ACERCA DE LA DETENCIÓN DE ELBA ESTHER GORDILLO. Comunicado todos a difundir

de Humberto Montes de Oca, el miércoles, 27 de febrero de 2013

El día de ayer, en un anunciado intento de legitimación del gobierno de Enrique Peña Nieto (EPN), la Procuraduría General de la República ordenó la detención de Elba Esther Gordillo “presidenta” del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

La detención de Elba Esther Gordillo va más allá de un evidente ajuste de cuentas entre grupos de poder al interior del sistema, es también el inicio de una nueva campaña de desprestigio en contra del sindicalismo en general, y un torpe emplazamiento a la disciplina de la clase política gobernante.

Al mismo tiempo, anuncia el endurecimiento del régimen en contra de la oposición política y social a sus políticas neoliberales, adicionalmente se convierte en un  distractor de la opinión pública nacional, de frente a los escandalosos casos de corrupción de los gobiernos estatales salientes, la cuenta pública del 2012  y la  inminente promoción de las reformas energética y hacendaria.

Elba Esther Gordillo acumuló riqueza y poder  al amparo y protección de los gobiernos del PRI y del PAN durante cuatro sexenios consecutivos de política neoliberal en México. Aportó su control sindical a los procesos de descentralización educativa y la contención represiva del movimiento magisterial democrático de la Coordinadora Nacional Trabajadores de la Educación (CNTE).  A cambio obtuvo posiciones de poder en la estructura gerencial de la Secretaria de Educación Pública, condiciones políticas para la obtención del registro de su partido PANAL y sobre todo impunidad para actuar al margen de la ley. En la plenitud de su cacicazgo jugó un papel estratégico en la imposición de Felipe Calderón con el que mantuvo una lealtad hasta el fin de su gobierno espurio.

Antes de su detención, Elba Esther se opuso a perder posiciones en la estructura jerárquica de la Secretaria de Educación Pública y movilizó a sus seguidores en contra de la Reforma Educativa. Ésta postura detonó un conflicto  con el gobierno en turno, conflicto que ahora, después de 24 años de servicio al modelo económico, la tiene tras las rejas. 

Para nosotros, la detención de Elba Esther Gordillo no legitima la imposición de las reforma estructurales de EPN. No invalida la crítica al modelo económico desnacionalizador, ni proscribe la resistencia civil y pacifica a las reformas  estructurales que pretenden privatizar el petróleo y encarecer la vida de los mexicanos. Por fuera del oficioso “Pacto por México“ existen las libertades democráticas que en la práctica, los ciudadanos mexicanos, tenemos que hacer valer.

Hacemos votos porque los cientos de miles de maestros de primaria,  secundaria y media superior, agraviados por décadas por el charrismo sindical, ahora tomen el timón del Sindicato más grande y numeroso de América Latina. Que tengan a bien en reconstituirse en el magisterio del pueblo. Y que en sus asambleas, escuela por escuela, sector por sector, zona por zona, alcancen sin vacilación para provecho de la clase trabajadora, la democracia y autonomía sindical que todos peleamos.

Los trabajadores electricista en resistencia decimos:

¡¡AQUÍ Y AHORA CON LA COORDINADORA (CNTE)!!

¡¡VIVA LA UNIDA SINDICAL DEMOCRÁTICA DE FRENTE

A LA EMERGENCIA NACIONAL!!

¡¡SOLO EL PUEBLO SALVA AL PUEBLO!!

 “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”

José Humberto Montes de Oca Luna.

Secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas.

27 de Febrero del 2013

Asamblea de Jubilados 27 Febrero 2013

Destruyen medidor empleados de CFE

Los graba cámara de seguridad de la empresa afectada, al parecer reponerlos representa puntos buenos para ellos.

Por LUZ ADRIANA REYES
Publicada el 02/27/2013

Empleados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) fueron captados por cámaras de seguridad cuando rompían el medidor de luz de una empresa.

El propietario de la fábrica informó que en la CFE le informaron que cada medidor dañado que recuperan los trabajadores representa un punto para su productividad, por lo que al parecer este es el motivo de que los trabajadores lo hayan roto.

En el video proporcionado por la empresa afectada, con duración de tres minutos, se ve que a las 9 de la mañana con 31 minutos y 50 segundos del domingo 24 de febrero, tres trabajadores de la CFE llegaron en una camioneta con el número 1027.

El conductor se estacionó afuera de la empresa y bajaron dos hombres.

El primero que bajó se mantuvo apartado del medidor, el segundo se acercó supuestamente a revisarlo.

Cuando el conductor se acercó ordenó al primero de los trabajadores que fuera a vigilar la entrada a la empresa y la esquina de la calle.

A las 9 horas con 32 minutos y 57 segundos el trabajador que se quedó le entregó una herramienta al conductor, con la que éste rompió el medidor.

Luego se observa que regresa el empleado que tuvo a cargo la vigilancia, mientras que el que causó daños arrastró con el pie los vidrios a la pared.

Uno de los empleados bajó un medidor nuevo supuestamente para colocarlo, pero nunca fue instalado.

El domingo por la noche personal del servicio de alarmas llamó a la casa del dueño de la empresa, dedicada a la elaboración de adornos para el calzado, para informar que no había servicio de energía en las instalaciones.

“Me metí a la computadora para revisar las cámaras pero no había luz, entonces esperé al día siguiente para reportarlo”, agregó el propietario, quien prefirió mantener su identidad.

La mañana del lunes el empresario encontró el medidor dañado, pidió a la CFE que se lo reinstalara.

Alrededor de cuatro horas después se restableció el servicio.

Cuando el afectado revisó las cámaras de seguridad para tratar de identificar a quien causó daños a su negocio descubrió que se trató de empleados de la misma Comisión de Electricidad, al reportarlo a la paraestatal le ofrecieron condonar el pago por la restitución del medidor.

Personal de la CFE indicó que cambiar un medidor de luz nuevo tiene un costo aproximado de 500 pesos, que se cobran mediante el recibo de la luz.

El jefe de los trabajadores le indicó al afectado que reconoce por lo menos al hombre que quebró el aparato y será sancionado.

Personal de la CFE agregó que había un reporte en ese domicilio de cambio de medidor, hecho por un empleado que toma la lectura.

Periodico.am

SME Brigadeo en CU 26feb13

Acusa ONG que la CFE obliga pagar a usuarios indígenas altas tarifas de luz

Aseguran que los trabajadores de la paraestatal están visitando casas de pobladores para entregarles oficios en los cuales se les requiere el pago mediante la firma de un convenio leonino en el que se reconocen adeudos injustos e injustificados, pretendiendo hacer cobros que oscilan entre los 170 mil pesos.

Elio Henríquez, corresponsal
Publicado: 26/02/2013 11:27

San Cristóbal de Las Casas, Chis. La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha iniciado en los municipios de Tila y Tumbalá, una “estrategia para obligar a los usuarios que se encuentran en resistencia por las altas tarifas de energía eléctrica, a que paguen el servicio”, afirmó Organización Laklumal Ixim-Nuestro Pueblo de Maíz.
Añadió que trabajadores de la paraestatal “están visitando casas de pobladores para entregarles oficios en los cuales se les requiere el pago mediante la firma de un convenio leonino en el que se reconocen adeudos injustos e injustificados, pretendiendo hacer cobros que oscilan entre los 170 mil pesos”.

La CFE “amenaza con que de no realizar su pago y continuar usando el servicio de energía eléctrica iniciará demandas penales arguyendo que se fundamentarán en lo que establecen los artículos 253, 254 y 368 del Código penal federal, pretendiendo equiparar al robo la exigencia y lucha por el derecho a una tarifa justa y acorde con las condiciones de miseria en la que viven la mayoría de los chiapanecos y chiapanecas”, agregó.

La agrupación, que aglutina a cientos de pobladores de comunidades choles de la zona norte de la entidad, alertó “acerca de la inminente escalada de represión y criminalización que se desatará sobre quienes nos encontramos en resistencia al pago de altas tarifas de energía eléctrica”.

Sostuvo que “comunidades de la región norte-selva que pagan su servicio de energía eléctrica se encuentran sumamente preocupados por la decisión de la paraestatal de aumentar las tarifas de energía eléctrica y del retiro de los subsidios estatales, por lo que las tarifas se han disparado, lo que prácticamente hace imposible su pago”.

Denunció que mujeres de los municipios de la región que reciben apoyo del programa federal Oportunidades “están siendo presionadas para que realicen sus pagos de energía eléctrica, además de que existe la estrategia de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso) de dar de baja de dicho programa a las beneficIarias del ejido Nueva Esperanza, municipio de Tila, que están en resistencia de pago de la energía eléctrica y que se han organizado para exigir sus derechos”.

