* Qué paradoja: los que reciben sobornos están en libertad, lamenta su abogado
* María Elena Guerrero reveló un desfalco superior a los $300 millones mediante transferencias bancarias con HSBC
* Fue sentenciada dos veces; su caso está en la indefinición jurídica
Periódico La Jornada
Sábado 17 de septiembre de 2011, p. 33
La ex empleada de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que descubrió y denunció un fraude en contra del patrimonio de esa empresa cumplió 50 meses en prisión. A la fecha espera sentencia en un juicio que ha ido y venido por los intrincados caminos del sistema de justicia.
Qué paradoja: aquéllos que en verdad han defraudado a la empresa, que recibieron sobornos, gozan de cabal libertad, dice el abogado Alejandro Ortega. El especialista representa a María Elena Guerrero Escamilla, ex cajera de la CFE que en junio de 2007 denunció un fraude contra el patrimonio de la empresa por 308 millones de pesos, realizado mediante transferencias electrónicas desde las cuentas bancarias de la empresa con el banco HSBC.
María Elena está bastante desesperada, cuenta el abogado en una entrevista con La Jornada. No sabe cuánto más va a durar esta situación; estuvo enferma de los pulmones y fue llevada a un hospital, relata Alejandro Ortega.
El caso en que está involucrada María Elena Guerrero Escamilla comenzó en junio de 2007. Guerrero, ex cajera en la CFE, encontró una mañana que desde su computadora y con el uso de su contraseña habían realizado transferencias desde una cuenta de la CFE en el banco HSBC. Ella detuvo las transacciones, que habían sido hechas bajo el concepto de pago de nómina, rubro que no se cubría desde esas cuentas, y denunció el hecho a sus superiores.
La noche posterior a que denunció las transacciones, una persona o personas no identificadas hasta ahora robaron el disco duro –donde se almacena toda la información– de esa computadora. El caso enfrentó en tribunales a la CFE y a la filial en México del banco inglés HSBC.
En una primera instancia, la firma financiera fue deslindada de cualquier responsabilidad jurídica en el fraude. En una segunda instancia, el magistrado José César Flores Rodríguez, del segundo tribunal unitario en materias civil y administrativa, sentenció que hubo fallas en los sistemas de control del banco durante al menos cuatro años (entre junio de 2003 y junio de 2007). Estas fallas hicieron posible –según la sentencia– la realización indebida de 226 transacciones con cargo a la cuenta de la CFE por un monto de 275 millones 248 mil 134.60 pesos y que fueron autorizadas irregularmente por el banco. HSBC interpuso un amparo contra esa sentencia.
La lucha en tribunales entre la CFE y el HSBC recorre un camino por los juzgados en el que se enfrentan la cuarta empresa del país por volumen de ventas y uno de los cinco bancos más grandes que operan en México.
Laberinto legal
La mujer que denunció el fraude contra la empresa, que fue la primera que lo detectó y lo hizo del conocimiento de sus superiores, sigue presa. María Elena Guerrero Escamilla fue sentenciada inicialmente a cuatro años y seis meses de prisión, es decir, a 54 meses de cárcel. Ha cumplido ya 50 meses internada en el reclusorio de Santa Martha Acatitla, en el oriente del Distrito Federal. Sigue en espera de sentencia por una indefinición de competencias entre los fueros común y federal, según explicó su abogado a este diario.
Precisa: María Elena ha sido sentenciada dos veces. En la primera, a cuatro años y medio de prisión, pero el magistrado ordenó reponer el procedimiento bajo el argumento de que las conclusiones del proceso estaban mal hechas. Pidió al Ministerio Público Federal que las ratificara o rectificara. Las conclusiones fueron rectificadas y se emitió otra vez una sentencia a cuatro años y seis meses de prisión.
Esa sentencia, abundó, pasó a un tribunal unitario. Y ahora existe una falta de definición: el magistrado de un tribunal unitario se declaró incompetente para dictar sentencia, con el argumento de que el delito no era federal sino del orden común. Pasó al fuero común y allí se dijo que era de jurisdicción federal. El expediente fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para ser turnado a un tribunal colegiado.
Ahora se encuentra precisamente en el cuarto tribunal colegiado, a cargo de la magistrada Elvia Díaz de León, quien debe decidir si se trata de un caso del fuero común o federal. Por lo pronto, en los hechos, María Elena no tiene sentencia, precisa su abogado.
El abogado Alejandro Ortega espera que esa indefinición dure quizá un mes más. Si se considera finalmente como caso del fuero federal, será remitido al primer tribunal unitario; o, si finalmente es llevado al fuero común, al juzgado 18.
Si el caso es llevado al fuero federal, el tribunal unitario simplemente dicta una sentencia. En cambio, si es considerado del fuero común, el juzgado inicia el procedimiento de juicio y posteriormente emite una sentencia, apunta.
El laberinto en el que se halla María Elena Guerrero Escamilla, dice su abogado, contrasta con el trato a otras personas involucradas en casos de corrupción en la CFE. Pone como ejemplo concreto a Néstor Moreno, ex director de operaciones de la empresa bajo la dirección de Alfredo Elías Ayub, quien dejó el puesto hace unos meses.
Moreno fue acusado en Estados Unidos de recibir sobornos en metálico por beneficiar con contratos de la CFE a una empresa llamada Lindsey Manufacturing. También le pagaron por esas prácticas con un yate y un automóvil Ferrari. La policía lo detuvo hace un par de semanas y no estuvo más de 12 horas en prisión. Su paradero ahora es desconocido.
El de los sobornos goza de cabal libertad. En cambio, María Elena, que se sentía una heroína por haber descubierto y denunciado un fraude, está en la cárcel a la espera de una sentencia, comentó el abogado Alejandro Ortega.
Antes de ser detenida en julio de 2007, María Elena Guerrero Escamilla había cumplido 20 años de servicio en la CFE. De 58 años de edad, era el sostén económico de sus padres. En 2003, recibió la medalla Adolfo López Mateos, en reconocimiento a sus servicios en la empresa eléctrica.
Estamos ante una injusticia. No se ha valorado que ella detuvo un fraude y sólo le han pagado con la cárcel. Los culpables están dentro de la empresa, aseguró el abogado Alejandro Ortega.
Fuente : La Jornada
