En la difícil lucha del SME hay que buscar todos los caminos que ayuden a resolverla, a forzar al gobierno a reconocer los derechos de los trabajadores electricistas. Podemos y debemos acudir a las Cámaras de Diputados y Senadores, a los tribunales, a buscar una negociación con el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación. Si fuera necesario tendríamos que entrevistarnos con la abuela del diablo y con el diablo mismo.
Sin embargo, lo que no debemos hacer es guardar ninguna confianza en cualquiera de esas u otras instituciones burguesas, o corremos el riesgo de además de llevarnos un verdadero chasco, poner en un riesgo inminente al movimiento.
Lo mismo sucede con la llamada “Comisión de Notables”, integrada nada menos que por los líderes de los tres principales partidos burgueses del país: PRI, PAN y PRD, además del rector de la UNAM y el exdirector del IPN. Dicha comisión puso varias condiciones para actuar, principalmente dirigidas al SME, como el punto b) de los criterios que dieron a conocer: “Que en la defensa de sus posturas y derechos, los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia o que pongan en peligro el servicio de energía.”
Es evidente que ese y otros criterios de los “Notables”, iban encaminados a inmovilizar al SME, a cambio de su intermediación ante el gobierno. De ahí que el SME aceptara los criterios y se estableciera una “tregua” de 3 días. Sin embargo, en cuanto el gobierno dio a conocer que establecería un “diálogo directo” con al dirección del SME, los “Notables”, dieron por concluida su misión, argumentando que el gobierno no aceptaba sus criterios, mostrando su verdadero carácter de total sujeción a los designios gubernamentales.
Habría que recordar que Navarrete, el líder de la fracción perredista del Senado, al inicio del conflicto declaró públicamente que haría todo lo que estuviera de su parte para “vigilar que los electricistas del SME fueran correctamente liquidados”, sumándose nada menos que a la propuesta de Gómez Mont. Y se supone que él representa a la “izquierda” en el ámbito nacional, ni que hablar del resto.
Lo mismo sucedió con la Jueza Guillermina Coutiño, quien se encargó de revisar el amparo solicitado por el SME, otorgando primeramente la suspensión provisional de la acción emprendida por el gobierno, reconociendo jurídicamente a la dirección del sindicato y el hecho muy importante de que se mantenían las relaciones de trabajo con Luz y Fuerza. Sin embargo, cuando tenía que resolver de fondo el amparo, la jueza simplemente se alineó con la política gubernamental, provocando una gran decepción entre miles de compañeros electricistas, provocando cierta desmoralización.
Por ello no podemos confiar en ese tipo de instancias, ni en las instituciones gubernamentales, que están al servicio de los grandes capitales nacionales y extranjeros. Tenemos que utilizarlas, exigirles, pero en lo único que podemos confiar los trabajadores es en nuestra propia clase, en nuestra fuerza organizada y movilizada, en el apoyo de nuestros aliados, las organizaciones obreras y populares que están codo a codo en la lucha por echar abajo el infame e ilegal Decreto de Calderón.
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