Señaló que “como represalia gubernamental por denunciar los abusos y violaciones de los derechos de las mujeres en es acomunidad, la unidad de medicina rural del InstittuTo Mexicano del Seguro Social (IMSS) se encuentra sin médico y sin prestar servicios de salud, existiendo el rumor de que la ‘clínica’ será cerrada permanentemente, lo que vulnera gravemente su derecho constitucional a la salud”.

Indicó que “durante todo el tiempo de nuestra resistencia que iniciamos desde 1994, nos hemos cansado de dar argumentos para exigir una tarifa justa y preferencial a la CFE porque no es posible que siendo Chiapas uno de los estados con mayores índices de pobreza y rezago, y el mayor generador de energía hidroeléctrica del país tenga una de las tarifas más elevadas”.

Afirmó que el gobierno y la CFE “han colocado a millones de chiapanecos en la situación de elegir entre comer y sobrevivir o pagar los altos costos de electricidad, agua y otros servicios”.

La Jornada

URGEN A CFE ACELERAR CAMBIO DE CABLEADO EN MUFAS

25 de Febrero de 2013

Ante las más de 300 explosiones de mufas registradas en el Centro Histórico en los últimos años, el diputado Alejandro Ojeda urgió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a acelerar sus trabajos de renovación de cableado, para garantizar el óptimo desempeño y seguridad de estas subestaciones.

Al insistir en que se debe garantizar la seguridad de las personas que transitan en las calles del Centro Histórico, el presidente de la Comisión Especial Sobre el Suministro y Cobro de Energía Eléctrica anunció que el próximo miércoles presentará un punto de acuerdo para exhortar a la CFE a que rinda cuentas sobre el tema de las explosiones de mufas.

“No hay que olvidar que ante la extinción de Luz y Fuerza del Centro, la Comisión Federal de Electricidad es el organismo público encargado del mantenimiento y reparación de las subestaciones eléctricas subterráneas del Centro Histórico, conocidas como mufas”, declaró.

Sería inaceptable, dijo, que la CFE esté esperando que ocurra una desgracia de las dimensiones de lo que sucedió en la Torre B de PEMEX, para que se ponga a trabajar en serio en la atención de las mufas, pues siguen ocurriendo explosiones en instalaciones eléctricas del Centro Histórico.

Hay que recordar, mencionó, que la CFE se comprometió a entregar el cableado nuevo desde julio del año 2011. Además, puntualizó, solicitarán informes sobre la contratación de las empresas privadas que están realizando las tareas de mantenimiento.

Opinó que todo hace apuntar que hasta que no ocurra una tragedia de magnitudes impensables, es cuando la CFE escuchará.

Por otro lado, el diputado perredista consideró que se debe indemnizar a los afectados por las explosiones de las mufas, no sólo del evento más reciente, sino de todos los ocurridos, pues es evidente que existe responsabilidad civil en este asunto y que la supuesta empresa de clase mundial (CFE), ha resultado ser un pequeño feudo personal de su director.

Informó que en la Comisión Especial del Suministro y Cobro de Energía Eléctrica en el DF, se tienen quejas por servicio deficiente y cobros excesivos; sin embargo, la nueva administración se ha negado sistemáticamente a entablar diálogo para resolver las quejas.

Incluso, agregó, se presentó un punto de acuerdo para exigir que se atiendan las peticiones de los ciudadanos; sin embargo, la Comisión de Uso y Aprovechamiento de Bienes y Servicios Públicos, presidida por un diputado del PRI y que es la encargada de dictaminar el punto de acuerdo, sin fundamento legal ya esta hablando de emitirlo en sentido negativo.

En dicho punto de acuerdo, abundó, se le exige citar al titular de la CFE para atender el tema de las quejas, pero parece que no les agrada que se tramiten asuntos que ponen en entredicho la transparencia de esta empresa. Sin embargo, subrayó, lo seguiremos haciendo.

En ese sentido, manifestó que no permitirán la opacidad, protección política y juego sucio en la Comisión Federal de Electricidad, por lo que en breve iniciaremos las acciones legales a fin de que se le ponga un alto a los abusos de CFE. 

Es evidente que la estrategia del titular de CFE es postergar la resolución de las quejas, dado que, no quiere rendir cuentas, no quiere trabajar el tema de las condiciones de seguridad de las subestaciones, expresó.

ALDF

Reflexiones sobre el SME

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha arreciado movilizaciones, con la firme convicción de lograr la reinserción de los más de 17 mil trabajadores a la CFE bajo la figura de patrón sustituto, después de que el gobierno calderonista y la actuación de un secretario del Trabajo porril dieron con tropelías la desaparición de Luz y Fuerza del Centro, para traficar con la fibra oscura y abrir la generación de la energía eléctrica al capital extranjero y de lograr la dispersión y la división de un sindicato que actuaba bajo la corriente del sindicalismo revolucionario.

Otra opción sería la creación de una empresa paraestatal aprovechando la mano de obra y experiencia de los trabajadores electricistas. Cuando parece que se resuelve el conflicto, la derecha de dentro y fuera del gobierno sale de manera desesperada cerrando la disposición de una salida favorable, con la clara intención del golpear al sindicato. Lo inaudito es la violación de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que les había otorgado el derecho de la sustitución patronal.


La cruzada del SME por la defensa del derecho al trabajo se conjunta con la lucha contra el neoliberalismo y las implicaciones desfavorables hacia las mayorías del pueblo mexicano. Al agotarse la vía legal queda la política y es donde las organizaciones sociales, políticas y sindicales debieran unificarse bajo objetivos concretos, dándose todo el apoyo y colaboración de clase para frenar de una vez por todas las políticas antiobreras del FMI y Banco Mundial.

Luis Langarica Arreola
La Jornada

Llaman a registrar problemas con cobros de luz

Vecinos de Iztapalapa y ciudadanos en general sostuvimos un diálogo público el pasado 21 de febrero con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en la subestación Estrella de la delegación Iztapalapa. Las demandas que presentamos por escrito son: los injustificados altos cobros en los recibos por consumo de energía eléctrica; alto a los cortes arbitrarios; la prepotencia de los trabajadores de la CFE en las visitas domiciliarias; diálogo público con la junta de gobierno de la CFE para que recomiende a la SHCP emitir un acuerdo de condonación de los adeudos. Los funcionarios de la CFE únicamente dijeron que se daría respuesta por escrito, sin precisar términos. El 13 de octubre de 2012 y el 13 de febrero del año en curso presentamos por escrito a la CFE nuestras demandas, sin que hasta el momento tengamos respuesta ágil y precisa.

Seguiremos en la lucha, realizando diversas acciones jurídicas y movilizaciones. Invitamos a los usuarios que registren problemas con los cobros de luz a que acudan a las reuniones de atención y organización para defendernos de las acciones arbitrarias de la CFE a Palacio 34, colonia Barrio de San Ignacio, delegación Iztapalapa (a dos calles del Metro Iztapalapa), todos los miércoles a las 17 horas.

Por Ciudadanos de Iztapalapa en Defensa de la Energía Eléctrica, Eduardo Parada Butrón, Marcela Jiménez Sánchez, Carlos Frausto Martínez, Teresa Gutiérrez Pérez, Leonardo Santiago Hernández, Mayra Castillo Ubaldo, Concepción Ramírez y Enrique Mayorga López

La Jornada

CFE:dos enfoques, un problema y una solución

La privatización del PRI

Javier Jiménez Espriú
Estamos en la víspera de la consumación de un acontecimiento de la más lamentable notoriedad: la privatización del PRI.

El PRI, reúne a sus consejeros, a quienes no pide consejo alguno, sino que los instruye para que voten, sin chistar, sin entrar en discusiones estériles, como las califica el secretario de Gobernación, lo que se les proponga, independientemente de lo que esto sea, para satisfacer de la manera más vergonzosa, más humillante, más sumisa, más ignominiosa, el mandato que los administradores del país reciben de sus dueños: los organismos internacionales.

Hay que privatizar lo que falta –los hidrocarburos, desde luego– y para esto, es necesario previamente modificar los documentos básicos del instituto político, que habían elaborado gentes que cuando menos guardaban algo de espíritu patriótico –algunos de los cuales irán a la cita y votarán y tal vez hasta aplaudirán emocionados para disfrazar el rubor y la vergüenza– y abolir en ellos, entre otros, los candados que lo obligan a defender en el rubro de la energía, lo que señalan el espíritu y la letra de la Constitución en lo referente a las áreas de exclusividad del Estado, áreas estratégicas, y abrirlas a lo que en su jerga moderna quieren bautizar como pluralismo económico, que no es otra cosa que la entrega de la renta petrolera, para privatizarla, aunque esto lo nieguen.

