amplían en EU causa por sobornos para la CFE
El Departamento de Justicia amplió ayer la acusación formal contra la empresa Lindsay Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos, Keith E. Lindsey y Steve K. Lee, por sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos
Viernes 22 de octubre de 2010
J. Jaime Hernández Corresponsal El Universal
WASHINGTON.— El Departamento de Justicia amplió ayer la acusación formal contra la empresa Lindsay Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos, Keith E. Lindsey y Steve K. Lee, por sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre 2002 y 2009.
La imputación contra esta empresa basada en California se produce a casi un mes de que los mexicanos Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Aguilar, quienes fungían como directores de Grupo Internacional de Asesores, S.A., fueran imputados ante una corte federal de California por su labor de intermediación en un esquema que permitió el lavado de dinero y la transferencia de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios.
Según informó ayer Lanny Breuer, subprocurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, entre 2002 y 2009, los ejecutivos de empresa Lindsey Manufacturing, junto con Enrique Aguilar, orquestaron un esquema mediante el cual Aguilar recibía una tajada de 30% en todas y cada una de las operaciones que contemplaran compraventa de bienes y servicios para la CFE.
En el encausamiento se establece que tanto Keith Lindsey como Steve K. Lee, sabían que ese porcentaje pagado a su intermediario serviría para sobornar a funcionarios de la CFE a cambio de jugosos contratos.
En ese 30% se incluía el pago que correspondía a Aguilar y Gómez, quienes han sido detenidos y hoy se encuentran pendientes de juicio en California.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/718171.html
Viernes 22 de octubre de 2010
J. Jaime Hernández Corresponsal El Universal
WASHINGTON.— El Departamento de Justicia amplió ayer la acusación formal contra la empresa Lindsay Manufacturing Company y dos de sus ejecutivos, Keith E. Lindsey y Steve K. Lee, por sobornar a funcionarios gubernamentales mexicanos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entre 2002 y 2009.
La imputación contra esta empresa basada en California se produce a casi un mes de que los mexicanos Enrique Faustino Aguilar Noriega y Ángela María Gómez Aguilar, quienes fungían como directores de Grupo Internacional de Asesores, S.A., fueran imputados ante una corte federal de California por su labor de intermediación en un esquema que permitió el lavado de dinero y la transferencia de cientos de miles de dólares en sobornos a funcionarios.
Según informó ayer Lanny Breuer, subprocurador general para la División Criminal del Departamento de Justicia, entre 2002 y 2009, los ejecutivos de empresa Lindsey Manufacturing, junto con Enrique Aguilar, orquestaron un esquema mediante el cual Aguilar recibía una tajada de 30% en todas y cada una de las operaciones que contemplaran compraventa de bienes y servicios para la CFE.
En el encausamiento se establece que tanto Keith Lindsey como Steve K. Lee, sabían que ese porcentaje pagado a su intermediario serviría para sobornar a funcionarios de la CFE a cambio de jugosos contratos.
En ese 30% se incluía el pago que correspondía a Aguilar y Gómez, quienes han sido detenidos y hoy se encuentran pendientes de juicio en California.
http://www.eluniversal.com.mx/notas/718171.html
El gobierno “no puede eludir” su responsabilidad sobre Mexicana
* Aeroméxico, en riesgo si no ajusta gastos y planeación, advierte Benítez Treviño
* Debe participar en su rescate porque otorgó la concesión a un pésimo empresario: ASPA
* Debe participar en su rescate porque otorgó la concesión a un pésimo empresario: ASPA
Una comisión de legisladores atendió ayer a un grupo de representantes de trabajadores de Mexicana de Aviación en el SenadoFoto Carlos Cisneros
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 28
El gobierno federal no puede eludir la responsabilidad de haber otorgado una concesión tan importante y estratégica para el país, como es Mexicana de Aviación, a un pésimo empresario, y tampoco puede sustraerse de que debe participar en la solución del rescate de la aerolínea, señaló el líder de la Asociación Sindical de Pilotos de Aviación (ASPA), Fernando Perfecto.
El líder sindical planteó que el gobierno federal debería ser el más interesado en que se logre una restructura de Mexicana de Aviación y no se decrete la quiebra, ya que si esto último sucede no se podrá recuperar nada de lo que adeuda esta empresa.
Luego de que el secretario del Trabajo, Javier Alarcón, informó que no se tiene considerado generar una partida especial o un fondo emergente para salvar la aerolínea, el dirigente advirtió que sería una actitud errónea del gobierno.