¡Ah!, y de pasada, para estar en condiciones de asestar a la población, y particularmente a la de menores recursos, un golpe letal, al promover el IVA en alimentos y medicinas y recuperar para las arcas nacionales y los gastos suntuarios de los poderosos, una parte de lo que pretenden entregar a los privados, de la renta de nuestros recursos no renovables.

Hay que cambiar los estatutos del PRI, privatizarlo, hacerlo el nuevo PRI, un PRI no bursatilizado, sino burlatirizado, para dar certeza jurídica a los dueños del poder real. Hay que adaptarlos a las instrucciones de la OCDE y a su consecuencia: el Pacto por México.

Se trata, en suma, de tirar a la basura los principios que estorban a los designios de la Seguridad Energética de Norteamérica. Una nueva traición al movimiento de 1910 y a las futuras generaciones de mexicanos. Una total capitulación a la soberanía nacional.

Una traición también a quienes –ahora sabrán que se equivocaron, que los engañaron– votaron por un PRI que suponían leal a unos principios y por él y por ellos votaron, y en el que ahora su cúpula, su consejo de administración, ya dueño del poder, quiere cambiar por otros radicalmente contrarios a la esencia de lo que promulgaban desde sus orígenes, para cumplir los compromisos de campaña, hechos sin firma de notario.

Los aplausos laudatorios de la OCDE; el entusiasmo del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional; las declaraciones absurdas del secretario de Energía, de que la apertura energética incrementará dos puntos del PIB; la hambrienta ansiedad de los directivos de la Shell y sus conmovedoras y convincentes y declaraciones –mientras mayor sea la apertura, mayor nuestro interés– sólo reflejo de lo que opinan todas las grandes empresas petroleras que ya acechan, no hacen sino delinear lo que nos espera.

Pero ¿no habrá priístas que protesten, que disientan de los líderes?; no es pensable que todo esté podrido en Dinamarca, como reza el dicho tan ofensivo e injusto para los daneses, pero válido para quienes no se atreven a expresar su opinión. ¿Todos se agacharán? ¿No hay en el PRI, como lo hay entre los trabajadores de Petróleos Mexicanos y sus líderes sindicales, diferencias abismales y nacionalmente fundamentales, entre la mayoría de sus militantes y sus cúpulas?

A ellos, a los más, conociendo su institucionalidad, no los invito a pasarse a la oposición; sino a oponerse interna pero abiertamente, a lo que seguramente, en el fondo de sus conciencias, no están de acuerdo. No está en juego sólo la chamba del sexenio, sino la vida independiente, la seguridad energética y la soberanía de la nación. La incondicionalidad, absurda en la democracia, se convierte en complicidad.

Entre broma y veras, un amigo me decía que nuestro problema es la demostrada veracidad de la cuarta ley de Newton. ¿La cuarta?, le pregunté. ¿Cuál es su enunciado?

Me contestó con preocupante seriedad: Todo cuerpo que se arrastra tiende a subir.

Ese no puede ser ni el común denominador de los miembros del PRI ni el lema de su nuevo partido. Ojalá lo demuestren.

La Jornada

¿Hacia dónde va la justicia laboral en el DF?

Arturo Alcade Justiniani
Esta semana han estado presentes en nuestro país una veintena de representantes sindicales de Estados Unidos y Canadá, quienes integran la Alianza Trinacional de Solidaridad con los trabajadores mexicanos. Luego de entrevistas y visitas a distintos grupos y centros laborales, han manifestado indignación por las dificultades que advierten para lograr una vigencia mínima de los derechos individuales y colectivos. Han confirmado los gigantescos obstáculos que existen para formar sindicatos democráticos y acceder a una contratación colectiva auténtica. Conocieron, por ejemplo, el penoso comportamiento de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en el estado de Tlaxcala, que actúa en abierto contubernio con la trasnacional zapatera Bata-Sandak. También actualizaron su información sobre la situación de los electricistas, mineros y otros sectores de trabajadores.

En la ciudad de México conocieron el desastre originado por el gigantesco número de contratos colectivos de trabajo de protección patronal, que abarcan más de 90 por ciento de los centros de trabajo; esos que se celebran a espaldas de los empleados, impidiéndoles contar con negociaciones reales. Observaron la indefensión de los trabajadores de las instituciones gubernamentales contratados por honorarios; confirmaron la grave situación que viven los asalariados de la construcción, los servicios de limpieza, los centros comerciales y los pequeños y medianos negocios, en donde prevalece la ausencia de una autoridad que haga cumplir los mínimos de ley. No hay inspección laboral, no hay diagnósticos por sector, no hay campañas orientadas a lograr la salud en el trabajo, y por lo que se refiere a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, subsiste una resistencia al respeto de los derechos colectivos y una lentitud injustificada en la tramitación de los conflictos individuales, que se desahogan en un promedio de cinco años. Una pregunta que formularon, difícil de contestar fue: ¿por qué sucede esto en una ciudad con un gobierno progresista, que debería tener entre sus prioridades la promoción y defensa de los derechos laborales, especialmente los colectivos y constituir un ejemplo en el ámbito nacional? ¿Por qué no se atiende como prioridad el cumplimiento de la ley laboral en los centros de trabajo en donde subsisten condiciones insalubres y peligrosas y toda clase de riesgos para la salud? ¿Por qué no han entrado en vigor las sanciones señaladas en la nueva normatividad?

En los próximos días será designado quien ocupará la presidencia de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, en virtud de la renuncia con carácter irrevocable de su anterior titular, Ramón Montaño Cuadra. El nuevo nombramiento puede favorecer un cambio que urgentemente necesita el modelo laboral de nuestra ciudad. Conviene por ello reflexionar sobre cuáles son algunas de las características que debería tener el o la nueva titular de este órgano de justicia. El primero, está relacionado con los requisitos legales; sin embargo, está demostrado que estos no son suficientes para acreditar la idoneidad en el cargo. Tres requisitos adicionales parecen importantes a considerar. En primer lugar, no estar vinculado con la red de intereses relacionados con los negocios de los sindicatos falsos, emplazamientos de huelga fantasmas y contratos de protección patronal, que benefician no sólo a líderes falsos sino también a los abogados empresariales que los promueven.

Una segunda característica deseable es que conozca la materia laboral para tener la posibilidad de colaborar en el esfuerzo tendiente a suprimir estos vicios.

Un tercer elemento se vincula con la disposición e interés en colaborar con un cambio de rumbo en la política laboral compatible con las características de un gobierno progresista, electo por una mayoría copiosa, que confía en tener apoyo en sus preocupaciones y necesidades elementales, siendo fundamentales el trabajo, el salario y su capacidad de defensa colectiva.

Quien ocupe el nuevo cargo tendrá retos muy complejos, uno es vincularse con la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo para construir el sistema laboral que requiere la ciudad. Esta coordinación debe orientar su gestión hacia la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para obtener los recursos que actualmente les hace falta. Deberá atender la creación del Servicio Profesional de Carrera, mandatado a iniciar funciones a partir del primero de enero del 2014, y el Sistema de Formación, Capacitación y Actualización Jurídica, que emprenderá actividades a partir del próximo primero de junio. La nueva ley impone a las juntas nuevas obligaciones en materia de transparencia, en temas tan importantes como los contratos colectivos y registro de asociaciones. También deberá promover y confirmar el cumplimiento de nuevas reglas en materia de elección de dirigentes sindicales mediante el voto secreto y la rendición de cuentas, aspectos que a tres meses de su incorporación a la ley no se han puesto en vigor, asímismo los nuevos requisitos en materia de subcontratación; especialmente la prohibición de las llamadas empresas de servicios que son de competencia local y que practican el outsourcing generalizado; es una tarea inaplazable y de gran envergadura porque se enfrenta a intereses muy fuertes.

Si bien es estratégica la designación del titular de esta junta, que es sin duda el tribunal laboral local más importante del país, pues atiende 80 mil expedientes a través de sus 18 juntas especiales, las cuales son visitadas por un promedio de seis mil usuarios diarios, su tarea no podrá dar los frutos que necesita la ciudad, si no cuenta con el apoyo y la sensibilidad del gobierno de la ciudad y el de muchos otros actores, como instituciones académicas, fundaciones, litigantes, sindicatos auténticos y organismos especializados que deberían apoyar esta urgente transformación del mundo del trabajo. Un buen principio para este cambio es reconocer que este renglón, con todo lo que implica, es una asignatura pendiente en la agenda política y social de la metrópoli.

La Jornada

Perversidad de la Corte contra el SME

EN:ARTICULISTAS FECHA:23 FEBRERO, 2013

Seguimos de pie

 Martín Esparza Flores

Las evidencias sobre la acción concertada en el interior de la Corte en contra de la batalla legal de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) son cada vez más abrumadoras y demuestran que en el fallo de los asuntos de trascendencia nacional, la mayoría de los ministros han actuado bajo una indignante consigna política.

Al analizar a conciencia las razones jurídicas esgrimidas por los integrantes de la Primera Sala del máximo órgano de justicia del país (a excepción de la honorable postura en contra asumida por el ministro José Ramón Cossío Díaz), para declarar improcedente el recurso de reclamación 530/2012, del SME, el pasado cinco de diciembre, sólo una palabra puede emplearse para calificar el absurdo proceder del resto de los integrantes de la sala en referencia: perversidad.

El término, aunque rudo, es justo para ubicar el grado de vileza con que actuaron en contra de los derechos consagrados en la Constitución a favor de los trabajadores, los mal llamados ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la ponente del caso, Olga Sánchez Cordero, la misma que en un abrir y cerrar de ojos dejó en libertad a la secuestradora Florence Cassez.

Situado en el epicentro del debate jurídico, el artículo 90 de la Constitución, relativo a la conformación de la administración pública federal, tanto centralizada como paraestatal, fue mal interpretado, según la miope visión de los integrantes de la Primera Sala, en la sentencia emitida a favor del SME, por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, el pasado 13 de septiembre y que obligaba a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), a asumirse como patrón sustituto de los extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro.

En el leguleyo razonamiento de los ministros, el Tribunal Colegiado realizó una “interpretación sistemática de las referidas disposiciones constitucionales”; es decir que, a su juicio, al determinar con precisión y claridad las funciones y los servicios que prestan los organismos que conforman la Administración Pública Paraestatal con el propósito de delimitar el alcance legal del decreto de extinción del 11 de octubre del 2009, que dejó en la calle, de la noche a la mañana, a 44 mil trabajadores, los magistrados del Segundo Tribunal realizaron una interpretación equivocada del precepto constitucional.

Al razonar su voto en contra, el ministro José Ramón Cossío sostuvo con claridad los excesos y yerros en que estaban incurriendo sus compañeros de Sala, cuando expuso: “La descripción del marco constitucional y legal de la administración pública en forma alguna constituye interpretación constitucional. De otro modo, la mera cita de cualquier precepto de la Constitución haría procedente el recurso, haciendo inútil la división competencial hecha por la propia Constitución en la fracción IX de su artículo 107”.

Y en una simbólica bofetada con guante blanco, agregó: “En un Estado de derecho el primer obligado a la aplicación de las normas constitucionales debe ser el Tribunal Constitucional que por su posición no puede desconocer las normas que rigen su competencia”.

Al tenor del debate jurídico surgirán las razones políticas de fondo que terminaron por torcer la aplicación de las leyes y de la Constitución misma, y que explicarán el porqué desde diciembre ya se cocinaba en la Primera Sala de la Corte un golpe de Estado en contra de la lucha de los trabajadores y que se consumó el pasado 30 de enero con el veredicto de la Segunda Sala.

En ambos casos, se pasó por alto la aplicación del derecho con el único fin de evitar que el gobierno federal, vía la CFE, se asuma como el patrón sustituto de los miembros del SME, que a pesar de todo siguen de pie y no se liquidarán hasta que en nuestro país se respete su derecho al trabajo y a una vida digna para sus familias.

Siempre!

Deja 3 heridos explosión de mufa en el Centro

El incidente ocurre en el cruce de las calles de 16 de septiembre y Bolívar

Ciudad de México | Viernes 22 de febrero de 2013
Redacción | El Universal

Una mufa explotó esta tarde en las calles de 16 de septiembre y Bolívar, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, frente a un edificio alterno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En el lugar, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron por quemaduras a Rosalio Estrada, Florinda García y Rosalba García Cortés, quienes caminaban por la banqueta cuando estalló el registro de luz.

Por el momento se encuentra cerrada la circulación de 16 de Septiembre, entre Isabel La Católica y Bolívar por la fuerte movilización policiaca y de servicios de emergencia en la zona.
Al lugar arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para descartar otro riesgo en esta mufa.
(Con información de 88.1 Red FM)

Más información en unos momentos...

El Universal

El Punto de Acuerdo a favor del SME en la Cámara de Diputados y la infamia del PAN

El SME en los dias de accion en solidaridad con el sindicalismo mexicano

Revista Lux Versión Esteneografica Resolución de la Seguna Sala de la SCJN

Revista Lux. Versión Flash.

http://www.revistalux.org.mx/images/stories/historietas/versionesteneograficasuprema/SCInJusticiaN/#/0

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Revista Lux. Versión PDF.

http://www.revistalux.org.mx/images/stories/historietas/versionesteneograficasuprema/SCInJusticiaN/files/res/downloads/book.pdf

Por cálculo, CFE aplica sus cobros a 37% de los usuarios

Su sistema se basa en 'estimaciones' de consumo, revela la ASF.

Israel Rodríguez
Publicado: 22/02/2013 08:46

México, DF. Uno de cada cuatro recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a usuarios en el Valle de México, la zona que atendía la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), fue emitido por la empresa sin realizar la lectura de los medidores y con base en “estimaciones” de consumo, reveló la revisión de la Cuenta Pública de 2011, efectuada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El órgano auditor del Congreso identificó que las facturas con estimaciones que emitió la CFE durante 2011 ascendieron a 5 millones 597 mil 683, que correspondieron a 2 millones 307 mil 879 usuarios, los cuales representaron 37.7 por ciento del total de los 6 millones 119 mil 710 usuarios domésticos localizados en la zona centro del país.

Desde la extinción de LFC en octubre de 2009, las inconformidades por cobros excesivos y la resistencia de la paraestatal a corregir los errores se multiplicaron, causando la irritación de miles de usuarios que fueron afectados en su economía por los elevados cobros, que en algunos casos llegaron a incrementarse por encima de mil por ciento, como ha documentado La Jornada.

La CFE señaló que “esta entidad estimó los consumos de los usuarios sobre la base de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica y su Reglamento, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 43 de este último, que a la letra dice: ‘el suministrador es el único facultado para vender energía eléctrica destinada al servicio, previa celebración de contrato de suministro correspondiente y de acuerdo con las tarifas aprobadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”’.

Asimismo, ratificó que “siempre ha dado cumplimiento a lo señalado en la citada ley al tenerle instalado a cada usuario del servicio el equipo de medición adecuado a sus necesidades de consumo, tensión y número de fases solicitado, y medir el consumo de energía eléctrica de cada uno de ellos de acuerdo con la normatividad; esto se puede validar en el sistema Sicom con el número o números de medidor que se tiene instalado en el domicilio de cada usuario contratado”.

Sin embargo, el Manual de disposiciones relativas al suministro y venta de energía eléctrica destinada al servicio público, instrumento normativo en materia eléctrica, define que la facturación de cada usuario se realizará con “regularidad y oportunidad” y el suministrador (CFE) efectuará periódicamente las mediciones correspondientes a la energía eléctrica consumida y tomará la lectura de los aparatos de medición una vez dentro de cada periodo de facturación.

Por su parte, la CFE explicó que la estimación del consumo de energía eléctrica a casi cuatro de cada 10 usuarios del servicio no obedeció a la falta de recurso humano, sino a otras causas como que el tomador de lecturas no encontró el domicilio, los medidores se encontraban destruidos o no trabajan, el servicio se encontraba desconectado, el usuario no permite el acceso al medidor, y a la problemática social (resistencia civil) en territorio del Sindicato Mexicano de Electricistas.

Sin embargo, la ASF no encontró evidencia de estos argumentos, y constató que en 2011 la CFE contó con la capacidad operativa necesaria para realizar la toma de lecturas en cada una de las agencias que conformaron la zona del Valle de México.

La ASF alertó sobre las consecuencias sociales y dijo que “la falta de cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables a la medición del consumo de energía eléctrica, y que éstas se realicen con base en criterios distintos a los autorizados por la junta de gobierno de la CFE, tiene como consecuencia que los usuarios pudieran verse afectados en el cobro del servicio de energía eléctrica, lo que repercute en un incremento del número de quejas por cobro indebido”.

Además, la ASF comprobó que la CFE no cumplió con las disposiciones normativas aplicables a la recuperación de los recursos pendientes de cobro correspondientes al suministro de energía eléctrica que proporcionó LFC (en extinción) hasta el 11 de octubre de 2009.