Indicó que se pretende disociar la figura de la concesión pública con la de empresa privada, para argumentar que, como se trata de un negocio de particulares, entonces queda al arbitrio del destino del concurso mercantil. Sin embargo, el gobierno federal fue el responsable de otorgar al grupo de Gastón Azcárraga y asociados la concesión de la empresa, “malbaratándola”, sin haberse asegurado de que el empresario tuviera capacidades técnica, financiera y jurídica para llevar el negocio, y sin que tuviera un plan de largo plazo.
“Por ello, como trabajadores no podemos aceptar que el gobierno diga no intervengo y nos deje a tantos en el desempleo”, advirtió.
Agregó que el pueblo de México pierde más con la quiebra que con la restructura de la aerolínea, porque con la quiebra se pierde todo lo que la empresa le debe al gobierno.
Ya sea con quiebra o con restructura, Gastón Azcárraga perdió ya todo lo que invirtió en Mexicana, “por incapaz, y porque es lo que merecía por la forma tan errónea como manejó la empresa”, sentenció Perfecto.
La SCT tiene contacto con cuatro grupos de inversionistas mexicanos; no participa Slim
José Antonio Román
Aunque con la salida de Mexicana ahora Aeroméxico pasa por un mejor momento en el mercado de la aviación, todavía corre cierto riesgo de sufrir la misma suerte que su competidora, en caso de no realizar los ajustes necesarios en su estructura de gastos y planeación financiera, señaló el subsecretario de Transportes, Humberto Benítez Treviño.
“Cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar”, dijo el funcionario, quien aceptó que tal como están las cosas en el marco legal de la aviación, es difícil afirmar que no habrá otra situación similar a la ocurrida con Mexicana de Aviación, ahora en concurso mercantil y al borde de la quiebra.
Entrevistado luego de asistir a la consulta pública para definir una nueva política aeronáutica nacional, el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) reconoció que lo ocurrido con Mexicana “ha sido una lección muy dura para todos”.
–¿Aeroméxico también está en riesgo?
–Yo creo que está en menos riesgo porque ahorita está en una posición diferente, pero me parece que lo que se ha venido debatiendo públicamente sobre la necesidad de variabilizar los ingresos de todos los componentes de la empresa, eso lo hemos entendido todo mundo, y me parece que la disposición de hacer ajustes en su estructura costos y su estructura financiera en Aeroméxico y de quienes trabajan ahí, debe ser muy clara.
El subsecretario Treviño informó que la dependencia mantiene contacto con cuatro grupos de inversionistas nacionales, al menos tres de ellos con experiencia en el sector aeronáutico, para rescatar Mexicana de Aviación, entre los cuales no se encuentra el empresario Carlos Slim.
Reconoció que el tiempo se acorta y que los próximos días son “cruciales” para el regreso de la aerolínea a sus actividades. “Para declararla en quiebra todavía está lejos ese momento, pero de no llegar a acuerdos rápidamente las cosas se complicarían bastante”.
Dijo que las negociaciones con los sindicatos de pilotos, sobrecargos y trabajadores de tierra continúan, con el propósito de decidir la aportación que podrían hacer a cuenta de sus liquidaciones y jubilaciones, pues está totalmente descartado que el gobierno federal entre a su rescate con recursos económicos frescos. Anoche continuaron las negociaciones con los tres gremios de los trabajadores de Mexicana.
Treviño Landois informó que este viernes se reuniría con dos de los grupos de inversionistas interesados, a fin de presentarles un nuevo esquema de negocios que el gobierno federal y los sindicatos han elaborado en los últimos días.
Urgente, un plan financiero
Advirtió que “lo urgente es tener un plan financiero que se avale, que sea reconocido y aceptado por todos, y que alguien pueda comprar”.
Aclaró que para reanudar operaciones Mexicana requiere entre 150 y 200 millones de pesos, dependiendo de los modelos que los inversionistas han planteado en la mesa de negociaciones. Algunos han considerado que podrían retomar los vuelos con 20 aviones y otros hasta con 60, lo cual hace diferencia en cuanto a la inyección de capital.
Respecto al descontento de los trabajadores, que en su última manifestación en la Terminal 2 del aeropuerto capitalino amagaron con tomar las pistas de aterrizaje y despegue, el subsecretario Benítez Treviño señaló que “radicalizar las posturas no ayuda a nada ni a nadie”, pues se ahuyenta a los inversionistas y se interrumpe el diálogo constructivo.
Ciertamente, dijo, la incertidumbre y las necesidades de los trabajadores aumentan y eso es comprensible, pero se trabaja para encontrar una solución.
Recordó que junto con los representantes de todos los trabajadores se realizan reuniones para encontrar un esquema viable donde puedan ampliar su participación en la aerolínea. En las instalaciones de Aeropuertos y Servicios Auxiliares mencionó que una vez que se llegue a un acuerdo inicial, los empleados convocarán a sus asambleas para aprobar el nuevo esquema financiero.