La Jornada

Jurisprudencia y tesis aisladas aprobadas por la Sala en sesión celebrada el día 21 de noviembre de 2012

Se localizaron 9 registros.

1.     2a./J. 174/2012 (10a.)
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO FIJADAS POR EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA. PRESTACIONES QUE SÓLO SON APLICABLES A LOS TRABAJADORES DE BASE.
Fecha de envío para su publicación: 3 de diciembre de 2012

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

2.     2a./J. 175/2012 (10a.)
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA SOLICITUD DE LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO DEL TRABAJADOR QUE CONTIENE SU FIRMA, EL VISTO BUENO Y/O LA AUTORIZACIÓN RELATIVA, HACE PRESUMIR QUE DISFRUTÓ DEL PERIODO RESPECTIVO, SALVO PRUEBA EN CONTRARIO.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

3.     2a./J. 176/2012 (10a.)
NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

4.     2a./J. 177/2012 (10a.)
PRUEBA DE INSPECCIÓN OFRECIDA EN EL JUICIO LABORAL SOBRE DOCUMENTOS U OBJETOS QUE SE ENCUENTREN A DISPOSICIÓN O EN PODER DE LA PARTE OFERENTE. SUPUESTO EN EL QUE LA MATERIA A INSPECCIONAR SE ENCUENTRE EN UN SITIO DIVERSO.
Fecha de envío para su publicación: 17 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

5.     2a./J. 178/2012 (10a.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

6.     2a./J. 179/2012 (10a.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE NO INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRALIZADA, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO EN SENTIDO AMPLIO.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

7.     2a./J. 180/2012 (10a.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES SE RIGEN POR EL APARTADO A DEL ARTÍCULO 123 CONSTITUCIONAL Y LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, POR LO QUE LA COMPETENCIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS CORRESPONDE A LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

8.     2a./J. 181/2012 (10a.)
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO QUE REGULA LAS RELACIONES LABORALES CON SUS TRABAJADORES Y OTORGA COMPETENCIA AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS RESPECTIVOS, SON INCONSTITUCIONALES.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

9.     2a./J. 182/2012 (10a.)
TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS GOBIERNOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. EFECTO DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA LOS ARTÍCULOS 1o., 2o., 4o. Y 132, FRACCIÓN I, DEL ESTATUTO JURÍDICO RELATIVO.
Fecha de envío para su publicación: 16 de enero de 2013

JURISPRUDENCIA

Pendiente de publicarse en IUS

SCJN.org.mx

JURISPRUDENCIA 2a./J. 178/2012 (10a.) PENDIENTE DE PUBLICARSE EN IUS

ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. AL SER ENTIDADES INTEGRANTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PARAESTATAL, FORMAN PARTE DEL PODER EJECUTIVO.  El presidente de la República tiene a su cargo el desarrollo de la función administrativa en el orden federal la cual, para efectos funcionales y de organización, se divide en administración pública centralizada y paraestatal; la centralizada tiene como principal característica la dependencia directa e inmediata de los órganos y sub-órganos que realizan dicha función con aquél, con base en un sistema de controles, mando y vigilancia de tipo jerárquico superior-inferior (de manera vertical), mientras en la paraestatal la dependencia es indirecta y mediata, porque sin existir con el Ejecutivo una relación jerárquica, los organismos que la componen se vinculan en distintos grados con la administración centralizada y, por ende, con el titular de dicho Poder, a través de distintos mecanismos de control y vigilancia por parte de éste hacia aquéllos (de manera horizontal). Ahora bien, independientemente de que las relaciones entre el titular del Ejecutivo Federal con las dependencias centralizadas y las entidades paraestatales se den de manera distinta, lo cierto es que ambas realizan funciones públicas en el ámbito administrativo a fin de cumplir con los objetivos que les corresponden en el marco de las leyes, los planes y los programas del desarrollo nacional que compete ejecutar al presidente de la República. De ahí que la circunstancia de que el Poder Ejecutivo se deposite en este último en el ámbito federal como responsable de la administración pública y pueda llevar a cabo sus atribuciones directamente por conducto de las dependencias de la administración pública centralizada o indirectamente con la colaboración de las entidades de la administración pública paraestatal, significa que los organismos descentralizados forman parte de dicho Poder en sentido amplio. Esta situación es aplicable en los ámbitos de gobierno local y municipal, porque la descentralización administrativa en cualquiera de los tres órdenes de gobierno guarda la misma lógica, esto es, la de crear entes dotados de personalidad jurídica y autonomía jerárquica, pero sujetos a controles indirectos para desarrollar actividades administrativas específicas con agilidad y eficiencia. Amparo en revisión 783/2011.- Bertha Alicia Silva Barba.- 13 de junio de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 164/2012.- Irma Gloria Quiroz Santoyo.- 13 de junio de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 365/2012.- Adriana Anguiano Cardona.- 24 de octubre de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 372/2012.- Emmanuel Alejandro Alcalá Armas.- 24 de octubre de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Amparo en revisión 389/2012.- Hilda Liliana Ramírez García.- 24 de octubre de 2012.- Mayoría de cuatro votos.- Disidente: José Fernando Franco González Salas.- Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.- Secretarios: María Enriqueta Fernández Haggar, Alejandro Manuel González García, María Dolores Igareda Diez de Sollano y Fanuel Martínez López. Tesis de jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiuno de noviembre del dos mil doce.

SCJN.org.mx

SME Entrega cartas a embajadas 21 Feb 2013

Boletin de Prensa SME

SME entregó en embajadas una carta con la posición política de la Alianza Trinacional de Solidaridad

Electricistas mexicanos reclaman empleos arrebatados por expresidente

México, 21 feb (PL) El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) estableció una mesa de negociación con la Secretaría de Gobernación, más el gobierno capitalino, para lograr devolver el empleos a 16 mil 599 trabajadores de ese sector, cesanteados por decreto de la anterior administración del Estado.

El secretario general del SME, Martín Esparza, declaró a Prensa Latina que la propuesta del gremio incluye aspectos económicos, técnico y administrativos para lograr la reinserción de los desempleados y hacer justicia ante una flagrante violación de la Constitución cometida por el gobierno de Felipe Calderón.

Acorde con Esparza la disposición de la Gobernación es de apoyo a sus demandas e incluso refirió apreciar voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el conflicto.

Para ese objetivo, según dijo, se creó una comisión intersecretarial dirigida a evaluar las propuestas que presentarán en una segunda reunión de las partes, prevista para la semana entrante.

En la mesa de negociación el SME incluyó temas como el respeto a los derechos adquiridos por los jubilados del sindicato, lo cuales suman más de 21 mil, incluida algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo como la prestación en especie del servicio de energía eléctrica para esos trabajadores.

Durante una entrevista con esta agencia el dirigente gremial rememoró que la Segunda Sala de la Corte Suprema de Justicia revocó el amparo concedido por un tribunal colegiado al SME y eliminó la figura de patrón sustituto encontrada para solucionar el despido de 44 mil trabajadores.

Esparza valoró que fue una gran victoria del sindicato cuando en el 2009 un tribunal concedió al SME el amparo para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) actuara como patrón sustituto de los trabajadores dejados cesantes cuando se extinguió por decreto presidencial la compañía Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

En la sesión de la Corte se decidió por unanimidad dar la razón al gobierno federal, e ir en contra de la Constitución, dijo Esparza.

En la CSJ se llegó incluso a valorar que el gobierno no tenia por qué notificar al sindicato y a los trabajadores previamente la cesantía, lo cual dejaba desamparado laboralmente a 44 mil trabajadores y, por ende, sin sustentos a miles de familias.

Esparza calificó de hecho inédito en el mundo el despido masivo de decenas de miles de trabajadores, incluso en momentos de crisis, el cual ha sido denunciado por organismos internacionales.

Acotó que los trabajadores eléctricos seguirán reclamando, lo mismo en tribunas internacionales como en las calles de México, por sus derechos y no pararán hasta tanto les sean devueltos sus puestos de trabajo.

LyFC fue eliminada por supuestos gastos que no se correspondían con la calidad del servicio e ineficiencias entre otras acusaciones, las cuales fueron rechazadas por vías legales por el Sindicato, sin respuestas por parte del gobierno, porque sus versiones carecían de argumentos, dijo.

Prensa Latina

Diputados exhortan al Ejecutivo y al Legislativo buscar una solución al conflicto con el SME y proponen examinar su posible reinserción laboral

Palacio Legislativo, 21-02-2013 (Notilegis).- La Cámara de Diputados exhortó al Ejecutivo federal y al Congreso de la Unión a buscar a través del diálogo una solución al conflicto con los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y examinar su posible reinserción laboral.

Se plantea la posible recontratación de los más de 16 mil trabajadores electricistas que no aceptaron su liquidación tras la disolución de compañía de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), decretada en octubre de 2009.

En el documento, presentado por el diputado Roberto López Suárez (PRD), se propone examinar la posible reinserción a la vida laboral de los integrantes del SME, mediante la creación de un organismo público descentralizado encargado de la prestación del servicio de energía eléctrica en el centro del país.

En el punto de acuerdo de urgente resolución, también se exhorta al titular del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a que en tanto se solucione este conflicto laboral se les continúe otorgando a estos trabajadores los servicios médicos.

Camara de Diputados

Dip. Roberto López Suárez (PRD) - Solución al conflicto laboral de trabajadores del SME

Desde la tribuna, el Dip. Roberto López Suárez (PRD) fundamenta la proposición con punto de acuerdo relativo a la solución del conflicto laboral de los trabajadores del SME.

Afirman que avanza negociación de gobierno federal con el SME

Jueves, 21 de febrero de 2013

QUERÉTARO, Querétaro (Notimex).- El titular de la Unidad de Enlace Federal y Coordinación de Entidades Federativas de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Ozuna, aseguró que hay voluntad por lograr un acuerdo con el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

En entrevista, señaló que la instalación de mesas de diálogo, que continuarán la próxima semana, son una muestra de la voluntad por avanzar en el pliego petitorio del SME.

Luego de la toma de protesta de Eugenio Alonso Chombo, como nuevo delegado de la Segob en el estado, Alejandro Ozuna, destacó que la mesa instalada en la Secretaría de Gobernación reúne a todos los actores involucrados en las demandas del sindicato.

Afirmó que esta negociación entre la Secretaría de Energía, Secretaría del Trabajo y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entre otras dependencias, son manifestaciones de la voluntad de todas las partes por lograr un acuerdo.
‘Somos el punto de confluencia de varias dependencias. Ya fueron liberados los 10 compañeros del SME que fueron en su oportunidad detenidos, esto es un paso importante que ha aligerado la tensión’, afirmó.

Las negociaciones continuarán la próxima semana y conforme se avance se darán a conocer otras peticiones del SME para resolver el conflicto, ya que ‘el hecho es que ya hay una mesa de negociación y que nos hemos sentado a iniciar estas pláticas’, aseguró.

Alejandro Ozuna tomó protesta a Eugenio Alonso Chombo como nuevo delegado de la Segob en el estado, a quien pidió coadyuvar en la gobernabilidad de esta entidad federativa.
‘Un país en paz, un país en armonía, es un país que puede desarrollarse económicamente y es un país cuyos objetivos se han evidenciado en estos primeros días de la administración del presidente Enrique Peña Nieto’, señaló.

Diario de Yucatán

SME en Embajada Estados Unidos 21 Febrero 2013

Presenta el SME propuesta al quedar instalada mesa de negociación con la SG

( Una aclaración oportuna de nuestro Pro-secretario de Jubilados José Antonio Almazán González: En el quinto párrafo de la nota de La Jornada se asienta algo que no es cierto: "Subrayó que también les dijeron que primero deben renunciar y luego negociar, después plantearon que quizá una parte podría ser reinsertada en la CFE. Sin embargo, todo se verá en las propuestas que se presenten las próximas semanas." Por supuesto la entrevista no me la hicieron a mí, sino a Martín Esparza Flores, pero puedo asegurar, como participante directo, que en la reunión con la SEGOB no se planteó lo que afirman las reporteras de La Jornada. Esa propuesta de primero liquídate y luego te recontrato fue la formula perversa de Calderón-Lozano y desde ese entonces, octubre de 2009, fue rechazada por el SME. )

* El planteamiento, de aspecto económico y técnico para reinsertar a electricistas

* Participarán en el diálogo varias dependencias y el gobierno capitalino, afirma Esparza


Periódico La Jornada
Jueves 21 de febrero de 2013, p. 21
Quedó instalada ayer formalmente la mesa de negociación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Secretaría de Gobernación (SG), la cual será intersecretarial, pues participarán varias dependencias, además del gobierno capitalino. En su primera sesión, el gremio presentó una propuesta económica, técnica y administrativa para la reinserción laboral de los 16 mil 599 trabajadores en resistencia.

El secretario general del SME, Martín Esparza, indicó que los funcionarios de la SG, han manifestado que hay disposición y voluntad política del gobierno de Enrique Peña Nieto para resolver el conflicto. Incluso dijo que se designó una comisión intersecretarial que está analizando todas las propuestas que nos van a presentar en la siguiente reunión.

Señaló lo anterior tras un encuentro con el subsecretario de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava; el director de la Unidad de Gobierno, y David Garay Maldonado. Añadió que se entregaron copias de las minutas firmadas con el gobierno anterior, en las que funcionarios de la dependencia se comprometieron a la reinserción laboral de agremiados.

En entrevista, explicó que para dar seguimiento a estas negociaciones les notificarán si la siguiente reunión es la próxima semana, una vez que termine de hacer el análisis la comisión intersecretarial (Energía, Trabajo, Hacienda, CFE y Gobernación), y las propuestas se llevarían a la comisión de trabajo y a la asamblea general.

Subrayó que también les dijeron que primero deben renunciar y luego negociar; después plantearon que quizá una parte podría ser reinsertada en la CFE. Sin embargo, todo se verá en las propuestas que se presenten las próximas semanas.

En cuanto a la intervención del jefe del Gobierno el DF, Miguel Ángel Mancera, explicó que el SME pidió que el funcionario se integre a esta mesa, e incluso se comunicará él mismo, para notificar cuáles son los términos en que realizó esta última reunión. Sin embargo, la mesa estará abierta por si es necesario convocar a otros actores políticos, pero el SME considera que con la participación de Gobernación y el gobierno capitalino será suficiente para llegar a un acuerdo político.

En esta mesa se planteó que se garanticen los derechos adquiridos de los jubilados del SME (son más de 21 mil) y algunas cláusulas del contrato colectivo de trabajo, como la prestación en especie del servicio de energía eléctrica para estos trabajadores.

Indicó que un tema toral fue el caso del trabajador Jorge Ulises Vives Gaona, único integrante del SME todavía preso en el Reclusorio Oriente. Incluso se planteó que estaba a unas horas de quedar libre, ya que sólo faltaban algunos trámites administrativos pendientes con la CFE y el juzgado de distrito para determinar su salida. A la par de la reunión, los electricistas realizaron ayer una movilización frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para demandar la entrega del engrose de la sentencia dictada en contra de ellos.

Humberto Montes de Oca, secretario del Exterior, indicó que ya pasaron 21 días de la resolución dictatorial y antidemocrática de los ministros para echar abajo un amparo que les reconocía su derecho a la reinstalación y al patrón sustituto, y no les han entregado el engrose; con base en este documento van a presentar la queja ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

La Jornada

Exhibe ASF irregularidades en Estela de Luz, Parque Bicentenario, CFE, ISSSTE…

Proyectos para conmemorar el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, como la Estela de Luz y el parque en Azcapotzalco, costaron más del doble de lo planeado.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló en su Informe de Fiscalización de la Cuenta Pública 2011 varias irregularidades en gastos del gobierno federal, de uno de los seis años de administración de Felipe Calderón, además de anomalías en los recursos utilizados en diferentes dependencias.
Al presentarlo el miércoles en la Cámara de Diputados, se indicó que la ASF interpuso, ante el Ministerio Público, 134 denuncias de hechos posiblemente constitutivos de delitos, por irregularidades en el ejercicio del gasto federal de 2011.
400 mdp se pagaron de más por la Estela de Luz: ASF
La construcción de la Estela de Luz, monumento conmemorativo del Bicentenario, se pagó con un sobreprecio de casi 400 millones de pesos, reveló la ASF, por lo que presentó 2 denuncias de hechos. 