De acuerdo con los datos de la SCT, los pasivos e indemnizaciones suman unos 4 mil millones de pesos, si se toma como base el contrato colectivo de trabajo, pero esta cantidad no alcanzaría ni mil millones de pesos en caso de que se declare la quiebra.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=economia&article=028n1eco
Demanda el Senado destituir al subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro, por denostación
* Incurrió en un exceso al reprender a García Cervantes, advierte Manlio Fabio Beltrones
* El funcionario “revisó con detenimiento” su comunicación y decidió disculparse
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
El Senado de la República buscará fincar responsabilidades al subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro Estrada, a fin de que sea removido del cargo por haber violado el fuero constitucional del senador del PAN Ricardo García Cervantes, a quien el funcionario llamó la atención por escrito en torno al reclamo que hizo en tribuna sobre la necesidad de reabrir el caso Pasta de Conchos y atender las demandas de los familiares de los 65 mineros muertos en la mina coahuilense.
Ante el pleno senatorial se dio a conocer el oficio que un día antes hizo llegar al presidente de ese órgano legislativo, Manlio Fabio Beltrones, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en el que rectifica la postura de su subalterno y ofrece disculpas.
El presidente en funciones de la mesa directiva, Francisco Arroyo, dio a conocer también al pleno una carta que el subsecretario Castro envió en la misma fecha al senador García Cervantes, en la que reconoce que “no se justifica haber utilizado un tono fuerte e inadecuado” y le ofrece una disculpa a él y “a quienes se hayan sentido ofendidos en ese honorable cuerpo colegiado”.
Castro agrega que llegó a esa decisión “después de revisar con detenimiento los términos de la comunicación” que hizo llegar a García Cervantes el 15 de este mes, un día después de su intervención en tribuna, cuando argumentó a favor de demandar al gobierno federal que se inicie de inmediato el rescate de los cuerpos de los 65 mineros enterrados en la mina coahuilense concesionada al Grupo México.
Arroyo Vieyra dijo que se dan por enterados del oficio de Lozano Alarcón, y en el caso del subsecretario se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado “que prepare el instrumento legal que se deba utilizar, ante la posible responsabilidad en que pudiera haber incurrido el señor Álvaro Castro Estrada”.
En entrevista, el senador Beltrones comentó que la forma en que el funcionario actuó, al requerir a un legislador por sus opiniones, “es un exceso que amerita ser sancionado”. Agregó que se buscará que se le aplique la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
“Debe ser removido del cargo, junto con el porro de su jefe, el secretario del Trabajo”, comentó el coordinador del PT, Ricardo Monreal.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n1pol
* El funcionario “revisó con detenimiento” su comunicación y decidió disculparse
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
El Senado de la República buscará fincar responsabilidades al subsecretario del Trabajo, Álvaro Castro Estrada, a fin de que sea removido del cargo por haber violado el fuero constitucional del senador del PAN Ricardo García Cervantes, a quien el funcionario llamó la atención por escrito en torno al reclamo que hizo en tribuna sobre la necesidad de reabrir el caso Pasta de Conchos y atender las demandas de los familiares de los 65 mineros muertos en la mina coahuilense.
Ante el pleno senatorial se dio a conocer el oficio que un día antes hizo llegar al presidente de ese órgano legislativo, Manlio Fabio Beltrones, el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, en el que rectifica la postura de su subalterno y ofrece disculpas.
El presidente en funciones de la mesa directiva, Francisco Arroyo, dio a conocer también al pleno una carta que el subsecretario Castro envió en la misma fecha al senador García Cervantes, en la que reconoce que “no se justifica haber utilizado un tono fuerte e inadecuado” y le ofrece una disculpa a él y “a quienes se hayan sentido ofendidos en ese honorable cuerpo colegiado”.
Castro agrega que llegó a esa decisión “después de revisar con detenimiento los términos de la comunicación” que hizo llegar a García Cervantes el 15 de este mes, un día después de su intervención en tribuna, cuando argumentó a favor de demandar al gobierno federal que se inicie de inmediato el rescate de los cuerpos de los 65 mineros enterrados en la mina coahuilense concesionada al Grupo México.
Arroyo Vieyra dijo que se dan por enterados del oficio de Lozano Alarcón, y en el caso del subsecretario se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos del Senado “que prepare el instrumento legal que se deba utilizar, ante la posible responsabilidad en que pudiera haber incurrido el señor Álvaro Castro Estrada”.
En entrevista, el senador Beltrones comentó que la forma en que el funcionario actuó, al requerir a un legislador por sus opiniones, “es un exceso que amerita ser sancionado”. Agregó que se buscará que se le aplique la Ley de Responsabilidades de los Funcionarios Públicos.