“Como resultado de las revisiones practicadas, la ASF determinó que se efectuaron pagos improcedentes por 248.9 mdp en el insumo principal del monumento que es el acero estructural, y 150.3 mdp por la incorrecta integración de precios extraordinarios y por diferencias en volúmenes y conceptos de obra. El monto total de las operaciones observadas sumó 399.2 mdp”, se puntualizó.
La auditoría explicó que la gestión administrativa del proyecto de la Estela de Luz “reflejó inobservancia de la normativa, inadecuada toma de decisiones y falta de coordinación entre la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Secretaría de Gobernación (Segob), la Secretaría de Educación Pública (SEP), el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México (INEHRM), el Fideicomiso Bicentenario, I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (I.I.I. Servicios), y BANJERCITO”.
El documento añade que ante la falta de coordinación, se impidió “asegurar la eficacia, eficiencia, economía y probidad en el uso de los recursos públicos”.
Por ello, señalaron que la ASF, por su parte, presentó dos denuncias de hechos: la primera, por el pago en exceso de 248.9 mdp en el concepto de acero inoxidable para la estructura de la Estela de Luz, debido a que éste debió pagarse al precio del concurso; además, hubo cambios en el peso volumétrico real del acero y, por ende, diferencias de peso en el montaje y transporte de la estructura metálica.
La segunda denuncia fue por las diversas acciones u omisiones de servidores públicos y terceros que implican presuntas responsabilidades penales.
La ASF detalló que el 18 de diciembre de 2009, el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada (BANJERCITO), como fiduciario del Fideicomiso Bicentenario, celebró un contrato con la empresa I.I.I. Servicios, S.A. de C.V. (filial de Pemex), con un monto de 393.5 millones de pesos (mdp), y un periodo de ejecución de 256 días naturales, del 18 de diciembre de 2009 al 31 de agosto de 2010.
“Tanto el plazo como el monto originales fueron modificados mediante cuatro convenios, con lo que de 2011 y el importe contratado se fijó en 1, 146.4 mdp, de los cuales se ejercieron 1, 139.1 mdp”, se especifica.
La ASF apunta que erogaron mil 304.9 mdp, para el concurso arquitectónico del proyecto, los estudios técnicos previos, la ceremonia de colocación de la primera piedra y la construcción.
Irregularidades en el Parque Bicentenario
La ASF reveló anomalías en la inversión del Parque Bicentenario.
En su informe, expuso que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) celebró entre 2009 y 2010 tres contratos con la empresa Fonatur Constructora, por un monto de 677.6 mdp, con un plazo de ejecución de 585 días, del 26 de mayo de 2009 al 31 de diciembre de 2010.
“Mediante diversos convenios de ampliación se incrementó el monto en 495.8 mdp (72.8%) para quedar en 1,173.4 mdp y el plazo de ejecución aumentó en 303 días (51.8%), por lo que la fecha de terminación se modificó al 30 de octubre de 2011”, se señala.
No obstante, la obra se inauguró hasta el 30 de noviembre de 2012 y todavía quedó pendiente de formalizar el finiquito respectivo.
“A diciembre de 2012, el costo total del proyecto ascendió a 1,573.2 mdp, lo que evidencia el inadecuado proceso de planeación, presupuestación y ejecución. También se observaron pagos improcedentes por 4.2 mdp”.
Más irregularidades en CFE, IMSS, ISSSTE…
Además, se observó que para la adquisición de bienes y servicios administrados de equipo de cómputo y consumibles, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ejerció 346.4 millones de pesos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 527.7, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) mil  815.1 mdp, con lo cual el total ascendió a dos mil 689.2 mdp; de ese monto, se adjudicaron mil 276.9 mdp (47.5%) a un mismo grupo de empresas que guardan relación entre sí, mediante directivos comunes que las vinculan.
“En la CFE se simuló la recepción de 20,772 equipos de cómputo, ya que se consignaron fechas falsas de entrada al almacén y se liberaron los pagos por 346.4 mdp, sin haber recibido los equipos, con lo que se benefició a los proveedores al no aplicar penalizaciones por 18.6 mdp; además, se generó un costo financiero por 1.3 mdp al pagar anticipadamente a los proveedores”, se agrega en el informe de la ASF.
“En la adquisición de 21,260 equipos de cómputo del IMSS, se determinó la asociación entre tres empresas para beneficiarse individualmente o en conjunto, por lo que efectuaron prácticas desleales en los procesos de compra en contra del IMSS; asimismo, el instituto proporcionó información falsa respecto de la fecha real de la entrada de 7,030 equipos de cómputo, por lo que no se aplicaron penas convencionales por 6.5 mdp”, expuso.
Mientras tanto, indicó que en el ISSSTE se pagaron 103.9 mdp por la totalidad del servicio administrado (renta) de 50 mil 761 equipos de cómputo y periféricos, a pesar de no encontrarse en operación todos los equipos; se destacó que “se aceptaron y pagaron 66.6 mdp por dos sistemas que no cumplen con las características técnicas y no están en operación”.
Aumentan gastos en servicios de limpieza hasta 303%
El informe analítico de egresos de la Cuenta Pública 2011 detectó en dependencias federales un drástico aumento en gastos para servicios de limpieza.
“Se determinó que las seis dependencias y entidades revisadas en este rubro entidades revisadas en este rubro ejercieron en conjunto 221.8 mdp, identificándose además que en los últimos cinco años, han incrementado su presupuesto en gastos de limpieza e higiene en un porcentaje que va del 42.7 en la SER (Secretaría de Relaciones Exteriores), hasta el 323.3 en la SS (Secretaría de Salud)”.
La auditoría constató que en los procedimientos de contratación de los servicios, seis empresas presentaron documentación “presuntamente apócrifa” para acreditar su experiencia.
En el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), la SS y la SEP, se observaron deficiencias y omisiones en los procesos de adjudicación, contratación, prestación y pago de los servicios de limpieza: se efectuaron pagos por 139.3 millones de pesos que no cuentan con la documentación que acredite su procedencia, no se aplicaron deducciones a los proveedores por 8.3 millones de pesos, se evidenció la carencia de mecanismos de control, supervisión y vigilancia de los servicios contratados, así como una metodología para determinar penas convencionales por atraso e incumplimiento de la entrega de losmateriales y servicios.
Algunas sanciones
La Auditoría Superior de la Federación destacó que a partir de 2008, año en que inició el registro de las sanciones definitivas, la Secretaría de la Función Pública impuso 47 mil 243, de las cuales 36 mil 434 (77.1 por ciento) fueron aceptadas por los servidores públicos y 10 mil 809 (22.9 por ciento) fueron impugnadas.
De ese total, 10 mil 108 (93.5 por ciento) permanecieron firmes por sentencia judicial y 701 (6.5 por ciento) fueron revocadas.
De las 47,243 sanciones impuestas por la SFP en el periodo 2008-2012, 46,542 (98.5 por ciento) fueron firmes, de las cuales 24,750 (52.4 por ciento) obedecieron a la falta de presentación de la declaración patrimonial; 14,919 (31.6 por ciento), a negligencia, y 7,574 (16.0 por ciento), a incumplimiento normativo.
Leer el informe
Informe ASF 2011 by Aristegui Noticias

Estela de luz: corrupción emblemática

Ayer, al dar a conocer el análisis de la Cuenta Pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó la existencia de pagos improcedentes por 248.9 millones de pesos en la compra de acero estructural para el monumento conocido como Estela de Luz, así como de otras erogaciones presumiblemente ilegales por 150.3 millones de pesos, como resultado de la incorrecta integración de precios y de diferencias en conceptos de obra. El documento referido confirma lo que desde hace tiempo constituye un clamor generalizado: que durante la construcción del citado monumento, cuyo costo se multiplicó por cuatro respecto del proyecto original, se cometieron diversos actos de corrupción y un grave desfalco al erario.

Sin mencionarla explícitamente, la ASF apunta la responsabilidad ineludible de la administración de Felipe Calderón en esas irregularidades. Incluso puede desprenderse de lo mencionado por la instancia fiscalizadora una responsabilidad directa del actual invitado de Harvard, pues, no obstante las flagrantes muestras de opacidad documentadas en el curso de la construcción de la Estela de Luz, y a contrapelo de los señalamientos de académicos y urbanistas que hicieron notar en su momento los defectos del proyecto, Calderón se empecinó en seguir adelante con la edificación de la columna monumental, desvirtuó el sentido original de la misma –conmemorar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución– y la convirtió en proyecto personal y en pieza de autoexaltación de su gobierno.

A raíz de lo difundido por la ASF es inevitable concluir que la obra edificada en Reforma y Lieja no sólo es emblemática del espíritu autocomplaciente y frívolo del calderonato, sino también un recordatorio del alarmante descontrol administrativo, el desaseo en el manejo de recursos públicos y en general, de la tolerancia mostrada por la pasada administración federal al que sigue siendo, desde hace décadas, el principal y más agraviante problema de la administración pública: la corrupción.

La circunstancia permite ponderar el grado de destrucción y de regresión generalizadas a que fue conducido el país durante el periodo 2006-2012. Más allá del déficit de legitimidad con que arrancó, el régimen calderonista será recordado por un incremento brutal en la pobreza y el desempleo; por una desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior; por la postración de la economía nacional –como refleja el dato, difundido recientemente por este diario, de que el crecimiento promedio anual durante ese periodo fue el peor de los últimos cuatro sexenios–; por las decenas de miles de muertos que causó el estallido de violencia provocado, a su vez, por la llamada guerra contra el narcotráfico; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por el retroceso del Estado de derecho y, desde luego, por la opacidad y la corrupción en las oficinas públicas.