“Debe ser removido del cargo, junto con el porro de su jefe, el secretario del Trabajo”, comentó el coordinador del PT, Ricardo Monreal.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n1pol
Mineros pedirán juicio político contra Lozano
Periódico La Jornada
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
El equipo jurídico del sindicato nacional de mineros presentará una denuncia de juicio político contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por “haber incurrido en conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, que afectan seriamente la solución negociada de los problemas y vulneran la buena marcha de las instituciones”.
La denuncia será presentada el próximo miércoles 27 de octubre, y en ella se pide que el funcionario sea destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público. Se fundamentará en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Constitución, “ya que el funcionario ha faltado reiteradamente al cumplimiento de sus obligaciones legales y de la responsabilidad política de su cargo”, según aseguró este gremio.
Este sindicato planteó que la finalidad de dicha denuncia es que “Lozano Alarcón sea efectivamente sancionado y destituido de su cargo. Para ello se cuenta con un amplio cúmulo de pruebas que acreditan su mal actuar y que serán acompañadas en los juicios políticos que se le deben iniciar, de todo lo cual conocerá el Congreso de la Unión”.
Juez se excusa en el caso Linares Montúfar
Por otra parte, el sindicato informó que el juez José Miguel Trujillo Salceda, quien condujo hasta ayer el proceso penal contra el presidente del consejo general de vigilancia y justicia de este gremio, Juan Linares Montúfar, se excusó de continuar al frente de este juicio, tras argumentar que “siente enemistad” en contra del integrante de este gremio. Incluso, determinó suspender el proceso “hasta que su superior califique dicha excusa”.
Este juez en 17 ocasiones ha excusado a los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota Velasco –principales socios inversionistas de Grupo México– para que no se presenten a declarar en este proceso y les ha aplicado sanciones y multas menores y no arresto, como corresponde en estos casos, indicó el sindicato, y apuntó que el número de justificaciones a los empresarios “constituye un perverso récord sin precedente en el Poder Judicial”.
También hizo ver que, como el próximo 22 de octubre están citados los hermanos Larrea, dicho juez ahora se vio obligado a ordenar su arresto en caso de una inasistencia más, pero se excusó de continuar al frente del proceso y ordenó suspenderlo “aduciendo falsa e hipócritamente que ello lo hace por el bien del señor Linares Montúfar”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n3pol
Viernes 22 de octubre de 2010, p. 21
El equipo jurídico del sindicato nacional de mineros presentará una denuncia de juicio político contra el secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, por “haber incurrido en conductas que redundan en perjuicio de los intereses públicos y en contra de los derechos fundamentales de los trabajadores, que afectan seriamente la solución negociada de los problemas y vulneran la buena marcha de las instituciones”.
La denuncia será presentada el próximo miércoles 27 de octubre, y en ella se pide que el funcionario sea destituido e inhabilitado por 20 años para ocupar un cargo público. Se fundamentará en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, el Código Federal de Procedimientos Penales y la Constitución, “ya que el funcionario ha faltado reiteradamente al cumplimiento de sus obligaciones legales y de la responsabilidad política de su cargo”, según aseguró este gremio.
Este sindicato planteó que la finalidad de dicha denuncia es que “Lozano Alarcón sea efectivamente sancionado y destituido de su cargo. Para ello se cuenta con un amplio cúmulo de pruebas que acreditan su mal actuar y que serán acompañadas en los juicios políticos que se le deben iniciar, de todo lo cual conocerá el Congreso de la Unión”.
Juez se excusa en el caso Linares Montúfar
Por otra parte, el sindicato informó que el juez José Miguel Trujillo Salceda, quien condujo hasta ayer el proceso penal contra el presidente del consejo general de vigilancia y justicia de este gremio, Juan Linares Montúfar, se excusó de continuar al frente de este juicio, tras argumentar que “siente enemistad” en contra del integrante de este gremio. Incluso, determinó suspender el proceso “hasta que su superior califique dicha excusa”.
Este juez en 17 ocasiones ha excusado a los hermanos Germán y Genaro Larrea Mota Velasco –principales socios inversionistas de Grupo México– para que no se presenten a declarar en este proceso y les ha aplicado sanciones y multas menores y no arresto, como corresponde en estos casos, indicó el sindicato, y apuntó que el número de justificaciones a los empresarios “constituye un perverso récord sin precedente en el Poder Judicial”.
También hizo ver que, como el próximo 22 de octubre están citados los hermanos Larrea, dicho juez ahora se vio obligado a ordenar su arresto en caso de una inasistencia más, pero se excusó de continuar al frente del proceso y ordenó suspenderlo “aduciendo falsa e hipócritamente que ello lo hace por el bien del señor Linares Montúfar”.
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/22/index.php?section=politica&article=021n3pol
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