Por último, lo menos que cabría esperar a partir de la difusión de los datos referidos es que éstos estén acompañados de una investigación exhaustiva y profunda del gobierno actual, a efecto de que, sin incurrir en revanchas políticas ni en el uso faccioso de las instituciones de procuración, se finquen las responsabilidades civiles y penales a que haya lugar y se ponga a los responsables a disposición del Poder Judicial. En esa medida, el informe de la ASF no sólo coloca en situación comprometedora a buena parte de los miembros de la administración pasada, sino que lanza sobre la actual una responsabilidad ineludible: investigar y procurar justicia.

La Jornada

Desvió la SCJN mil millones de pesos de su presupuesto

Cuenta pública 2011

* Transfirió la suma al Consejo de la Judicatura para infraestructura no autorizada por la Cámara y no logró acreditar erogación de 164 millones por gastos diversos


Periódico La Jornada
Jueves 21 de febrero de 2013, p. 4
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) transfirió mil millones de sus recursos de 2011 al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) para la construcción de varios proyectos de infraestructura que no figuraban en el presupuesto autorizado por la Cámara de Diputados.

Además, el Poder Judicial de la Federación (PJF) no logró acreditar el gasto de 164 millones de pesos por concepto de gastos diversos, y utilizó recursos públicos para el pago extra de pensiones de los ministros en retiro.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó deficiencias en el control y seguimiento de los recursos públicos autorizados a la SCJN para sus gastos de operación y mantenimiento. El informe de resultados de la fiscalización superior de la cuenta pública 2011, presentado a la Cámara de Diputados, refiere que sin tenerlo previsto en el gasto para 2011, la SCJN, por conducto del secretario general de acuerdos, informó al oficial mayor del Poder Judicial –en sesión privada– la decisión de reducir el presupuesto de la Corte de 4 mil 653 millones de pesos a tres mil 653 millones, con la finalidad de destinar mil millones al CJF.

Reducciones al gasto

Además, el secretario general de acuerdos informó de una reducción adicional al gasto por 285 millones que se destinarían a las prestaciones salariales y económicas de los altos mandos, mandos medios y trabajadores en general de la Corte.

Todas las reducciones al gasto sumaron mil 285 millones de pesos, lo que da como resultado no haber contado en el ejercicio 2011 con una adecuada planeación para definir los requerimientos y las necesidades de la SCJN. También se determina que las reducciones realizadas fueron por subejercicios en el gasto, ya que las disponibilidades presupuestarias obtenidas no se encontraban comprometidas.

La ASF considera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe aplicar mecanismos de control y supervisión que garanticen la entrega de información a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre el monto y las características de su pasivo circulante.

Sugiere crear ordenamientos de control y supervisión que garanticen que en caso que los pasivos de los ministros pensionados no se paguen, se reintegren a la Tesorería de la Federación.

Asimismo, se solicita a la SCJN someter a consideración de las autoridades superiores la conveniencia de que no se incluyan en los haberes de retiro de los ministros jubilados las prestaciones relativas al pago de riesgos y pasivos, ni el seguro de vida institucional de jubilados y en retiro anticipado, gastos de alimentación ni médicos.

La SCJN deberá proporcionar a las autoridades hacendarias 268 millones de pesos por los pasivos de los ministros pensionados que no se pagaron.

La conclusión del órgano fiscalizador refiere que en términos generales la auditoría a la Suprema Corte cumplió con las disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados señalados, al no reportarse indicadores de desempeño en la cuenta de la hacienda pública 2011.

Tampoco se informó a la autoridad hacendaria sobre el monto y las características de su pasivo circulante; no obstante, se identificó que al 31 de diciembre de 2011 tenía facturas pendientes de pago por 164 millones de pesos.

La Jornada

Estela de Luz la corrupción en cadena

Cuenta pública 2011


Periódico La Jornada
Jueves 21 de febrero de 2013, p. 2

La investigación emprendida sobre la construcción de la Estela de Luz concluyó que todo el proceso estuvo envuelto en sucesivos actos de corrupción, que generaron un quebranto de casi 400 millones de pesos y motivaron dos denuncias de hechos.

En su informe sobre la cuenta pública 2011, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) afirmó que las decisiones adoptadas por el gobierno de Felipe Calderón para que la estela fuera construida por la empresa Gutsa, demuestran la tendencia de beneficiar a esta compañía, a pesar de sus prácticas de incumplimiento de contratos con la administración pública federal.

Entre los ejemplos del fraude, la ASF explicó que la filial de Pemex I.I.I. Servicios duplicó el precio del acero utilizado para las columnas, con el argumento de que se requería metal con mayores densidad y dimensión, pero inexplicablemente el peso del monumento no se incrementó.

Además, la ASF comprobó que Gutsa utilizó un tipo de cuarzo distinto al que supuestamente compró a la compañía italiana Taltos.

Al respecto, los auditores indicaron: I.I.I. permitió que Gutsa colocara 792 piezas de paneles de cuarzo sin verificar que son de una tonalidad diferente de la especificada en la minuta levantada en Pinerolo, Torino, Italia.

Cuestionaron que Banjército, que administró el Fideicomiso del bicentenario, no exigió que se presentaran las pruebas para confirmar que la piedra suministrada no fue distinta de la adquirida.

En la auditoría de inversiones físicas realizada al monumento colocado sobre Paseo de la Reforma –que fue inaugurado el 7 de enero de 2012, aunque debía estar listo el 15 de septiembre de 2010–, el órgano fiscalizador relata en 90 cuartillas la relación de sucesos que elevaron el costo de la obra de 393 millones de pesos a mil 312 millones.

Desde el inicio, el proyecto representó un alto costo. Sólo el magno evento para presentar la convocatoria para construir un arco conmemorativo del bicentenario del inicio de la Independencia, organizado por Turissste, costó 15 millones de pesos, y para la ceremonia de colocación de la primera piedra –a cargo de la misma dependencia– se desembolsó un millón 800 mil más.

La auditoría reveló que Gutsa fue designada ganadora del concurso para construir el monumento, porque su oferta fue la más económica –de 398 millones 924 mil 200 pesos–, sólo 5 millones más que el contrato realizado entre Banjército y I.I.I. Servicios para el proyecto. La propuesta más alta la presentó Ingenieros Civiles Asociados (ICA): 942 millones 228 mil 100.


No obstante, una vez adjudicado el contrato a Gutsa, el costo de la obra dio un primer salto, debido a que esa empresa se asoció con Proyectos y Desarrollo de Infraestructura (SAPI).

El primer convenio para modificar el contrato incluyó un ajuste de 98 millones 600 mil pesos más, como costo de la alianza Gutsa-SAPI, y fue avalado por la entonces oficial mayor de la Secretaría de la Función Pública, en su calidad de presidenta del comité técnico del Fideicomiso del Bicentenario, Gloria del Carmen Muñoz, quien renunció al cargo en 2012 para sumarse a la campaña presidencial del PAN.

La ASF afirmó que si bien al momento de firmar el contrato no existían sanciones firmes contra Gutsa, ninguno de los miembros del comité responsable de dictaminar a la empresa triunfadora del concurso advirtió o señaló las irregularidades en que había incurrido ni que la Función Pública tenía procesos en su contra.

Este hecho demuestra la tendencia a beneficiarla, lo que además implicaba un riesgo de incumplimiento del proyecto de construcción de la Estela de Luz, cuestionó la ASF.

Explicó que Banjército contrató a I.I.I. Servicios para construir el monumento, aun cuando la filial de Pemex no tiene capacidad técnica ni atribuciones para ello, por lo cual se subcontrató la obra.

Sin embargo, también se encontró que Gutsa tampoco garantizaba la construcción del monumento, por lo que subcontrató a otras 13 empresas.

La ejecución de la obra, resaltó, se encargó a una empresa que carece de infraestructura y personal competente para llevarla a cabo, lo que retrasó la entrega de la columna e incrementó su costo.

Además, el proyecto empezó sin los permisos correspondientes del Gobierno del Distrito Federal y sin que I.I.I. presentara estudios de impacto ambiental.

Entre las irregularidades reportadas por la auditoría está el que directivos de I.I.I. jinetearon los pagos a Gutsa, lo que generó rendimientos de 2.5 millones de pesos que no fueron reintegrados ni reportados al fideicomiso.

La Jornada